Protesta histórica de los inspectores de Hacienda para frenar los ascensos 'exprés' de Montero

El colectivo, al que en las últimas horas se han unido otros cuerpos superiores como los gestores administrativos del Estado -el cuerpo con el que se está ensayando este nuevo sistema de ascensos- presentará las 1.500 firmas recabadas en los últimos días para mantener el actual listón de exigencia en las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y negociar un esquema diferente que facilite la promoción interna sin rebajar los actuales niveles de exigencia, que observan como una garantía de independencia y calidad en el servicio público.

La protesta callejera convocada por la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado tiene tintes históricos. Nunca antes el colectivo se había echado a la calle para exigir a las autoridades gubernamentales un cambio de orientación en sus políticas de Función Pública. Lo hacen esta vez porque consideran esencial expresar su total oposición «a unos cambios que van a suponer el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una función pública altamente cualificada, independiente y profesional».

La protesta sin precedentes de los inspectores de Hacienda y de los cuerpos superiores de la Administración del Estado en general, aquellos de los que se nutren las principales posiciones directivas de los ministerios, que amenaza incluso con llevar a los tribunales no sólo el acuerdo suscrito por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos mayoritarios en la Administración sino también todas y cada una de las convocatorias que se vayan planteando en los diferentes ministerios, ha desatado una quiebra total en el seno de la Administración del Estado.

El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, que lleva años peleando por su equiparación con los inspectores de Hacienda bajo el argumento de que hacen básicamente el mismo trabajo que ellos, ha encabezado la reacción ante la opinión pública de los potenciales aspirantes a esos puestos de promoción exprés, concretada en un acuerdo entre cuatro de las principales asociaciones representativas de los llamados A2, una especie de escala predirectiva de la Administración.

Denuncian que el actual modelo de promoción interna exige a los funcionarios del Estado acreditar unos conocimientos similares a los que se presentan a los cuerpos superiores desde fuera de la Administración, ignorando la preparación que atesoran por su trayectoria en la carrera administrativa e incluso por su experiencia en el desempeño de puestos equiparables a los de la escala directiva.

Señalan que ese modelo no solo compromete su carrera profesional, ya que al estar trabajando disponen de menos tiempo que los que se presentan desde fuera para preparar las oposiciones, sino que condiciona el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, ya que hace que funcionarios con conocimientos y experiencia acreditada no alcancen esos puestos directivos en beneficio de personas que llegan de fuera de la Administración sin ninguna experiencia.