Hacienda se topa con el 'no' de banca y energéticas a negociar el reajuste de sus impuestos
Las empresas confían en que la Justicia tumbe unas figuras que ya les han costado 4.135 millones de euros
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La anunciada transformación de los insólitos y controvertidos gravámenes temporales sobre las empresas energéticas y las entidades financieras, impulsados hace ya casi dos años por el Gobierno, en impuestos permanentes del sistema tributario español seguirá encontrándose enfrente a sus principales contribuyentes: la gran ... banca y las grandes empresas energéticas del país.
Según han asegurado a ABC fuentes tanto del sector empresarial como del ámbito gubernamental, desde Hacienda se han realizado varios intentos por involucrar a las empresas afectadas en el reajuste técnico de los gravámenes con el objetivo de afinar lo más posible su aplicación y evitar más problemas de los generados ya de por sí por su mera existencia, recurrida de forma masiva por los afectados tanto en el ámbito administrativo como ante la Audiencia Nacional.
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Las empresas, obligadas por ley a pagar sendos gravámenes, sí han puesto de manifiesto las dificultades objetivas a la hora de calcular tanto las bases imponibles como las cuotas a pagar a partir de la farragosa definición realizada por el Ministerio de Hacienda y han solicitado aclaraciones al respecto, pero han rehusado las invitaciones de las autoridades fiscales a negociar la forma más adecuada de aplicar los gravámenes.
Lo mismo ha sucedido con los contactos preliminares, de carácter informal, que cargos de Hacienda han tenido con representantes de bancos y energéticas a propósito de la reformulación de los gravámenes transitorios para convertirlos en impuestos a todos los efectos, según lo recogido en el acuerdo de legislatura firmado entre el PSOE y Sumar.
Las fuentes consultadas aseguran a ABC que no se prevé negociación formal alguna en torno a los nuevos parámetros de los futuros impuestos permanentes a banca y energéticas, que como ya se ha avanzado desde el Gobierno aligerarán la actual carga fiscal que se impone a banca y energéticas y traerán consigo un cambio de la actual base imponible para que graven efectivamente los potenciales beneficios extraordinarios que puedan tener, y no su facturación como sucede ahora con las figuras que el Gobierno ideó como prestaciones patrimoniales no tributarias para evitar que fueran recurridas por doble imposición.
Que resuelva la Justicia
La posición de banca y energéticas es que sea la Justicia la que resuelva la adecuación o no a la legislación española de las figuras aprobadas por el Gobierno para que fueran esos sectores los que pagaran la factura de las medidas contra la inflación. Hasta la fecha, banca y energéticas han pagado 4.135 millones de euros por la aplicación del gravamen temporal, que el Gobierno ha decidido prorrogar a 2024. Y han recurrido sistemáticamente tanto las liquidaciones del impuesto como la orden ministerial que regula su pago.
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La idea inicial del Gobierno era aprovechar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024 para reconfigurar como impuesto el gravamen temporal sobre las energéticas y de paso rebajar su listón de exigencia, permitiendo a las compañías deducirse de la base sus inversiones en generación de energías limpias y transición energética. Tras renunciar a tramitar las cuentas, el plan ahora es presentar una norma específica para que los nuevos impuestos permanentes sobre banca y energéticas estén ya vigentes en 2025.
El gravamen a la banca impone un tipo del 4,8% sobre los márgenes de intermediación de los bancos y ha recaudado ya cerca de 2.000 millones. El de las energéticas grava con un 1,2% la cifra de negocios de las que facturan más de 1.000 millones.
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