Las gasolineras deberán instalar puntos de recarga sin tener asegurado el acceso a la red

La norma, que ha sufrido innumerables retrasos y modificaciones en uno de los trámites parlamentarios más extendidos en esta legislatura, insta a las estaciones de servicio a poner muchos más puntos de recarga para los vehículos eléctricos en muchas más gasolineras. Pero uno de los principales problemas a los que se enfrentan es el contexto actual por el que atraviesa la distribución eléctrica. Las compañías del sector llevan meses reclamando una planificación que sea acorde a las necesidades de electrificación de la economía, como, por ejemplo, con las electrolineras, con una retribución que les permita llevar a cabo las inversiones en la red. Y, al mismo tiempo, piden agilizar los nuevos puntos de acceso necesarios, cuya tramitación está paralizada en muchos casos. Sin estos permisos, no es posible poner en marcha más electrolineras para los vehículos sin combustión, advierten en el sector.

Además, esas fuentes insisten en otra de las trabas con las que se encuentran diariamente a la hora de iniciar una instalación de este tipo: los trámites administrativos que deben superar para hacerlo en lo que consideran que es un laberinto entre municipios, comunidades o Estado, en su caso.

A esa dificultad se suma ahora el nuevo criterio que rige para obligar a ampliar la red de electrolineras: se realizará en función de las ventas actuales de cada estación de servicio, tal y como indica la Ley de Movilidad Sostenible. Es decir, cuantas más ventas de combustibles hayan registrado, más exigencias tendrán para instalar esas electrolineras. Aunque puede darse el caso de que se trate de una estación de servicio a la que acudan muchos camiones y apenas tenga visitas de coches eléctricos, apuntan fuentes del sector. Una discrepancia que va a provocar tensión en la rentabilidad de buena parte de estas instalaciones, indican esas mismas fuentes a ABC.

De la Cámara baja salió un texto por el que se obligaba a tener un punto de recarga de mayor potencia (400kw ahora y 600kw en 2027) a las gasolineras con ventas de más de diez millones de litros de combustible al año. Esa exigencia afectaba directamente a varias decenas de instalaciones, sin llegar al centenar. Pero el Senado ha incluido una enmienda por la que se obliga a las gasolineras a tener cargadores de 150 kw en estaciones de servicio con ventas de entre cinco y diez millones de litros de combustible al año. Ese impacto se amplía a varios centenares de estaciones de servicio de las 12.631 que hay repartidas en España.

Para el sector, esta fórmula para extender la red va a generar, en realidad, un «caos». Porque no sigue con el criterio europeo, de tener un punto de recarga cada 60 kilómetros de recorrido. Y sí concentrará electrolineras allí donde se vende más combustible, que no tiene por qué implicar una red mallada de enchufes para vehículos eléctricos por toda la geografía.

Además, sobre las gasolineras que no cumplan con las exigencias de los puntos de recarga pesa la losa de posibles sanciones que ya fueron aprobadas en 2021, al incluirlas en la Ley de Hidrocarburos, otro de los cambios por los que se queja el sector. Se trata de multas de hasta seis millones de euros, que en muchos casos tienen que pagar aunque no tengan la posibilidad real de poner electrolineras por los problemas de falta de red o viabilidad económica de cada estación.