Industrias y CC.AA. avisan ya de deslocalizaciones por la falta de inversión en redes eléctricas

Según ha podido saber ABC, el Ejecutivo socialista, que lleva meses afirmando que va a desbloquear la falta de inversión en redes pero no mueve ficha, ha recibido multitud de quejas tanto de la alta dirección de importantes industrias españolas como de altos cargos de los partidos políticos regionales, por el impacto económico de una medida que no llega. Tanto empresarios como políticos han hecho saber a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que crecen sus temores cada día que pasa sin tomar la decisión de subir el límite a la inversión en redes, algo que repercutirá en la competitividad de la actividad empresarial de nuestro país.

Voces relevantes del sector, como el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya han pedido en más de un a ocasión duplicar la inversión en redes para evitar cuellos de botella, algo que también choca con los límites impuestos por la regulación española.

A día de hoy, el tope máximo de inversión en España es del 0,065% del PIB anual para la red de transporte, excluyendo las inversiones en interconexiones, y del 0,13% del PIB para la red de distribución; y aunque en más de una ocasión el ministerio ha anunciado que va a elevarlo, en la última revisión de la planificación eléctrica, que afecta a las inversiones en la red de transporte, se usaron para la nueva capacidad de conexión tan sólo 500 millones de los 1.000 millones con que contaba de financiación, dejando proyectos industriales mil millonarios en comunidades 'populares' como Madrid y Andalucía, que fueron muy críticas con la decisión de la vicepresidenta Ribera.

Fuentes políticas de diferentes autonomías, sobre todo de las más industrializadas como el País Vasco, Cataluña –ambos, socios del Gobierno– y Madrid, coinciden en que sus gobiernos están acumulando quejas en este sentido y advierten muy seriamente de la preocupación que existe en sus industrias por el impacto que la falta de conexión a la red eléctrica tiene en sus negocios.

«Multitud de empresas, tanto grandes como pymes, están dudando ante la inacción del Gobierno de llevar a cabo sus inversiones si luego no pueden conectarse a la red, viéndose por tanto su actividad limitada. De nada sirve, por ejemplo, hacer coches eléctricos si no hay cargadores donde enchufarlos», explica un experto en el sector energético.

No en vano, el propio presidente ejecutivo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, comunicó el pasado 13 de junio su dimisión irrevocable de la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), ante la inacción del Gobierno en favor de la electrificación. «En diciembre renové como presidente de Anfac porque el Gobierno se comprometió a ser un aliado del sector, y a poner en marcha rápidamente medidas concretas y eficaces. En el Foro Anfac del pasado mes de febrero, el presidente del Gobierno también se comprometió a revisar el Plan Moves y a impulsar la infraestructura de recarga. Estas medidas no han llegado. Y por eso estoy decepcionado, porque ahora toca acelerar, no frenar», apuntó con decepción Griffiths.

Recientemente el PNV –que acaba de firmar un acuerdo con el PSOE para gobernar en coalición en el País Vasco para la próxima legislatura, lo que ha permitido la elección como lehendakari de Imanol Pradales–, se ha quejado amargamente y lo ha hecho incluso de forma pública. De hecho, el portavoz del partido nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, avisaba al Gobierno en la última sesión de control que la denegación a la industria del acceso a las redes, dejando fuera a más de 6.000 MWh, está afectando a la competitividad española y está expulsando a nuevas industrias que se están instalando en estos momentos.

«¿Cómo pretende el Gobierno que la industria lleve a cabo el proceso de descarbonización y reindustrialización si no se atienden las nuevas necesidades de potencia eléctrica?», se preguntaba estos días el propio Esteban, quien se preguntaba además «¿qué va a hacer el Gobierno para solucionar este cuello de botella?».

Puestos en contacto con representantes políticos del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Madrid, coinciden al confirmar que la industria española necesita acceso a la red eléctrica y el Gobierno no está dando respuesta a toda la potencia que se está solicitando. Además, no se está autorizando las inversiones necesarias en la red de distribución. Los fondos de la UE son 900 millones, pero solo van a gastar 489 millones. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 prevé 53.000 millones que deben invertirse en 2030, pero las inversiones para 2026 solo llegan a 7.000 millones. «Es necesario modernizar el sistema de planificación y cambiar la ley del sistema eléctrico para ampliar o derogar los límites de inversión», aseguraba Esteban en la sesión de control al Gobierno y pedía conocer los criterios utilizados para aprobar o derogar proyectos de acceso a la red en la modificación de la planificación.

Además, el PNV ha cuantificado el riesgo que acecha al empleo por la denegación a cientos de industrias de la conexión de más de 6.000 MWh solicitados, sobre todo para una región donde la industria representa un 23% del PIB y un 20,4% del empleo: «no asumir esta inversión supone cierres de empresas, menos impuestos recaudados, menos empleos (34.000) y riesgo de deslocalización de empresas», auguran desde el partido vasco.

Según fuentes del sector, hay mucho retraso en las obras de la red eléctrica de renovables: se han adjudicado 489 millones de sobre un presupuesto de 900 millones. Explican que el 90% de la inversión para dar conexiones son para las instalaciones de generación de renovables y solo el 10% para conectar demanda. Es un «déficit terrible» para la electrificación de la demanda, coinciden los expertos consultados.

Los expertos consultados y las comunidades autónomas advierten además de que el Gobierno está poniendo en riesgo las nuevas industrias tecnológicas, necesitadas de energía abundante y barata. En este sentido, la Asociación Española de Centros de Datos (Spain DC) considera que la construcción de redes condiciona la llegada sólo a Madrid de 38.000 millones de euros en inversiones hasta 2030. Madrid acapara el 80% de la inversión de centro de datos en España, con cerca de 30 centros. La patronal considera que España, con el foco en Madrid, puede convertirse en el «hub» digital del sur de Europa.

Los expertos van más allá y aseguran que España aspira a ser el Canal de Panamá de las conexiones de red por los múltiples cables submarinos, a la sazón las autopistas de internet, que pasan por la península ibérica. Estas infraestructuras tienen grandes consumos energéticos, por lo que su despliegue se ha visto truncado su despliegue por la saturación de las redes.

No obstante, este problema no es exclusivo de los centros de datos, también supone un reto para el despliegue de la red que soporte la recarga de vehículos eléctricos o las bombas de calor, entre otros elementos clave para la descarbonización que necesitan conectarse a la red.