Montero ignora a los inspectores de Hacienda y aboca el conflicto por los ascensos 'exprés' a los tribunales

La movilización de los inspectores de Hacienda, respaldada por otros cuerpos superiores como los inspectores de Trabajo o los técnicos gestores de organismos autónomos, no tiene precedentes en la historia reciente de España e ilustra la profundidad de un conflicto que ha sacudido las estructuras de la Administración y ha desencadenado un choque frontal entre la dirección de recursos humanos del Gobierno y los profesionales que ocupan los principales puestos de su escala directiva.

«Nos tememos que (el ascenso) recaiga en una simple valoración del superior jerárquico, que puede abrir la puerta a criterios tan desagradables como el amiguismo, el nepotismo o la politización», ha advertido el presidente de la asociación representativa de los inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, minutos después de hacer entrega al Ministerio de las 1.500 firmas recabadas entre sus compañeros para frenar la reforma de la promoción interna acordada por el Gobierno con los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, CSIF, CC.OO. y UGT, el pasado 3 de noviembre.

Sus temores se sustentan en las características del nuevo esquema pactado entre Función Pública y sindicatos, que aspira a sustituir las actuales pruebas de promoción interna, que exigen la superación de entre tres y cuatro pruebas de nivel con temarios amplísimos e hitos tan exigentes como exámenes de competencia en idiomas o las temidas pruebas orales, por un sistema mucho más liviano que se reduciría a la superación de un examen tipo test sobre un temario mucho más reducido y la valoración subjetiva de otros aspectos relacionados con la trayectoria profesional, como el desempeño de tareas equiparables a la función directiva, la participación en formaciones o la antigüedad.

«Es una rebaja en el nivel de los conocimientos que se exigen para acceder a la función directiva que va a hacer que los funcionarios que lleguen van a tener muchísima menos cualificación y el servicio público que se va a prestar va a ser de peor calidad», ha subrayado el presidente de los inspectores de Hacienda.

La perspectiva del Gobierno es diferente. Desde su punto de vista lo prioritario es abordar una realidad que dice que en los próximos cinco o siete años alrededor de la mitad de su escala directiva se va a jubilar y que las actuales pruebas de acceso no permiten reponer esas bajas a la velocidad que sería necesaria. De hecho, uno de los objetivos declarados del acuerdo es acabar con el fenómeno de las vacantes sin cubrir por ausencia de funcionarios o aspirantes de fuera de la Administración que no las superan.

Tanto los inspectores de Hacienda como la plataforma que aglutina a todos los cuerpos superiores de la Administración, Fedeca, aspiraban a forzar que Hacienda abriera una negociación para buscar alguna salida que no pasara por bajar el listón de acceso a los cuerpos superiores.

No lo han conseguido. Esa puerta está cerrada y la asociación de inspectores de Hacienda ha tomado la decisión de pelear el asunto en los tribunales, a los que elevará la supuesta ilegalidad del acuerdo alcanzado, por quebrar los principios de mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública, y todas las convocatorias que se realicen bajo estos parámetros.