El Gobierno aprueba avales para hipotecas sin tener asegurado el apoyo de la banca

Se trata de garantías públicas, articuladas a través del Ministerio de Transportes y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), por las cuales el Estado avalará hasta el 20%, por norma general, a los citados colectivos; se busca que la falta de ahorro previo para dar la entrada de un piso no sea un problema en el acceso a la vivienda. Además, se contempla un 5% extra de aval público en casos en que el inmueble tenga calificación energética mínimo de 'D', aunque en ningún caso se podrá aplicar a préstamos que superen el 100% del valor de tasación o de compra (se tomará el menor).

Se podrán solicitar avales hasta el 31 de diciembre de 2025, pero no se extenderán durante toda la hipoteca. El Gobierno limita a un plazo de diez años la vigencia de los avales que se doten. Tras ello se extinguirán. La medida está destinada a jóvenes de hasta 35 años que ganen menos de 37.800 euros al año o a quienes tengan hijos menores a su cargo. Esto es 4,5 veces el Iprem, pero con alguna excepción. En el caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, el límite de ingresos se dobla. En el caso de familias con menores se incrementará el límite de ingresos en 0,3% por cada hijo; y en casos de familias monoparentales el tope se puede aumentar un 70%.

Esto es lo que se conoce hasta la fecha. La realidad es que hay varios asuntos pendientes. Entre los puntos más controvertidos está que el Gobierno no tiene asegurado que los bancos se vayan a sumar al convenio con el Estado para aplicar las medidas, ya que es voluntario. Fuentes financieras señalan que no ha habido contactos formales para sumar a la banca a estas ayudas por el momento. Desde Transportes apuntan que «en próximas semanas» confían en que esté operativo, sin aclarar fecha; desde Asuntos Económicos señalan que están «empezando a trabajar» con las entidades.

Asimismo, el escepticismo de los bancos siguen presente. Desconocen los detalles del convenio que se les invitará a firmar y no tienen constancia de la letra pequeña. Además, tienen dudas de la efectividad de la medida, y destacan que es posible que les cueste más poner en marcha la maquinaria de los avales a nivel tecnológico que luego las hipotecas que se vayan a firmar. También queda en el aire si se fijará un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, y si se fijará en función del ámbito territorial.

En el Consejo de Ministros de ayer también se dio luz verde a la movilización de 63.000 viviendas para alquiler social y asequible a traves de dos disposiciones. Una destinada a la construcción de 43.000 viviendas sociales para la que se habilitará una línea de financiación de 4.000 millones a cargo de fondos europeos y gestionada por el ICO, a la que podrán acceder promotoras públicas y privadas; y otra con la que se pretende movilizar otras 20.000 viviendas con el mismo destino en suelos actualmente de Defensa. En el caso de la línea de financiación que gestionará el ICO, los fondos irán dirigidos a promotores públicos y privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva a la adquisición de edificios públicos y privados para rehabilitar. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, con ese periodo máximo de referencia en el caso de que los terrenos a adquirir estén en proceso de ordenación urbanística, dijo Transportes.

En cuanto a las 20.000 viviendas destinadas al alquiler social canalizadas a través del Sepes y se movilizarán en los suelos de Defensa, la ministra Sánchez dijo que dispondrá de 8 millones de m2 ubicados en 14 comunidades, además de en Ceuta y Melilla. El valor estimado de la operación es de unos 620 millones, que será la transferencia que deberá hacer Hacienda a Transportes para hacerse con el suelo que el departamento de Margarita Robles gestiona a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .

Transportes concretó que las 20.000 viviendas proyectadas estarán ubicadas en 34 municipios, pero la mitad de ellas se concentrarán en Madrid. En concreto, serán 10.500 casas las que el Gobierno pretende desarrollar en suelo cercano a donde actualmente está contemplada la operación Campamento para la que se levantarán otras 10.700 viviendas destinadas al alquiler social.

Las movilizaciones de vivienda pública forman parte del plan de 184.000 casas que el Gobierno ha comprometido para los próximos años y que Sánchez ha ido anunciando a modo de goteo a las puertas de la campaña del 28M. Raquel Sánchez aseguró ayer que 67.000 de ellas ya están en marcha.