La invasión fiscal que viene

Además de la retirada definitiva de las bonificaciones aún vigentes contra la inflación y el aumento de tasas existentes, el Gobierno se frota las manos con el amplio mundo de posibilidades que abre el texto de la ponencia del TC que hemos conocido esta semana como aperitivo de la que se avecina. Una vez que el Constitucional consume su fallo pasado mañana se sentarán las bases para impuestos paralelos a otros existentes, ya sea para reemplazar a aquellos que las comunidades autónomas puedan bonificar -como el de Patrimonio-, o simplemente para intensificar una voracidad que roza la confiscación. Para Sánchez y su Gobierno nada de esto importa, pues el verdadero objetivo es el culto a la personalidad de un político alejado de la realidad de los 'paganinis' para quienes el día 7 ya es final de mes, y para el que el auténtico enemigo es la verdad, y de ahí esa pulsión pavorosa por los cambios de opinión.

La esencia pumpidiana, redactada a toda prisa y liderada por la muy progresista María LuisaBalaguer, se apoya en que la creación de un nuevo tributo por parte del Estado -como es en este caso el aplicado a los ricos- no supone una invasión en las competencias autonómicas por parte del Estado, pese a que ya exista otro calcado como es el de Patrimonio y que algunas regiones se dedican a bonificarlo para atraer inversión y consumo. Para rizar el rizo, añade que las competencias autonómicas no pueden anular las estatales, como sí al revés y por la vía de los hechos no termine siendo el Estado el que termine con todas las demás.

Para alimentar la sin duda doctrina del Tribunal de Conde-Pumpido ha salido la ministra de las tijeras, María Jesús Montero, apuntando que las rebajas fiscales de algunas autonomías insolidarias -las del PP, vaya- son las responsables del déficit fiscal de España. ¡Acabáramos! Incluso ha ido más allá y cuantifica en más de 2.000 millones el monto que las Díaz Ayuso y los Moreno Bonilla le estarán 'guindando' a los ingresos de las cuentas nacionales solo en 2024. El próximo año resulta de especial interés para el Ejecutivo, pues es entonces cuando debe empezar a pasar el examen de las reglas fiscales y atenerse a la temida ortodoxia fiscal. Quizás por eso la vicepresidenta Nadia Calviño quiere expatriarse rumbo al BEI (Banco Europeo de Inversiones), que parece un hueso tan duro de roer como su rival, Margrethe Vestager, comisaria de Competencia.

El caso es que las rebajas en el tramo autonómico del IRPF han sido tildadas por los técnicos monclovitas como las más dañinas para el déficit español. A esta partida le atribuyen una merma de 1.700 millones el próximo curso. Ha debido de pesar en el ánimo gubernamental el hecho de que la presidenta de Madrid haya intervenido dos veces en los dos últimos años para rebajar el tramo autonómico, ejerciendo además un efecto perverso añadido a ojos del sanchismo que es el de servir de mal ejemplo al resto de regiones, que se ven limitadas por analogía para freír alegremente a impuestos a los conciudadanos.

La batalla fiscal autonómica está amparada constitucionalmente y es por eso por lo que Pumpido -¡qué feliz se le veía esta misma semana en la entrega de unos premios felinos junto a lo más granado de la 'smart people' sanchista- no ha ido por el camino de la limitación regional, sino por el de la validación de las competencias estatales y aquí paz y después gloria. Por cierto, un detalle que puede que unos y otros, Gobierno central y autonómico; TC y fiscalistas de partido, estén pasando por alto: la empresa está frita, el ciudadano, triturado, y el autónomo ya es historia. Entre todos los están matando y ellos solitos se morirán. Solo queda la esperanza de que en uno de sus cambios de opinión Sánchez corrija a Montero, con el permiso de Pumpido. No caerá esa breva.

P. D.: Y todo esto en una semana en la que para más inri Sánchez y su vice más ecológica han hecho perder a España una oportunidad de oro para la competitividad española con sus múltiples cesiones. Y es que Europa logra bajo presidencia española un acuerdo para la reforma del mercado eléctrico europeo que es un éxito, sí, pero para otros. Una reforma, pergeñada por los hombres de Pepiño Blanco -véase Nico González Casares- y Natalia Fabra, asesora de España y de los franceses, que ha sido una fracaso para Sánchez y Ribera, que ven como alemanes y franceses proponen ayudas para su industria en detrimento de la española. Con la mano derecha Sánchez dice una cosa y con la izquierda hace otra. No quiere nucleares pero ha cedido con los franceses que van a subvencionar a sus nucleares nuevas y antiguas. Quiere freír a impuestos a la banca y a las eléctricas y nada hace para aplicar la idea de 'el que contamina paga'. Y así con todo.