Hacienda sopesa rastrear todos los pagos con tarjetas en busca de fraudes fiscales

Así se lo ha trasladado a la Comisión Europea dentro del informe de evaluación de la ley de medidas de lucha contra el fraude de 2021 que el Gobierno estaba obligado a enviar a Bruselas en diciembre si quería cumplir con los compromisos vinculados al cuarto pago de los fondos del mecanismo europeo de recuperación, cuya autorización definitiva por parte de las autoridades europeas aún se espera.

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Aunque en principio el informe debía incluir una evaluación independiente de las medidas aprobadas y una explicación razonada por parte de Hacienda sobre la aceptación o no de las recomendaciones por los evaluadores independientes, un proceso que se ha resuelto con el rechazo de todas ellas, el Ministerio de Hacienda decidió incluir un último capítulo con propuestas técnicas que, en su opinión, «pueden contribuir a la disminución del fraude fiscal por suponer una mejora de la lucha contra el mismo».

Es en estas cuando Hacienda desliza que «podría valorarse el establecimiento de una nueva obligación de información que incorpore las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjetas de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda».

La idea del ministerio pasa por un cambio en el reglamento que regula los procedimientos tributarios para ensanchar las obligaciones de informar a la Agencia Tributaria que ya tienen las entidades financieras. A día de hoy, la norma les exige informar sobre todas las cuentas abiertas en sus respectivas entidades, identificando con nombres y apellidos a sus titulares, de los saldos que superen los 6.000 euros, de todas las operaciones de crédito o préstamo, y de los ingresos o disposiciones de fondos en metálico y de todas las operaciones con tarjeta que superen el umbral de los 3.000 euros.

A los servicios de gestión e inspección de Hacienda toda esa información, que ya les ofrece un panorama bastante rico de las operaciones con intermediación bancaria de mayor entidad que se realizan en España, no le debe parecer suficiente y plantea dar un paso más y poner bajo control la totalidad de los movimientos, con independencia de su cuantía, que se realicen a través de tarjetas.

La intención de la administración tributaria es incrementar los flujos de información que entran en sus ya gigantescas bases de datos en tres direcciones. En primer lugar, garantizándose el acceso a la totalidad de las operaciones con tarjeta que se realizan en España, con independencia de su cuantía. En segundo lugar, ensanchando la tipología de tarjetas sobre las que dispone de información, que actualmente se limita a las de crédito y de débito, e incluyendo las tarjetas prepago, los monederos electrónicos y cualquier otro producto utilizado como medio de pago. Y, finalmente, ampliando la obligación de informar no solo a las entidades bancarias y de crédito como sucede ahora, sino también a las entidades autorizadas para emitir dinero electrónico (16 al cierre de 2022, diez nacionales y seis extranjeras con sucursales en España) y a las entidades de medios de pago, que superan el medio centenar (son unas 300) a las que operan como bancos.

«Es una vuelta de tuerca más en la estrategia de la Agencia Tributaria de mejorar la información de que dispone de los contribuyentes», resume un ex alto directivo de la Agencia Tributaria enrolado ahora en el sector privado. «En realidad, la Agencia ya puede acceder a esa información a partir de requerimientos a las entidades, de este modo se tendría un acceso automático y más sencillo», explica.

La asociación profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, que representa a cerca del 90% del colectivo, valora la iniciativa, aunque alberga dudas sobre su impacto real. «Cualquier nueva información que provenga de entidades bancarias es positiva, pero todo el mundo sabe que los ingresos que se realizan en los negocios utilizando tarjeta de crédito ya están controlados por lo que la eficacia de esa información en la lucha contra el fraude estaría por demostrarse, porque lo habitual es que no se declaren los ingresos en efectivo«.

Otra fuente no oficial de la Agencia, que ha declinado pronunciarse a nivel institucional sobre una propuesta que aún no se ha recogido en una iniciativa regulatoria, aclara que la administración tributaria ya dispone de información de muchas operaciones a través de las TPV, pero que tiene un control menos preciso a día de hoy de las recargas de monederos electrónicos y de las operaciones con tarjetas prepago, por ejemplo.

Otra duda afecta a los potenciales problemas operativos que podría generar la transmisión de un flujo de información tan masivo por parte de las entidades obligadas. Fuentes del sector financiero subrayan su disposición a proporcionar la información que se les solicite por parte de las autoridades tributarias, como ya hacen, recuerdan, con el pago de las pensiones o el cobro de multas e impuestos, y aclaran que los avances tecnológicos incorporados en los últimos años les permiten atender a este tipo de requerimientos, aunque es probable que el carácter masivo de la información que se solicitaría en caso de prosperar esta propuesta demandara alguna inversión extra en tecnología. En este sentido, deslizan que lo que sería adecuado es que las demandas de información a los bancos se extendieran a otros actores del sector que también actúan como intermediarios de pago.

El acceso a semejante volumen de información de operaciones de baja cuantía abre la puerta a que Hacienda estreche el cerco sobre operaciones cotidianas de baja cuantía de las que se podrían derivar consecuencias tributarias, pero que normalmente no están sujetas a gravamen, como señala Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF. «Podrían aflorar operaciones por ingresos recurrentes de baja cuantía por el mismo importe y concepto que a día de hoy tal vez pasan por debajo del radar de Hacienda» y también ingresos por intercambios menores (tipo Wallapop) que podrían estar sujetos a tributación de estar controlados por Hacienda.