Las ayudas que negocian el Gobierno y los bancos para evitar impagos en las hipotecas de los hogares vulnerables

Bajo ese escenario, el Gobierno lleva semanas presionando a la banca para articular una serie de ayudas para que los hogares con menos posibilidades de pago puedan seguir cumpliendo con sus cuotas. Y las entidades financieras han recogido el guante y se han puesto a negociar, pese a que ya 'motu proprio' están ofreciendo soluciones individuales a sus clientes con más apuros, como publicó ABC.

Este periódico ha tenido acceso al borrador de decreto que prepara el ministerio, adelantado por Efe, «por el que se aprueba un protocolo temporal de extensión de plazos para determinados deudores hipotecarios». Un documento que todavía no está cerrado pero que las partes esperan acordar en los próximos días.

El decreto, por ahora, solo contempla una medida de apoyo: la ampliación del plazo del préstamo. «La aplicación de las medidas de alivio dará como resultado la reducción del importe de las cuotas periódicas del préstamo hipotecario que resultarían del incremento del tipo de interés de acuerdo con lo pactado en el contrato mediante el alargamiento del plazo de amortización del préstamo hasta un periodo máximo de cinco años», señala el documento.

Se trataría de extender hasta cinco años el plazo de amortización, con matices: siempre que el periodo resultante no sea superior a 40 años y que la cuota tras la novación del préstamo no sea inferior a la última existente antes de la revisión del tipo aplicable.

Así las cosas, una vez acordada la ampliación del plazo y hasta su vencimiento final, «el principal pendiente del préstamo se amortizará mediante las nuevas cuotas periódicas ajustadas al nuevo plazo de vencimiento, y continuará devengando el interés que corresponda conforme a las cláusulas inicialmente pactadas». Es decir, que la ayuda en lo que consiste es en que al ser el plazo más largo, la cuota bajará, pero no se actúa sobre el tipo de interés. Este continuará siendo el mismo, diferencial más euríbor, pero al dividirse el principal entre más cuotas a lo largo del tiempo, lo que resulta a pagar mes a mes es menor porque se difiere más en el tiempo.

Con todo, de esto solo podrá beneficiarse aquella población considerada vulnerable. Para ello el decreto establece una serie de requisitos a cumplir. Entre ellos, como norma general, que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el IPREM en 14 pagas, lo que equivale a 24.318 euros al año.

Asimismo, se fija como requisito que al momento de realizar la solicitud de novación del préstamo «la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo financiero». Eso se entiende cuando dicho esfuerzo se haya incrementado en un 30% desde la última revisión del tipo de interés.

También se señala como condición para acceder a la posibilidad de ampliar el plazo «que la cuota hipotecaria resultante de la actualización de tipos resulte superior al 40% de los ingresos netos de impuestos personales que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar».

Más allá de ello, todo estará condicionado a que las entidades financieras firmen y se sumen al citado protocolo. Además, cualquiera de las partes podrá exigir la formalización en escritura pública de la novación del contrato.

Sin embargo, antes de este borrador, que data del 18 de octubre, hubo otras propuestas sobre la mesa. Y todavía siguen negociando las partes el texto final, con aportaciones que van realizando las patronales bancarias AEB y CECA.

Por ejemplo, trascendió hace escasos días que Caixabank había propuesto una congelación de las cuotas hipotecarias, es decir, que temporalmente a aquellos usuarios vulnerables no se les aplique la subida del euríbor cuando les toque actualizar el tipo aplicable.

Asimismo, también se han planteado periodos de moratoria para usuarios vulnerables en un estilo similar al que se pactó durante lo peor del Covid-19 y mayor flexibilidad en las condiciones para poder acogerse a las medidas, que formarían parte del Código de Buenas Prácticas que ya existe.