Montero se da seis meses para reorganizar a su antojo la actual estructura de personal del Estado

La medida se esconde en la parte final del texto y proporciona a Hacienda un periodo de seis meses para «llevar a cabo una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes».

Es decir, seis meses de libertad total para reestructurar a su antojo la actual arquitectura de la plantilla del Estado, pudiendo decretar de forma uniteral promociones, degradaciones, mejores salariales o castigos. Un margen de arbitrariedad que la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, inmersa en un pulso con el Ministerio de Hacienda y Función Pública a cuenta de la reforma de las oposiciones, no ha tardado en denunciar.

Noticia Relacionada

Hacienda abre la puerta a cesar a los funcionarios que no cumplan objetivos y se echa encima a los sindicatos

Bruno Pérez

UGT y CC.OO. califican de «gravísimo» que el Gobierno habilite la posibilidad de relevar de puestos obtenidos por concurso a empleados públicos con informe de desempeño negativos

«Es una medida importante que ni se menciona en la exposición de motivos ni en la enmienda que ha dado lugar a esta disposición y que le permite al Gobierno hacer cosas que solo se deberían hacer mediante un ley», advierte José María Peláez, de la asociación de inspectores, que en la fase de consulta pública pidió su retirada.

Inspectores de Hacienda del Estado se malicia que el Gobierno puede aprovechar esta habilitación legal para decretar bajo cuerda la equiparación de funciones con su cuerpo superior del cuerpo de Técnicos de Hacienda del Estado, por la que el sindicato Gestha pelea desde hace lustros y que en los últimos años ha disfrutado del apoyo explícito de Podemos que incluso ha planteado esa posibilidad en sus enmiendas a los presupuestos.

Más allá de ese conflicto concreto, la disposición adicional da plenos poderes al Ministerio de Hacienda para alterar la titulación exigida para acceder a los cuerpos superiores de la Administración, que en algún caso se ha visto como una barrera de entrada, o para reordenar las funciones de los diferentes cuerpos y escalas de la plantilla del Estado.