Los inspectores de Hacienda acuden al Defensor del Pueblo para frenar la politización de la Agencia Tributaria

El colectivo ha aprovechado su XXXII Congreso para lanzar una señal de alarma a la opinión pública. «No queremos acabar como el Poder Judicial, con un colectivo de inspectores progresistas y un colectivo de inspectores conservadores. Hay que evitar cualquier riesgo de politización«, ha advertido José María Peláez, expresidente del colectivo y uno de los ponentes del Congreso.

Los temores de los inspectores vienen de varios flancos. Por una parte, denuncian que en los últimos años los nombramientos a dedo han ganado terreno a la carrera profesional. Según sus estimaciones, alrededor de la mitad de los puestos que ocupan inspectores en la Agencia Tributaria se nombran a dedo, mediante el polémico sistema de la libre designación, que abre la puerta a ponderar más criterios relacionados con la cercanía o la amistad -no en vano se llaman cargos de confianza- que vinculados a los méritos profesionales.

Desde la asociación se destaca, por ejemplo, que desde el año 2014 los jefes de equipo de la Delegación de Grandes Contribuyentes, que son básicamente los que dirigen las inspecciones a las grandes empresas del Ibex, no llegan a esa condición por una colección particularmente impresionante de sus méritos profesionales sino por designación directa.

La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha decidido acudir al Defensor del Pueblo para que ponga coto a esta deriva. Su objetivo es presionar para que cientos de puestos de responsabilidad en el organigrama de la Agencia Tributaria que hoy se cubran a través de la libre designación se ocupen mediante un esquema diferente que prime los méritos profesionales acumulados y la trayectoria profesional, y que se reserve la libre designación única y exclusivamente para el nombramiento del director general de la Agencia -que debería ser nombrado por el Congreso y por un periodo de cinco años para evitar influencias políticas- y de los directores de cada área funcional.

"No se trata solo de evitar cualquier eventual politización", ha señalado el presidente de la asociación, Ransés Pérez Boga, "sino también de impedir que haya amiguismos y conseguir que se prioricen los principios de eficiencia, objetividad, mérito y capacidad".

El otro flanco de preocupación tiene que ver directamente con una iniciativa del Gobierno, la reforma de las oposiciones que pretende acometer en el marco de la nueva Ley de Función Pública. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado se ha mostrado muy crítica con los principios generales que pretenden guiar esa reforma y que plantean aligerar los exámenes de las oposiciones para facilitar la cobertura de las plazas que se necesitan cubrir, a costa, entienden, de la exigencia y de la calidad del proceso.

Temen que facilitar el acceso a la condición de inspector de Hacienda por la vía de la promoción interna por un sistema de concurso de méritos basado en criterios subjetivos y tras superar un test de conocimientos básicos, como se pretende, derive en una selección subjetiva que abra las puertas del cuerpo a funcionarios no por sus méritos sino por su adscripción ideológica, "porque ya lo hemos visto antes". Reclaman mantener el actual listón de exigencia y facilitar la preparación de la oposición por un sistema de becas o de reserva de tiempo para los que ya están en la estructura de la administración tributaria y quieren promocionar. "Toda la vida ha habido cambios pero cambios lógicos. Esto es un salto al vacío", remachan.