El Gobierno excluye por primera vez las subidas de impuestos de sus prioridades para los Presupuestos
El Gobierno desafía a las CC.AA. y dice que blindará los servicios públicos esenciales sin importar quien tenga las competencias de gestión
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Desarrollar y aplicar una política tributaria justa y progresiva, que proporcione los recursos suficientes para proveer de prestaciones sociales suficientes y de calidad a la ciudadanía. Esta fórmula, sin apenas variaciones y con la única excepción del año posterior a la pandemia, en el ... que el Gobierno consideró más importante orientar la estrategia fiscal a paliar el impacto de la pandemia, ha aparecido año tras año desde 2018 como una de las prioridades de la política presupuestaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la orden ministerial que regula los criterios generales de presupuestación para el ejercicio siguiente. Hasta este año.
La orden de Hacienda por la que se dictan las normas generales a seguir en el proyecto de Presupuestos de 2026, publicada ayer por el BOE y que marca el inicio del trámite presupuestario, como ya había avanzado un día antes la ministra de Hacienda, excluye por primera vez el objetivo de avanzar hacia un marco fiscal más justo y progresivo -el argumento bajo el que el Gobierno ha sustentado sus iniciativas de subida de los impuestos- de las prioridades del proyecto presupuestario para el año que viene, en lo que supone el cambio más sustancial en la orientación de la política gubernamental que se percibe en el documento.
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El giro viene a confirmar el sentido de las declaraciones que la propia María Jesús Montero ha deslizado en sus últimas intervenciones públicas, dando entender que el paquete fiscal aprobado de forma tan accidentada el pasado mes de enero ponía punto final a la iniciativa del Gobierno en materia impositiva tras siete años de gran agitación en ese ámbito, media docena de nuevos impuestos creados y una sucesión de subidas fiscales que algún instituto de estudios ha situado cerca del centenar.
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Tras los cruces de acusaciones y las duras refriegas políticas a cuenta de la cuestionable respuesta de las administraciones públicas a la dana y a la ola de incendios del pasado mes de agosto, el Gobierno ha decidido que el momento es el idóneo para rescatar del olvido su viejo compromiso de blindar los servicios públicos esenciales. Hasta ahora el asunto se había planteado como una reforma constitucional para blindar el estado del bienestar, pero parece que el Gobierno planea convertir su incierto proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 en un muestrario de su agenda política y ha aprovechado lo que en principio es un documento puramente administrativo, la orden ministerial para dictar las normas que guiarán la presentación de los Presupuestos, para deslizar su intención de ampliar el estado del bienestar «mediante el blindaje de los servicios públicos esenciales, independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión».
Blindaje a servicios públicos
La idea de base lleva revoloteando por el discurso del Gobierno desde que Pedro Sánchez aterrizara en el Palacio de la Moncloa allá por junio de 2018. Un par de meses después en un discurso en la sala de prensa de La Moncloa decía esto: "Por tanto, blindar. Éste va a ser el verbo, va a ser la acción, con la cual vamos a proteger a nuestro Estado del bienestar. Vamos a blindar la educación pública, vamos a blindar la dependencia, vamos a blindar las pensiones, y vamos a blindar, también, la sanidad pública".
Siete años después el blindaje constitucional de los servicios públicos esenciales era un compromiso olvidado. Ahora, el Gobierno ha decidido recuperarlo pero con un añadido significativo, "independientemente de la administración que tenga la competencia de gestión", que remite a los desencuentros entre los gobiernos autonómicos del PP y el Gobierno Central en la gestión de catástrofes como la dana o los incendios.
Y lo ha hecho en la orden en la que se dictan las directrices de elaboración de los Presupuestos, un documento de carácter meramente administrativo que hasta 2018 se despachaba con una breve introducción de cuatro párrafos y que en su versión de este año desgrana a lo largo de cerca de cuatro páginas los supuestos logros y las ambiciones de la política del Gobierno.
La parte mollar del documento es que el Ministerio de Hacienda insta al resto de ministerios a presentar sus propuestas de programas de gasto y de contenidos para el texto articulado del proyecto presupuestario antes del próximo 12 de septiembre, así que les da poco más de una semana para armar sus objetivos presupuestarios, si bien la ministra María Jesús Montero ya ha venido deslizando en sus declaraciones públicas que esos trabajos estaban bastante avanzados.
Nuevos programas de gasto en defensa y vivienda
Aparte de eso perfila la vivienda y la defensa como las dos nuevas prioridades gubernamentales. De hecho son las únicas políticas que disfrutarán de nuevos programas de gasto, uno para infraestructuras de las fuerzas armadas y otro para políticas de viviendas apoyadas en fondos europeos.
El Gobierno también avanza que entre sus nuevas prioridades estarán la reindustrialización de sectores estratégicos, el apoyo a los exportadores afectados por los aranceles, el esfuerzo en prevención de incendios y la modernización del antiguo INEM.
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