Europa multa a España por retrasar la ampliación de permisos parentales pagados, obligatoria en toda la Unión

La directiva sobre conciliación establece unos requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores. Pero la confusión en cuanto a las nomenclaturas de los permisos ha campado a sus anchas en la fricción entre Madrid y Bruselas.

La norma comunitaria obliga a ampliar a dos semanas retribuidas los permisos de paternidad y maternidad para alcanzar las ocho semanas en total en toda la UE, hasta que los hijos cumplieran los ocho años de edad. Para intentar adaptarse a estas exigencias, el Gobierno optó por pagar otros permisos de cuidado: las dos semanas adicionales de las que España ya gozaba con el permiso maternal (16 semanas frente a las 14 que pedía la norma comunitaria); tres semanas vinculadas a la lactancia (otro permiso remunerado que existe en nuestro país); y las tres semanas adicionales que el Ejecutivo ha puesto en marcha este mismo martes (una durante el primer año de vida del hijo y las otras dos hasta que cumpla los ocho años). Son ocho semanas pero no se encuentran bajo el mismo paraguas lingüístico de "permiso parental" que exige la Comisión.

La norma comunitaria entró en vigor en julio de 2019 pero dio más tiempo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que quedó aplazado a agosto de 2022 el plazo para trasponer la mayor parte de las disposiciones, que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada, y dejó para agosto de 2024 la que se refiere al pago de las dos últimas semanas.

Fue la Comisión Europea la que avisó de que España no había transpuesto plenamente la directiva, especialmente en lo relativo a las trabajadoras regidas por el Derecho laboral y a los empleados públicos regulados por el Derecho administrativo.

En su sentencia, el TJUE falla que España ha incumplido el plazo de trasposición y que al no haber adoptado todas las medidas necesarias ni, por ende, haberlas comunicado a la Comisión Europea, España ha persistido en su incumplimiento.

Es por ello que condena a España a pagar al Ejecutivo comunitario un importe de 6.832.000 euros, «en caso de que el incumplimiento persista en la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia», y a una multa de 19.700 euros al día mientras siga sin poner remedio al incumplimiento. El TJUE también le condena al Estado a cargar las costas judiciales propias y las de la Comisión Europea.

Desde ahora, las familias contarán con tres nuevas semanas de permiso por nacimiento y cuidados, que pasan de las actuales 16 semanas que disfrutan por igual hombres y mujeres a 19 semanas. Estas tres semanas de prestación de maternidad y paternidad, estará a cargo a la Seguridad Social y, por lo tanto, su cuantía será del 100% de la base reguladora; es decir, los beneficiarios recibirán su sueldo al completo durante este tiempo.

En el caso de los permisos parentales, fueron creados en junio de 2023, con una duración de ocho semanas de ausencia al trabajo para el cuidado de hijos menores de ocho años. Ahora, fruto del acuerdo entre el PSOE y Sumar, la Seguridad Social retribuirá dos semanas adicionales a las ocho actuales de este permiso. Hasta ahora el permiso parental está configurado como una «suspensión de empleo», lo que supone que las ausencias de esos días se descuentan del salario.