El Gobierno decidirá la opa de BBVA: las claves de una intervención incierta

La opa está ahora en la llamada fase tres. Es el turno del Ejecutivo. La normativa de competencia establece que, tras la segunda fase y resolución de la CNMC, el Gobierno podrá intervenir para modificar las condiciones que fije Competencia. Esto en su día se concibió como una salvaguarda para que los poderes públicos pudieran autorizar operaciones que la CNMC iba a hacer descarrilar. En esta ocasión serviría para todo lo contrario: desautorizar a la institución de Cani Fernández para hacer más gravosas las condiciones y, llegado el caso, provocar que BBVA dé marcha atrás.

Este 27 de mayo terminaba el plazo para que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, decidiera si elevar el caso al Consejo de Ministros, que será el que determine cómo intervenir. Apuró el plazo al máximo y a cierre de mercado comunicó lo esperado, que mandaba la operación hacia arriba y la dejaba en manos de Pedro Sánchez y el conjunto de los ministros.

Si el Gobierno decide imponer condiciones demasiado duras a BBVA, el banco vasco podría acabar desistiendo de la operación. El Ejecutivo nunca ha llegado a decir que ese sea su escenario pero es notorio su rechazo frontal a la opa, tanto por las formas como por el fondo. En el mercado sí que se descuenta que habrá intervención aunque hay dudas de hasta dónde será capaz de llegar Pedro Sánchez.

El Consejo de Ministros dispone de 30 días naturales para decidir el sentido de su intervención para modificar las condiciones de la CNMC. En este caso, su participación viene recogida en la ley de defensa de la competencia aunque hay puntos que quedan abiertos.

«El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el artículo 60 de esta ley, podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia», establece la normativa del ramo. Esto lo que quiere decir es que los asuntos de competencia ya han sido resueltos por la CNMC, con lo que el Gobierno tendría que utilizar otros argumentos para torpedear la operación.

La ley cita varios de esos criterios de interés general: defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios en España, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y desarrollo tecnológicos y garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial. De todas formas, algunos juristas creen que esta enumeración es más bien a modo de ejemplo y que en realidad el Gobierno tendría más margen de maniobra.

El Ejecutivo sí que ha dado alguna pista de por dónde podría ir su intervención, pero no ha desvelado grandes detalles. El ministro Cuerpo ha justificado su decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros «por razones de interés general». Y el ministerio ha hablado «del potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social» como argumentos para elevar el caso.

Además, el ministerio desvela que cinco ministerios económicos han reclamado esta decisión. No se queda ahí tampoco porque a esos mismos ministerios se les pedirá también un informe sobre la operación de cara a la intervención.

Lo cierto es que ahora la opa entra en un periodo de total incertidumbre ya que queda en manos del Gobierno y en especial de Pedro Sánchez, que ha mostrado desde hace un año su rechazo total a la operación. Mantiene en vilo tanto a BBVA como al Sabadell un mes más. Y por medio está también la vigilancia de la Comisión Europea, que ya ha dicho que estará muy atenta a las decisiones que se tomen.

Bruselas, incluso, ha llegado a decirle a La Moncloa que no ve razones para torpedear la operación y que esperan que no imponga trabas. El argumento comunitario es que ya ha sido analizada la operación por las autoridades competentes, que son Competencia y el BCE, y que, por tanto, esperan que el Gobierno español vaya en consonancia con esas decisiones.

Así las cosas, el Ejecutivo, en su actuación, tendrá muy escasas referencias sobre las que basarse. De hecho, solo una, y no fue en el sentido en el que pretende utilizar la norma el Gobierno.

Fue durante el Gobierno de Mariano Rajoy con la fusión de Antena 3 y La Sexta cuando el Consejo de Ministros decidió suavizar las condiciones impuestas por la CNMC que iban a hacer descarrilar la operación. El Ejecutivo de los populares utilizó el interés general como base para acabar permitiendo esa unión.

El Gobierno de Rajoy cambió las condiciones de la CNMC «en simetría con las que operan en el sector». Es decir, en línea con las que se impusieron en su día para dar luz verde a la fusión de Cuatro y Telecinco. Asimismo, argumentaron en ese momento su intervención para suavizar las condiciones para poder alcanzar los objetivos de regulación sectorial y del sector audiovisual «en un contexto de consolidación del sector de los operadores audiovisuales, de restricción presupuestaria y de contracción del mercado de la publicidad televisiva».