La OCDE eleva hasta el 1,5% su previsión de crecimiento para España y vuelve a pedir a los países ajustes en las pensiones

El escenario avanzado por la OCDE continúa situando a la economía española como el principal motor de crecimiento del área euro, gracias a su menor dependencia de la actividad industrial, que se ha convertido en el gran lastre de las economías del centro de Europa, pero no hasta el punto donde la sitúa el Gobierno, que sigue pronosticando un crecimiento del 2% del PIB para el año que viene y que si nada cambia va a sustentar sus Presupuestos de 2024 sobre esa base.

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Bruno Pérez

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Se ampara el Ejecutivo en la experiencia del año 2023 en que finalmente fue el analista más afinado de todos cuantos realizan previsiones sobre España, pero una vez más vuelve a separarse del consenso general que augura un crecimiento de entre 1,5% y el 1,8% en el mejor de los casos.

El organismo internacional es menos optimista en cuando a la evolución de la inflación. Entiende que el índice general se situará en 2024 muy cerca de los niveles que mostró en 2023, con una reducción de apenas una décima desde el 3,4% hasta el 3,3% y que no será hasta 2025 cuando acabe con un nivel medio del 2,5%. La tasa subyacente, que muestra el comportamiento del núcleo duro de los precios, tendría un comportamiento algo mejor, bajando hasta el 2,7% este año y al 2,1% en 2025.

Los analistas del organismo entiende que aunque el crecimiento se ha mostrado, de forma general, más vigoroso de lo que se esperaba, aún es «pronto para pensar que las presiones inflacionistas se han puesto bajo control» y que hay una serie de factores que podrían volver a reactivarlas, como la tensiones geopolíticas, la situación del mar Rojo o el cambio climático.

Uno de ellos es el coste laboral. La OCDE considera que la evolución de los costes laborales es incompatible con una convergencia hacia los objetivos de inflación a medio plazo, lo cual tiene una lectura clara en clave nacional, donde en 2024 las empresas no solo tendrán que digerir una subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional, sino una subida extra de las cotizaciones sociales, además de la presión habitual para lograr incrementos salariales en la negociación colectiva.

Los analistas del organismo explican, además, que es bastante posible que aún no se hayan percibido en toda su magnitud los efectos del endurecimiento de las condiciones financieras, que tanto el BCE como los principales analistas sitúan en 2024 y que en su opinión podrían ser más severos de lo inicialmente esperado, bajo el argumento de que hasta la fecha no se han demostrado demasiado significativos.

En este sentido, preocupa y mucho en la OCDE los elevados niveles de endeudamiento de las economías desarrolladas, un flanco de incertidumbre en el que el organismo señala a España, uno de los países donde más ha crecido la deuda pública de 2007 a esta parte. El organismo advierte de que el encarecimiento de la deuda pública puede producirse de manera inesperada, incrementado los costes financieros de los países más endeudados por encima de lo esperado.

Para amortiguar este riesgo, el informe de febrero de la OCDE hace un llamamiento general a reducir el gasto público en el corto plazo y a plantear un marco de consolidación fiscal creíble a medio y largo plazo. Considera que hay factores imparables como el envejecimiento de la población o las inversiones necesarias para la transición energética que van a exigir de numerosos recursos y que para generar los colchones necesarios hay que actuar en dos líneas: reducción del gasto público y reforma fiscal.

En lo relacionado con el gasto público, la OCDE apunta a reformas de los sistemas de pensiones «ambiciosas«, que vinculen la edad de jubilación a la esperanza de vida y que fomenten la permanencia de los trabajadores de mayor edad en el mercado de trabajo. Por el lado de la reforma fiscal, aboga por aligerar las cargas fiscales sobre el trabajo para elevarlas a la propiedad y el consumo y por eliminar incentivos fiscales para ensanchar las bases fiscales y conseguir más ingresos.