AJUSTE DE CUENTAS
Intervencionismo energético: bumerán para la industria
El entorno regulatorio y fiscal en materia energética, lejos de converger con los mejores estándares europeos, está generando sobrecostes que lastran la competitividad de la industria española. Esta necesita estabilidad y costes competitivos y no unas autoridades que confunden sus deseos con la realidad
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En 2021, el Gobierno español aprobó un recargo temporal sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas, bajo el argumento de que debían contribuir a abaratar la factura de la luz. Desde entonces, la gestión política del mercado eléctrico ha derivado hacia una complejidad creciente, ... cuya lógica no siempre ha sido transparente para los usuarios industriales. El resultado es un sistema cada vez más costoso y fragmentado, donde no tanto el mercado mayorista como tal, sino los servicios complementarios, que ahora se han disparado por la operación reforzada de Red Eléctrica tras el apagón del 28 de abril, generan una desventaja relativa frente a otras potencias industriales europeas. De hecho, a día de hoy nadie sabe cuáles son los criterios que usa el Gobierno para gastarse el dinero que paga la industria.
Según la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), el coste final de la electricidad para la gran industria española es hoy menos competitivo que en países como Francia, donde mecanismos como la tarifa ARENH –que permite acceder a energía nuclear a 42 €/MWh– o ayudas directas a EDF por más de 30.000 millones en 2023 permiten contener la factura. En Alemania, las ayudas a la industria electrointensiva han sido autorizadas por Bruselas, mientras en España no se ha articulado una política de similar alcance. Las diferencias no están en el diseño del mercado mayorista, que sigue la normativa europea, sino en la estructura de cargos, peajes y subvenciones indirectas.
Empresas como Alcoa, Ferroatlántica o Asturiana de Zinc han reducido producción, planteado parones o deslocalizado parte de su actividad. Aunque las causas son diversas, el entorno energético y regulatorio ha contribuido a esa pérdida de competitividad. En ese contexto, sorprende la afirmación del presidente del Gobierno en Londres, al declarar que el precio de la energía habría bajado un 50% bajo su gestión. Si se refería al mercado industrial, ya hemos visto lo que informa el sector, y si aludía al mercado mayorista, entre 2018 y 2025 el precio medio pasó de 57,29 a 64,1 €/MWh, lo que representa un incremento del 11,89%, según datos del operador del mercado. Esta divergencia refleja una preocupante falta de conocimiento de la realidad.
El problema no es coyuntural. La industria electrointensiva necesita un marco previsible, estable y alineado con las mejores prácticas europeas. En 2021 se anunciaron ayudas a la renovación de instalaciones térmicas en la industria, pero su despliegue fue lento y limitado, perdiendo eficacia en plena crisis inflacionaria. A ello se suma una falta de coordinación institucional entre los distintos niveles de administración, con retrasos en tramitaciones, barreras normativas contradictorias y cuellos de botella en la concesión de puntos de acceso. Esta desarticulación regulatoria mina la confianza de los operadores y ahuyenta posibles inversiones extranjeras en sectores industriales clave.
Por otro lado, la cuestión de la inversión en nueva capacidad no puede analizarse sin tener en cuenta la saturación del sistema. Con más de 130 GW instalados y una demanda punta que raramente supera los 40 GW, los incentivos a nuevas instalaciones son hoy difusos. Pero eso no elimina la necesidad de ordenar y racionalizar el sistema de acceso, clarificar los criterios para servicios complementarios y homogeneizar los costes regulatorios que se trasladan a la industria. La falta de transparencia en el funcionamiento de esos servicios, cuya facturación se ha disparado recientemente, plantea una cuestión de gobernanza que no debería subestimarse.
El contexto europeo tampoco es ajeno a esta deriva. Si bien la «excepción ibérica» permitió contener los precios mayoristas en plena crisis gasista, también sentó un precedente de desvinculación parcial del mercado único, lo que ha generado tensiones con Bruselas. En Europa, la reforma del diseño del mercado eléctrico busca precisamente reintroducir contratos a largo plazo (PPAs, CfD) que estabilicen los precios y den certidumbre a los inversores. España debería alinearse con esa filosofía y evitar caer en una regulación fragmentada, donde cada operador nacional añade capas de complejidad sin mejora neta de eficiencia o equidad. El riesgo es que los costes hundan su competitividad sin que ello se traduzca en una mayor seguridad del suministro ni en una transición energética mejor planificada.
El mensaje central que debería emerger es claro: si España replicara las ayudas autorizadas por la Comisión Europea que ya aplican Alemania y Francia, y si los costes de los servicios de ajuste se integraran en los peajes como sucede en esos países, la tarifa industrial podría posicionarse incluso por debajo de la media europea. No es una cuestión de intervencionismo o liberalización, sino de racionalidad económica y convergencia regulatoria con los socios del entorno. En lugar de inventar vías singulares, sería más efectivo estudiar las buenas prácticas ya validadas y adaptarlas al contexto nacional con rigor y celeridad.
El sistema energético español está en condiciones técnicas de ofrecer energía abundante, limpia y estable. Pero necesita una gobernanza que alinee instrumentos, elimine distorsiones y apueste por una industrialización competitiva. Para ello, es imprescindible abrir un debate honesto, alejado de esloganes y centrado en los incentivos reales que orientan la inversión y el consumo. La gran industria no pide subvenciones discrecionales ni privilegios fiscales, sino una estructura de costes razonable, comparable a la de sus competidores europeos y un entorno regulatorio estable que facilite la planificación a largo plazo.
Mientras eso no ocurra, el debate seguirá anclado en cifras inconsistentes y decisiones de corto plazo, con un coste tangible para el tejido productivo nacional. Y el intervencionismo energético, lanzado como instrumento de protección social o corrección coyuntural, acabará actuando como un boomerang: golpeando de lleno la capacidad industrial del país justo cuando más falta haría reforzarla.
Comparativa de precios
eléctricos finales en la
industria electrointensiva
Datos a 29 de septiembre, en €/MWh
ESP
FRA
ALE
6.4
HTB3*
MAT**
Tarifa
Mercado
65,75
50,55
89,98
Servicios de ajuste y otros
17,00
0,00
0,00
Peajes de acceso
2,81
1,04
6,98
Cargos e impuestos
4,36
0,95
1,30
Gestión de la demanda
-6,20
-2,50
-3,40
CO2 indirecto
-24,60
-26,80
-50,90
59,11
23,24
43,96
Coste final
*(350-500 Kv)
**(380 o 220 Kv)
Fuente: AEGE / ABC
Comparativa de precios eléctricos finales
en la industria electrointensiva
Datos a 29 de septiembre, en €/MWh
ESPAÑA
FRANCIA
ALEMANIA
MAT**
6.4
HTB3*
Tarifa
89,98
Mercado
65,75
50,55
0,00
Servicios de ajuste y otros
17,00
0,00
6,98
Peajes de acceso
2,81
1,04
Cargos e impuestos
0,95
1,30
4,36
-3,40
-2,50
Gestión de la demanda
-6,20
-50,90
CO2 indirecto
-24,60
-26,80
59,11
23,24
43,96
Coste final
*(350-500 Kv)
**(380 o 220 Kv)
Fuente: AEGE / ABC
El presidente del Gobierno presumió ante la prensa inglesa de que ha reducido un 50% el precio de la energía. Les engañó: en realidad, el precio promedio del mercado mayorista español aumentó casi un 12%. Y en cuanto a los precios industriales, la tabla de arriba es explícita: somos más caros que Alemania y Francia.
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