con permiso
Talgo, un tren de política y humo que terminará en ninguna parte
La solución buscada con obsesión por el ministro Puente para salvaguardar la españolidad del fabricante de trenes está en vía muerta. 'Su' caballero blanco, la vasca Sidenor, reconoce ahora que no es la mejor opción, ni por capacidad industrial, ni por solvencia económica. Es la diferencia entre verlo con el prisma de la gestión profesional y el de los intereses políticos
La entrada de Sidenor en Talgo se enquista a la espera de un aplazamiento de la multa de 116 millones de Renfe

Talgo son las siglas de Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol, ilustres apellidos que a duras penas hoy pueden encontrarse en el accionariado de la compañía ferroviaria a la que el Gobierno, en concreto en la figura de su ministro de la cuestión, Óscar ... Puente, ha puesto en vía muerta hace ya prácticamente un año. El verano pasado decidió vetar una primera operación de compraventa vital para el fabricante de trenes lanzada meses antes –en marzo de 2024–, que aplaudían los propios socios –y recuerden, Talgo es una empresa privada– y, en la actualidad, tiene al propio titular de Transportes de desesperado intermediario entre los que finalmente quiso él que firmaran un principio de acuerdo para comprar la compañía, los que dentro de la propia Talgo siguen sin ver clara la venta a esos nuevos socios, y aquellos otros que quisieron poner sobre la mesa una oferta mejor pero no tenían la nacionalidad adecuada –la española, claro–, y ahora pues no están por la labor de volver a apostar por la española al mismo precio y en las mismas condiciones con las que hubiesen entrado. Unos por otros, la casa sin barrer.
Y es que el Gobierno desde un primer momento se negó en rotundo a dar vía libre a la opa de Talgo por la empresa húngara Magyar Vagon –por cierto, una muy buena oferta: 619 millones de euros, a 5 euros por acción– en contra de la opinión de sus propios accionistas. La excusa: se perdía la españolidad de una compañía considerada además estratégica para el país, amén de que al comprador se le asoció con el Gobierno de Viktor Orbán, próximo al Kremlin.
Desde entonces y hasta ayer mismo como quien dice, Moncloa, bueno Puente, sí, él más bien –y con la inestimable ayuda del secretario de Estado, el vasco José Antonio Santano–, ha vivido obsesionado con encontrar el socio perfecto para Talgo, acorde a sus necesidades... las suyas, y de su Gobierno, no las de la compañía 'privada'. En un año ha mantenido conversaciones con diferentes empresas para encontrar un socio que apoyara al fabricante español desesperado por su situación. Las más nombradas, Criteria Caixa, la checa Skoda Transportation, la polaca Pesa, la india Jupiter Wagons... y la definitiva y obligada: una, digamos, coalición vasca en torno a Sidenor.
Así, en febrero de este año la corporación, dedicada a la producción de acero, anunciaba un principio de acuerdo para convertirse en el primer accionista de Talgo, junto con las fundaciones bancarias BBK y Vital y el fondo público vasco Finkatuz. Entonces, hicieron pública la intención de adquirir el 29,76% del capital, a 4,75 euros por acción, al fondo Trilantic, más un variable de 0,85 euros por título que no se pagaría hasta 2029 y sujeto a determinados parámetros financieros, elevando toda la operación hasta los 184 millones. Lejos de ser una oferta tan sabrosa como la húngara, o la que se rumoreaba que presentarían tanto polacos como indios. Pero dos meses después, la oferta preferida del ministro de Transportes aún está en tierra de nadie.
Innegable es la importancia estratégica de Talgo como fabricante de trenes y como principal proveedor de la pública Renfe, tanto como, digamos, es de alabar el esfuerzo gubernamental por mantenerla en suelo español, pero después de todo lo conocido alrededor de la operación vasca, se antoja cuestionable la obcecación de mantenerla bajo la órbita del Gobierno a través de empresas y demás fieles, como Sidenor y Cía., que no son lo que Talgo necesita para seguir adelante –aunque hay quien dice ya que podría sobrevivir aún sola un par de años hasta encontrar de verdad un socio industrial–. Porque el gran problema del fabricante de trenes es su escasa capacidad de producción y su elevada cartera de pedidos –que en 2024 llegó a los 4.100 millones de euros–, que se vería incapaz de entregar en plazo, lo que daría lugar a más multas por incumplimientos.
Ahora bien, la que no encuentra su razón de ser es la propia Sidenor que, una vez llegada a la estación, ha visto el percal en todo su esplendor y de puertas para adentro algún que otro directivo reconoce no ser la mejor opción, ni por capacidad industrial, ni por solvencia económica. Creen que su presidente y máximo accionista, José Antonio Jainaga, no firmará la compra definitiva de Talgo si no hay un acuerdo para que Renfe le perdone la multa de 116 millones por el retraso en la entrega de los trenes Avril, una más que pesada losa en sus cuentas pese a conocer la multa desde hace meses.
Después de muchas negociaciones y de que la empresa pública –pese a las presiones de Puente, ¡y vuelta la burra al trigo!– rechazara retirar la sanción, parece que se ha logrado un pacto para no ejecutarla hasta 2031 y fraccionar el pago hasta en siete años. Si bien no es la única traba para Jainaga, ya que a la compañía le ahoga igualmente el problema de la refinanciación de la deuda del fabricante de trenes por otros 400 millones, otra condición de los compradores antes de entrar en el capital, y que, al parecer, tampoco firmarán los bancos si no hay un aplazamiento de la dichosa multa. Unos bancos que tampoco están por la labor de soltar además entre 45 y 60 millones para que Sidenor pague su parte de la oferta del consorcio vasco por Talgo –cantidad que, por cierto, el resto de socios ya ha puesto-. La pescadilla que se muerde la cola.
En definitiva, un tren de política y humo que, de momento, termina en ninguna parte, al menos en aquella que anhelaban sus históricos dueños, y todo gracias a la inestimable y obsesiva 'ayuda' del ministro Puente. ¡Ay Manolete!, si no sabes torear ¿pa' qué te metes? Es la diferencia entre verlo con el prisma de la gestión profesional y el de los intereses políticos.
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