Montero propone una subida de sueldo a los funcionarios del 1,5% extra para este año, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024

Estas mismas fuentes aseguran que el Gobierno ha ofrecido recortar la jornada laboral a 35 horas semanales, además mejoras para la promoción interna y para el acceso de personal laboral externo. El compromiso también recoge el desarrollo de la ley de Función Pública, mejores condiciones para el teletrabajo.

Los sindicatos se han visto las caras con el Gobierno después de meses de incomunicación y tras la gran manifestación en Madrid convocada por CSIF, la central más representativa en las Administración, en lo que fue la primera protesta contra el Gobierno para exigir 'salarios justos que frenen el empobrecimiento social y el deterioro de las administraciones públicas'.

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Susana Alcelay

Convoca el miércoles a CSIF a una reunión en la que el sindicato exigirá que los sueldos se actualicen este año con la inflación y con carácter retroactivo

Desde hace casi un año, el sindicato que dirige Miguel Borra ha reclamado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro para comenzar a negociar una subida de sueldos para los empleados públicos que compense la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la espiral inflacionista en el bolsillo. Sin embargo, Montero ha mantenido bloqueadas las negociaciones, lo que llevó al sindicato a enviar el una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio para que mediara y desbloqueará las negociaciones.

A última hora del pasado este jueves, la ministra citaba a CSIF a un encuentro a los sindicatos para comenzar a negociar la subida salarial que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado para 2023. La convocatoria se producía a las puertas de que la central que dirige Miguel Borra se manifestara por las calles de Madrid para exigir una subida salarial que mitigue los efectos de la inflación en los empleados públicos. El sindicato exige un alza de sueldos este mismo año, con carácter retroactivo, que compense la pérdida de poder adquisitivo de los más de tres millones de empleados públicos con los que cuenta la Administración española.

Además, el CSIF reclama al Gobierno un plan a varios años para recuperar de forma paulatina el 20% del poder de compra perdido desde 2010, año en el que el Ejecutivo de Zapatero rebajó el sueldo de los funcionarios a las puertas de la crisis financiera.

Con todo, a expensas de certificarse la senda de subida que finalmente se pactará con los sindicatos de la función pública parece claro que el nuevo incremento añadirá más presión si cabe al gasto público. Solo el aumento del 3,5% anunciado como parte de la propuesta que el Gobierno entregará a los representantes de los trabajadores del sector público como parte de la actualización plurianual ascendería a los 5.250 millones extra.

Cabe recordar que a comienzos de año el Ministerio de Hacienda ya aplicó una revalorización del 2%, con un coste aproximado para las arcas pública de 3.000 millones de euros. Es decir, el 1,5% extra le añadirá 2.250 millones a la factura de este año.

Para el próximo año, el incremento del 2,5% para 2023 supondría un coste adicional sobre la ya mastodóntica factura en nóminas dependientes de los diferentes niveles de la Administración de 3.750 millones de euros y el 2% de 2024 añadiría otros 3.000 millones de gasto. En suma el trienio, con la subida agregada del 8%, le costará al Estado unos 12.000 millones de euros.

El objetivo número uno del Gobierno en estos momentos es contener la escalada de los precios, y ha centrado el tiro en los sueldos para evitar lo que los economistas llaman los efectos de segunda ronda. Al sector privado le reclama un pacto de rentas, lo mismo que ofrece a los funcionarios, a los que niega la exigencia sindical de que sus nóminas se acompasen a la inflación. Caso contrario de lo que hará con los pensionistas, con los que mantiene el compromiso legal de subir sus rentas con la inflación, aunque sea en un contexto en el que los precios ya crecen por encima del 10% y la medida es rechazada por organismos como el Banco de España y por el grueso de los economistas.

Economistas y casas de análisis estiman que la inflación concluirá el ejercicio entre el 8% y el 9%, lo que ya anticipa una factura millonaria para compensar a los jubilados, que puede elevarse por encima de los 17.000 millones de euros, a lo que se suma el desembolso para subir las pensiones mínimas un 15% o la mejoras aprobadas para el ingreso mínimo. Este conjunto de gasto se va a producir en un contexto en el que está en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tal y como avanzó ABC, los 'hombres de negro' cuestionaron, en su reciente visita a España, la reforma del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le comunicaron que no garantiza la sostenibilidad y reclamaron mecanismos de ajuste automático.

Por su parte, los sindicatos tradicionales, que piden una subida del 4,5% a la patronal para los convenios colectivos, aseguran que las condiciones negociadoras son distintas en el caso del sector público. Recuerdan desde UGT y CC.OO. que por norma general, los funcionarios cuentan con mejores condiciones laborales que los trabajadores del sector privado. Por lo que dan a entender que no necesariamente esa misma reivindicación del 4,5% se traslade a la mesa de negociación con el Ministerio de Hacienda.

Aunque parece que la postura de los sindicatos queda atenazada por la estrechez de los plazos. La subida a partir del próximo año deberá ser fijada en los Presupuestos Generales del Estado, que deberían estar ya aprobados en los primeros días del mes de octubre antes de que el Gobierno envíe el plan presupuestario a Bruselas antes del día 15 del próximo mes. De hecho, fuentes de CSIF consultadas por ABC aseguran que se esperan una propuesta bastante cerrada y con poco margen para modificaciones. Más aún teniendo en cuenta que esta primera toma de contacta se produce a escasos días de presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, los representantes de los trabajadores del sector público recuerdan como el ministerio capitaneado por María Jesús Montero dio un portazo a la reivindicación de incluir en la negociación una subida adicional para este año, cuando la inflación media del año que se situará en torno al 8% o 9% asestará un importante rejonazo a los más de 2 millones de funcionarios y más de 3 millones de trabajadores con nóminas dependientes de la Administración. Teniendo en cuenta la subida del 2%, la caída del poder de compra oscilará entre el 6% y el 7% en el conjunto del año. «Moderar la pérdida de poder adquisitivo de este año», señalaban los sindicatos. Ahora, de aceptarse la revalorización con el 1,5% extra con carácter retroactivo para este año, la caída de poder de compra se mitigaría hasta el 4,5%.