editorial

Indra y el interés general

La salida del consejero de Indra es el acto final de la intervención gubernamental, la cual no parece fundarse en el bien común, sino en el de sus aliados empresariales

08/03/2023 a las 01:32h.

La cotización de Indra se ha desplomado tras el anuncio de la salida de su consejero delegado, Ignacio Mataix. Aunque se mantendrá en el cargo hasta que los accionistas encuentren un sucesor, estamos ante el último capítulo de una operación política dirigida desde el gobierno, ... que es el principal accionista de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), para reorientar el papel y la misión de la compañía. El Ejecutivo no ha titubeado en atropellar la gobernanza corporativa con el fin de imponer sus designios, primero promoviendo a Marc Murtra, un hombre próximo al socialismo catalán, como sucesor de Fernando Abril-Martorell, quien dimitió en mayo de 2021, y después, dinamitando el consejo de administración por la vía de expulsar a los consejeros independientes en colaboración con otros dos accionistas en junio de 2022.

Este último episodio fue tan escandaloso que mereció una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se cerró la víspera de Nochebuena y concluyó, muy tibiamente, que no había existido concertación entre la Sepi y otros dos socios (Sapa y Amber Capital, éste último accionista de referencia del grupo Prisa), lo que les hubiese obligado a lanzar una Opa sobre el total del capital de la compañía, sino que se habían limitado a «cooperar» con «la participación activa» de Murtra. El resultado de dicha cooperación fue que se desituyó a cinco consejeros independientes. En ese momento se entendió que Indra había evitado una sanción aceptando tácitamente que Murtra no sería nombrado presidente ejecutivo ya que la CNMV estimó que el hecho de que esa designación no se produjese era la 'pistola humeante' que probaba la falta de concertación. Ahora, la salida de Mataix ha vuelto a poner esta alternativa sobre la mesa y, aunque Murtra no llegara a asumir funciones ejecutivas tiene las manos libres para buscar un consejero delegado a su imagen y semejanza.

Este movimiento deja en mal lugar a Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV, que avaló la investigación finalizada en diciembre y cuya conclusión sienta un mal precedente para la calidad del gobierno corporativo español.

Con todo, salvando estas cuestiones importantísimas, podría defenderse que el Gobierno quiera cambiar el rumbo de una empresa en la que es accionista mayoritario si actuara en nombre del interés general, pero en el caso de Indra esto resulta dudoso. Nada de lo actuado podría haberse hecho si la Sepi no hubiera sumado su 28% con la participación de Sapa, una empresa vasca del sector de Defensa que en diciembre de 2021 adquirió el 5% de Indra a la familia March, y, sobre todo, sin la connivencia de Amber Capital, el fondo activista controlado por el inversor francés Joseph Oughourlian que posee más del 5% de Indra y controla, con casi un 30% de las acciones, el grupo Prisa, dueño del diario 'El País' y de la Cadena Ser. Oughourlian, que exhibe excelentes relaciones con el Gobierno de Sánchez, tiene el privilegio concedido por el Consejo de Ministros de poder adquirir hasta un 9,9% de Indra lo que le asegura el acceso a pingües beneficios en una compañía que está situada en uno de los sectores más boyantes de la economía debido al aumento del gasto militar causado por la guerra de Ucrania. Esto plantea la cuestión de si en Indra se está actuando en nombre del interés general representado por el Estado o, si como parece evidente, en el de esas otras dos sociedades que se han convertido en aliados preferenciales del Gobierno, pero que sólo buscan su propio beneficio.