El pago por ingresos amenaza con descuadrar la declaración de la Renta de miles de autónomos

El nudo del problema tiene que ver con el dispositivo de regularización de cuotas establecido en la reforma aprobada el pasado verano. Este prevé el reajuste al alza o a la baja de las cotizaciones sociales pagadas en un ejercicio determinado una vez la Administración Tributaria tenga constancia de las rentas reales declaradas y las comunique a la Seguridad Social, de modo que esta podrá reclamar el pago de las cuotas dejadas de abonar en el caso de que los rendimientos declarados sitúen al autónomo en un tramo superior al que estaba encuadrado o tendrá que asumir una devolución en caso de que las rentas del autónomo en cuestión fueran inferiores a las del tramo en que decidió encuadrarse a principio de año.

«La norma deja muy claro el modo en que los autónomos deben regularizar sus cotizaciones sociales en los casos en que sus rendimientos anuales no se correspondan con el tramo en que estuvieron encuadrados en el ejercicio anterior, pero no aclara cómo realizar la regularización fiscal que se deriva de ese ajuste», explica Joan Torres, presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf).

Se refiere al hecho de que cualquier eventual regularización a posteriori de las cuotas sociales pagadas por un trabajador autónomo en un año concreto altera de forma directa los rendimientos declarados por ese ejercicio concreto y por extensión la factura fiscal abonada por esas rentas, ya que las cotizaciones computan como un gasto a la hora de hacer la Declaración de la Renta del ejercicio.

«Podría ocurrir que la regularización de las cuotas pagadas a la Seguridad Social en un ejercicio concreto respecto a lo abonado inicialmente fuera de tal magnitud que provocara una reducción de los rendimientos netos declarados hasta situar al trabajador autónomo en un tramo de cotización diferente al que desencadenó la regularización inicial, lo que obligaría a realizar una nueva regularización de la cuota de la Seguridad Social y, por consiguiente, un nuevo ajuste de la factura fiscal. Podríamos entrar en un bucle interminable», advierte el presidente del Fettaf.

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La ausencia de referencia alguna en la reforma del régimen de cotización de autónomos a la dimensión fiscal de las regularizaciones o la inexistencia hasta la fecha de un criterio asentado por parte de Hacienda sobre cómo actuar ante esta circunstancia, que puede afectar a la declaración de la Renta de 2023 (a realizar en 2024) de miles de autónomos, ha hecho que los asesores fiscales hayan trasladado -hasta ahora de manera informal- al Ministerio de Hacienda la problemática en busca de alguna guía de actuación ante casos así. Desde Fettaf se asegura que se está recopilando información al objeto de plantear una consulta formal a la Dirección General de Tributos para aclarar cómo se deberá rectificar la declaración de IRPF en caso de producirse una regularización.

Tanto desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social como desde el Ministerio de Hacienda restan importancia al fenómeno. Entienden que solo se producirá en casos puntuales y que su relevancia real tanto sobre el normal funcionamiento de la reforma como del sistema fiscal sea mínima. Desde Hacienda se aclara que a día de hoy ni siquiera se ha pedido a la Dirección Generel de Tributos un pronunciamiento sobre el particular.

En opinión de Javier Martín, socio director del despacho Ideo Legal y asesor fiscal de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA «la solución más lógica es que las cuotas pagadas en 2023 se imputen al ejercicio de 2023 y que las eventuales regularizaciones a posteriori que tuvieran que realizarse se puedan declarar como gasto en el ejercicio de 2024». Según la Ley de Seguridad Social, en efecto, las regularizaciones derivadas de la aplicación de este sistema se tendrán que liquidar antes de la finalización del mes siguiente a aquel en el que se notifique al contribuyente el resultado de la regularización.

En opinión de Joan Torres, esta sería en efecto la solución más sencilla, si bien presenta la objeción de que alteraría el estándar contable y fiscal, ya que trasladaría de forma sistemática a un ejercicio posterior el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con un ejercicio concreto.