La llave de entrada hacia un renovado concepto de urbanismo

En este contexto, Valdecarros se postula como uno de los principales desarrollos urbanísticos en Madrid, para consolidar en la ciudad un nuevo concepto urbanístico en el que sostenibilidad y racionalidad se abran paso.

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Grandes zonas verdes, usos dotacionales, vida empresarial y la actividad comercial forman parte de un urbanismo del siglo XXI sobre el que aportaron su visión José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid; Álvaro González López, delegado del área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid; José María Ortega, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; Luis Roca de Togores, presidente de la Junta de Compensación de Valdecarros y David Botín, director general de Aedas Homes. Alberto Velázquez, colaborador de ABC Empresa y coordinador de la revista Top Home, presentó y moderó el encuentro.

Los participantes reflexionaron sobre un presente y futuro en el que el urbanismo propicia un equilibrio territorial, y social, entre norte y sur, con un empeño innovador ante el que se reivindicó la importancia de la seguridad jurídica, de un marco normativo flexible. Como señaló Roca de Togores: «La normativa es el verdadero reto del urbanismo del siglo XXI. Tenemos la municipal, autonómica, estatal, gestionadas por diferentes instituciones, además de sectoriales como las de aguas, carreteras, electricidad, etc… Se necesita una coordinación de acciones, a la velocidad que nos está pidiendo la sociedad».

García Gómez destacó, por su parte, aspectos como la necesidad de cimentar y proyectar una triple sostenibilidad: «la económica (mejora de la calidad de vida y capacidad de atracción de inversión para hacer realidad los proyectos en un tiempo razonable); social (desde la óptica de la mejora de las relaciones sociales, de las oportunidades sociolaborales, de la estructura de dotaciones y equipamientos) y la ambiental». Y señaló como ejemplo el desarrollo del Plan VIVE, para el que se ha destinado suelo para más de 8.000 viviendas (más de 6.500 en ejecución), con 800 millones de euros de inversión internacional «que antes no estaban en España, gracias a marcos contractuales adecuados».

En el caso de Ortega, apuntó a la ineludible necesidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna, «para crear ámbitos vivibles, habitables, con mezcla de usos, conectados, saludables», además de realzar la relevancia del 'factor verde' en la construcción, y de recordar, como coincidieron el resto de participantes, en la importancia de la colaboración público-privada: «El Plan General de Madrid de 1997 contemplaba 100 millones de metros cuadrados para urbanizar en Madrid, y la mayoría están terminados, algo que no hubiese posible sin esta colaboración, en la que se incluyen los sistemas de compensación, desde la elaboración y aprobación del planeamiento a la entrega final. Y haciendo frente a diversos obstáculos judiciales, económicos, políticos que han frenado su eficiencia».

En este entorno de innovación y eficiencia, en el que se habló, por ejemplo, del Clúster para la Industrialización e Innovación de la Edificación, González López se mostró convencido de que «Madrid no se puede parar y no se va a parar, como sucede con estos nuevos desarrollos, que generarán 200.000 viviendas en los próximos años. Con especial atención a los jóvenes, a familias jóvenes que necesitan el apoyo de la administración pública. No es cuestión de política, sino de eficiencia».

Como apuntó Botín, este desarrollo sostenible («en el que se crean espacios nuevos, pero hay que rehabilitar los ya existentes») avanza en una región que necesita cuidar «un negocio basado en oportunidades y capital, para lo que tiene que haber seguridad jurídica, si no, es imposible, ante hábitos de vida que cambian de forma rápida, constante, más aún en tiempos de pospandemia. El exceso de normativa y plazos detraen la inversión: no se puede esperar 16 meses en obtener una licencia, todo un enemigo para el valor añadido».