La ley para informar de sostenibilidad carga de costes a las empresas
La nueva norma obliga a reportar hasta 1.100 requerimientos de información, cuando antes eran 80
Las compañías deberán dar datos también sobre sus proveedores y clientes, algo que eleva la burocracia
Durante los próximos tres años, de manera progresiva, las empresas españolas deberán empezar a rendir cuentas sobre su actividad en materia de sostenibilidad. Todo lo relacionado con «transición ecológica, adaptación de cambio climático, protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía ... circular, o control y prevención de la contaminación», según recoge una nueva norma. Hasta ahora, solo las compañías cotizadas tenían la obligación de reportar un informe no financiero, que incluía este tipo de situaciones verdes junto a cuestiones de gobernanza. Sin embargo, a partir de ahora, miles de sociedades deberán desnudar cómo gestionan su estrategia sostenible. Un cambio que supondrá una enorme carga administrativa y un coste económico muy elevado para adaptarse.
Todo esto se refleja en la última versión del Anteproyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad al que ha tenido acceso ABC, que ha pasado ya por Comisión de Subsecretarios, y que está próximo a su remisión al Consejo de Ministros tras haber recibido el informe del Consejo de Estado. Lo más relevante de esta norma, que traspone una directiva de la Unión Europea y que ha desarrollado el Ministerio de Economía es «la ampliación del alcance en la obligación de presentar información».
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Esta ley, que empezará a aplicarse en 2025 con los balances económicos de 2024, afectará en primer lugar a las grandes empresas de interés público (que además superen a fecha de cierre más de 500 empleados de media), y que ya están sujetas a la directiva sobre información no financiera (NFRD).
La norma nace con el objetivo de equiparar el 'reporting' sobre sostenibilidad al financiero. Para conseguirlo, las empresas deben proporcionar información fiable sobre los impactos, riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad en toda su cadena de valor.
La segunda fase de aplicación, que empieza en 2026 –con datos del ejercicio 2025–, afecta a las grandes empresas no sujetas a la directiva sobre información no financiera y que cumplan durante dos ejercicios consecutivos dos de tres condiciones: más de 250 trabajadores empleados de media, una facturación de 40 millones de euros o 20 millones en activos totales. Por último, para 2027, se aplicará a las pymes cotizadas (que no sean microempresas) y otras empresas.
Un cambio de paradigma
El socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC, Pablo Bascones, asegura a ABC que «en la ley de información no financiera se debía reportar unos 80 requerimientos de información; y los con nuevos estándares se requiere reportar hasta 1.125».
Argumenta Bascones que «los estándares incrementan el número de métricas cuantitativas y cualitativas a reportar». A esto se añade toda la cadena de valor. Es decir, también deberán informar sobre cómo gestionan las cuestiones de sostenibilidad los proveedores y clientes. Por si fuera poco, el socio de PwC recuerda que también se debe incluir «información prospectiva, no solo histórica, sino de futuro. Por tanto, los estándares dificultan el proceso».
El socio de Assurance No Financiero de Grant Thornton, Sergi Puig-Serra, es muy tajante con respecto a la nueva norma: «No es una pequeña modificación, es un cambio de paradigma absoluto. Son unas reglas del juego totalmente distintas y mucho más exigentes. Las empresas no son conscientes de lo que se les viene encima».
Explica Puig-Serra que esta directiva viene bajo la apariencia de 'reporting', que es lo que se hacía hasta ahora, pero en realidad se trata de exponer directivas de gestión en materia de sostenibilidad. Una situación con la que coincide el socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España, Ramón Pueyo, que asegura que «la directiva CSRD es de gestión pero disfrazada de 'reporting'». Añade que «se trata de más de 1.000 requerimientos de información, de los que solo el 20% son cuantitativos y el resto son procesos». Y lanza un mensaje poco esperanzador: «La realidad es que hay muy pocas compañías preparadas para un análisis que afecta a toda la cadena de valor, incluyendo los proveedores».
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La otra gran novedad, tal y como señala Puig-Serra, es el «concepto de doble materialidad». Señala el socio de Grant Thornton que «hasta ahora se tiene en cuenta el impacto de dentro para fuera, cómo la organización impacta en el entorno y las personas. Esto sigue, pero se añade la materialidad financiera, de fuera para adentro, como el entorno afecta a los flujos de caja, a las decisiones de inversión». Es decir, si por ejemplo hay un cambio normativo a nivel europeo, las empresas deberán explicar cómo le afecta en su política de sostenibilidad.
Algo también esencial, según explica Pablo Bascones, será el nuevo régimen supervisor y sancionador, que será similar a la auditoría financiera. El ICAC, que es el organismo que supervisa a los auditores financieros, va a supervisar a los verificadores de sostenibilidad, y el régimen sancionador a los auditores y las empresas van a estar al mismo nivel que con la información financiera. «En consecuencia se trabaja en nuevas normas técnicas de verificación que va a suponer una mayor carga de trabajo a nivel de fiabilidad de la información».
Y sobre ese volumen de trabajo, desde KPMG señalan que «el alcance y la profundidad de los requisitos de información de los nuevos estándares son mucho más rigurosos que los de la actual Directiva de la UE, por lo que incluso las empresas con una larga experiencia en informes de sostenibilidad necesitarán incorporar nuevos métodos en sus sistemas de recopilación y presentación de datos ESG para cumplir con la directiva europea».
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