El IEE denuncia la alta presión fiscal de las empresas: aportan un tercio de la recaudación, más que en la UE

En concreto, sumando lo que pagan en cotizaciones a la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones de las empresas al total de la recaudación suponen el 32,4%, frente a la medida del 25,8% de la UE.

Dentro de ese 32,4%, el 25,2% corresponde a lo que pagan las empresas por cuotas a la Seguridad Social, frente al 17,7% de media en la UE, y el 7,2% al Impuesto sobre Sociedades, en contraste con el 8,1% de la media europea, detalla el IEE en su informe.

El estudio, que lleva por título 'Competitividad fiscal 2023. El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico', señala que, en términos de PIB, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades supuso en España un 2,7% del PIB, y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, un 9,5%, lo que, en conjunto, suma un 12,2% del PIB.

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Bruno Pérez

Por contra, la media de la UE es de un 3,3% en el Impuesto sobre Sociedades y del 7,1% en cotizaciones empresariales, por lo que la presión fiscal empresarial, en términos de PIB, se encuentra en España 1,8 puntos por encima de la media europea.

El informe sitúa la presión fiscal en España en 2023 en el entorno del 39%, un dato que, según el IEE, «consolida el fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años» y con el que se ha reducido «considerablemente» el diferencial con la media europea. Ésta alcanzó un 40,2% en 2022, mientras que en España, según datos de Eurostat, fue del 37,7%.

El IEE señala que este incremento de la presión fiscal se debe a la introducción de nuevos tributos o a la reforma de los existentes, que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión.

«Esta diferencia entre la media de la presión fiscal en la UE y España no se debe a la presión fiscal sobre empresas y empresarios; de hecho, la presión fiscal empresarial está, según Eurostat, en un nivel superior al de la media de la UE», alega el IEE.

En cuanto al esfuerzo fiscal, estableciendo la UE-28 como nivel 100, el IEE señala que en España se realiza un esfuerzo fiscal un 17,8% superior al de la UE, «que ya de por sí es bastante elevado en el contexto internacional, muy por encima del de otros países de la OCDE». «Entre las grandes economías avanzadas, ninguna presenta un esfuerzo fiscal superior al de nuestro país», denuncia el organismo.

Según el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation, España se situó en 2023 entre las economías de la OCDE con peor competitividad fiscal, «con un fuerte retroceso de este indicador en la actual legislatura», apunta el IEE.

De hecho, señala el organismo, la presión fiscal normativa (carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías) es un 17% más elevada que la media de la UE.

El IEE subraya que España se situó el año pasado, en términos de competitividad fiscal, en el puesto 31 de un total de 38 países analizados, tres puestos por encima que el año anterior, pero todavía ocho puestos más abajo que la posición 23 que ocupaba en 2019 y uno por detrás de la 30 de 2021.

«Esto muestra una pérdida notable de competitividad fiscal en nuestro país desde la posición anterior a la pandemia, reflejando el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal», denuncia el IEE.

El instituto afirma que una de las dos figuras tributarias con una mayor presión fiscal normativa en España es el Impuesto sobre Sociedades, que se encuentra entre los seis más gravosos de la OCDE, con una presión fiscal normativa un 28,9% superior a la media de la UE y un 20,9% por encima del promedio de la OCDE.

La otra figura tributaria con mayor presión fiscal normativa en España es la imposición patrimonial, «la segunda peor de toda la OCDE», sólo por detrás de Italia. En este caso, el IEE expone que la posición de España es un 39,6% peor que la de la UE y un 37,3% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Instituto señala que está un 6,1% por encima de la media de la UE y es un 2,2% superior a la media de la OCDE. Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, ocupa el puesto 10 de un total de 28 analizados.

El efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social, «particularmente altas» en España, elevó la cuña fiscal en España hasta el 59,5% en 2022, por lo que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60% del coste laboral. En relación con la cuña fiscal, España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 47%.

El IEE denuncia en su informe que España cuenta con un sistema fiscal «más ineficiente y distorsionante», que penaliza el ahorro y la inversión, y en el que se suben los tributos al ahorro y a las empresas por «la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE», que no es tal, o argumentando que hay que reducir el déficit público.

En este sentido, el organismo advierte de que «una de las peores decisiones» que podría tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir impuestos en general, y al sector empresarial en particular, ya que «deprimiría la oferta productiva y el consumo» y se deteriorarían las expectativas de los agentes, «provocando una degradación de la confianza, el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo».

El IEE avisa además de que corregir los desequilibrios mediante la subida de impuestos adicionales, empeorará la competitividad fiscal «aún más», y apuesta, para mantener el equilibrio presupuestario, por acometer la gran reforma estructural pendiente: la de optimizar la eficiencia del gasto público y no realizar subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento.

«Una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provocaría una deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales, que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria», sostiene.

En este sentido, el IEE indica que cualquier incremento de la recaudación fiscal debería basarse en el aumento de las bases imponibles y en la lucha contra el fraude fiscal y no en elevar la presión fiscal.