Escribano compra el 3% de Indra por 65 millones de euros

Se trata de una firma involucrada en varios proyectos del Ministerio de Defensa. Entre ellos, el de la construcción del nuevo blindado 8x8 del Ejército de Tierra. Un contrato por 348 vehículos valorado en 2.400 millones de euros y que desarrolla bajo el paraguas de una UTE que comparte con la propia Indra, Santa Barbara Sistemas y SAPA (también en el accionarido de la empresa semipública).

Escribano destaca que esta operación le sirve para incrementar su posición de referencia en el sector de la Defensa en España. «Es fruto de una clara apuesta por la solidez de la industria española de Defensa, un sector puntero y estratégico para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, con el que Escribano tiene un fuerte compromiso y en el que quiere aportar su experiencia», han señalado fuentes de la empresa tras anunciar la operación.

La empresa, fundada en 1989 por Ángel Escribano, comenzó su andadura como un pequeño taller de mecanizados. Los dos hijos del fundador, Ángel y Javier Escribano, presidente y CEO actuales, han sido los responsables del crecimiento que la compañía ha tenido en los últimos diez años, en los que ha pasado de 80 a 700 empleados, con una facturación estimada para 2023 de 140 millones de euros y con operaciones en más de 20 países.

Con esta incorporación, el Gobierno también suma un gran aliado en el terreno de la defensa, en un momento en el que busca potenciar este negocio en Indra, empresa que controla a través de la SEPI con el 25% del capital social. El accionista más relevante, según los datos disponibles en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Es también una cara conocida para el Gobierno en un momento donde busca sumar apoyos en la toma de decisiones dentro de la empresa, como ya ha contado este periódico en distintas ocasiones. En los dos últimos años, esa intensiva se ha hecho patente desde que en mayode 2021 se forzara la salida del entonces presidente, Fernando Abril-Martorell y este fuera relevado por Marc Murtra, empresario cercano al PSC, aunque sin poderes ejecutivos.

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Un año más tarde llegó el golpe de mano. A través de distintas compras, el Gobierno saltó del 18,7% del accionariado hasta el 25% y en la junta de accionistas de 2022, la SEPI (con el apoyo de Amber y Sapa) asaltó el consejo de administración. El máximo órgano de dirección acabó por quedarse sin consejeros independientes entre ceses, no renovaciones y dimisiones.

El último movimiento relevante llegó con el cese de su consejero delegado Ignacio Mataix el pasado mes de marzo. La empresa vinculó esta salida «a la definición del próximo plan estratégico que la compañía tiene previsto definir para los próximos años». Mataix continúa en el puesto a la espera de que el consejo de administración nombre un nuevo CEO.