Hacienda evita señalar a Rusia en su lista de 24 paraísos fiscales en espera de lo que decida Bruselas
El Gobierno plantea un nuevo listado con 24 paraísos fiscales, en el que continúa Gibraltar y del que salen Mónaco, Jordania, Líbano o Liechtenstein
La diligencia a la hora de proporcionar a España información sobre contribuyentes o la regulación de una tributación mínima para las empresas se valorarán a la hora de incluir o excluir países
Bruno Pérez
Madrid
El Gobierno ha decidido no incluir a Rusia en la renovada lista de 24 paraísos fiscales que ha oficializado este viernes a través del BOE. Había expectación entre los asesores fiscales por ver la decisión que adoptaba el Gobierno español al respecto, después de ... que el borrador del listado hubiera confirmado la intención ya declarada por Hacienda de configurar una lista propia guiada por sus criterios ajenos a los estándares internacionales y que supera la de la Comisión Europea, bastante más corta: 12 países y territorios.
Como ya había avanzado ese borrador, Hacienda ha optado por incluir en el listado a territorios con los que tiene acuerdos de intercambio de información recién firmados como es el caso de Gibraltar y a otros que ya no figuraban en el listado anterior por haber suscrito el convenio de colaboración de la OCDE, como las islas del Canal de la Mancha, Jersey y Guernsey, las Islas Caimán, Barbados o Trinidad y Tobago. Por contra no ha incluido a Rusia, un territorio que por razones obvias no intercambia información fiscal con España desde hace al menos un año.
Fuentes del Ministerio de Hacienda recalcan el caso de Rusia como una situación singular, en la que no se excluye la posibilidad de que pueda ser incluida en la lista de paraísos fiscales pero en este caso siempre que la Unión Europea adopte una decisión en este sentido dentro de los paquetes sancionadores que se están planteando. Estas mismas fuentes deslizan que es una posibilidad que ya se ha planteado en los debates europeos.
El comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Hacienda atribuye la mayor amplitud del listado español a la necesidad de enriquecer los criterios internacionales de identificación de países y territorios no cooperativos en materia fiscal con nuevos factores para "combatir más eficientemente el fraude fiscal, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales". Entre estos se tendrá en cuenta la diligencia a la hora de proporcionar a la Administración Tributaria española información sobre contribuyentes bajo vigilancia o también la regulación de un tipo mínimo de tributación sobre las empresas equiparable al 15% planteado por la OCDE.
Una lista inflada
Para la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), por el contrario, el Gobierno ha inflado la lista incluyendo a territorios que cumplen los estándares internacionales para no ser señalados como paraísos fiscales, creando una situación de inseguridad jurídica a cientos de contribuyentes que hasta ahora operaban en estos territorios sin mayores problemas y que ahora van a ver como todas sus operaciones serán sometidas a una especial fiscalización y no tendrán acceso a beneficios fiscales.
El documento de alegaciones a la orden ministerial realizado por la asociación concluye que la lista hace albergar "dudas sobre algunas jurisdicciones que han sido propuestas en la lista, tanto porque no parecen concurrir en ellas los requisitos previstos legalmente, como porque se alcanzan conclusiones opuestas a las de los organismos internacionales que abordan la materia». Se refieren, en concreto, a la falta de sintonía de la lista española con las de la UE o la OCDE y a la presencia en el inventario diseñado por Hacienda de territorios que hace tiempo salieron de esos listados internacionales por aceptar las exigencias en materia de intercambio de información impuestas por el consenso internacional.
Más de 7.000 millones en inversiones
El Ministerio de Hacienda asegura tener dentro de su radar cerca de 7.000 millones de euros en inversiones cruzadas entre España y territorios considerados como paraísos fiscales, o como jurisdicciones no cooperativas según la nueva terminología instaurada por el Gobierno y que justifica la primera actualización oficial en más de 30 años del listado español de paraísos fiscales. Según la información proporcionada por el Ministerio en el proyecto de orden que determinará la relación de países y territorios que serán considerados como jurisdicciones no cooperativas con la Administración Tributaria española, el Gobierno tiene conocimiento de la existencia de 4.827 millones de euros invertidos por contribuyentes españoles en los 24 territorios que configuran el nuevo listado de Hacienda, en tanto que también sabe de 880 millones de euros invertidos por inversores residentes en estos territorios en empresas españolas.
España apenas supone un 0,2% de la inversión externa total de estos territorios, en tanto que los paraísos fiscales concentran un 1% de la posición inversora española en el extranjero. Ese intercambio comercial o financiero apenas deja 7,5 millones de euros en las arcas públicas a través del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, según los datos incluidos en la Memoria de Impacto Normativo de la orden ministerial.
La nueva lista de jurisdicciones no cooperativas planteada por el Ministerio de Hacienda reduce a la mitad la lista de 48 países creada inicialmente en 1991 y retocada en el año 2003, si bien al menos 15 territorios habían salido de la misma en un lento goteo marcado por la suscripción de acuerdos de intercambio de información con esos territorios.
España mantendrá en su listado de jurisdicciones no cooperativas a Gibraltar, pese a que el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de España y Reino Unido a propósito del brexit aseguraba, según dijo entonces La Moncloa, «un alto grado de cooperación de las autoridades fiscales» de ambos territorios. Salen por el contrario otros territorios con una reputación fiscal controvertida ubicados en Europa como el Principado de Mónaco o Liechtenstein, así como Jordania, Líbano y Bahrein, entre otros.
Entran en el nuevo listado Guam, Palaos, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Barbados, que había dejado de ser considerado paraíso fiscal en octubre de 2011 tras firmar un acuerdo de intercambio de información con el Reino de España pero que vuelve a la 'lista negra' de Hacienda por considerarse que mantiene un régimen fiscal perjudicial para los intereses de España.
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