Indra se desangra en Bolsa ante el vacío de poder y pulsos políticos

La compañía explicaba a la CNMV que tras la decisión tomada por ambas partes, se abría ahora un proceso de sucesión en el que el actual CEO se mantendrá en su puesto hasta que le encuentren sustituto. De momento, en manos está de una consultora internacional, algo que, según fuentes financieras, en el lenguaje empresarial y para los propios fondos «es reírse del inversor». Es el «resurgir de la inseguridad total», porque las grandes empresas, y más las estratégicas, «necesitan mayor seguridad jurídica, más seriedad, y menos frivolidad a la hora de hacer movimientos en una gran compañía pública en un clima de cambio de Gobierno».

El caso es que mientras llega o no una terna con los mejores candidatos a liderar la nueva Indra, que incluya una vía de solución interna que dé continuidad a la gestión y confianza a los accionistas, Mataix seguirá prestando sus servicios a un consejo de administración descabezado, con un vacío de poder absoluto bajo la presidencia de un ejecutivo 'no ejecutivo', Marc Murtra, que lo es así por deseo expreso de los accionistas, a pesar de las contínuas presiones llegadas desde La Moncloa.

Parece evidente que la larga mano del Gobierno y sus 'satélites' en Indra ha querido sorber y soplar a la vez. O sea, ha querido anunciar la destitución del CEO al tiempo que intentar colar que permanece en la empresa. Si era válido, ¿por qué le quitan? Y si no lo era, ¿por qué le dejan? El severo castigo bursátil es solo el síntoma de que algo se está haciendo mal en Indra, el aviso de una enfermedad que solo la CNMV parece no ver y que le sigue costando el dinero a los accionistas. De hecho, el organismo regulador se volverá a mantener en un segundo plano, como ya ocurriera cuando le dio carpetazo a su investigación sobre la acusación por el 'supuesto' asalto del Gobierno y sus aliados a Indra. Archivó el caso, porque dijo no poder acreditar que ese acuerdo respondiera a «una acción concertada para el control de la gestión de Indra».

Pero el objetivo de hacer desaparecer tiempos pasados parece estar conseguido. El Gobierno se quita de en medio ese, decía, último mohicano de la alta dirección de la antigua Indra, que, por cierto, contaba con la confianza total de los fondos internacionales, y le toca pensar en la nueva Indra, la empresa estratégica española por excelencia. Sobre todo en temas de Defensa, IT e Ingeniería y Telecos, cuya núcleo de actividad es clave por ser uno de los ejes estratégicos para captar fondos europeos: la digitalización.

Para rematar el descabezamiento, donde convivirán no se sabe por cuánto tiempo un presidente que tiene limitada la capacidad ejecutiva y un CEO que queda relegado a mero asesor del consejo de administración, la empresa estratégica incluye en la ecuación a una supuesta consultora internacional, repitiendo la jugada del reciente asalto al órgano de gobierno. Entonces se intentó tapar lo ocurrido con la contratación de un 'head hunter' de consejeros. Ahora es una consultora.

Urge pues un remedio urgente y profesional, enviando una señal inequívoca al mercado, porque si no se destruirá gran parte del valor de la compañía. Alguien debería examinar las cuentas de Indra y determinar qué funciona y que falla. Lo segundo parece claro con la salida de Mataix. Lo primero es más sencillo: ¿de dónde viene el grueso de los beneficios de Indra? ¿Cuál ha sido la locomotora de los resultados de la compañía en los últimos años? Si la respuesta es Defensa, la solución es dejar a Mataix. Si el mérito proviene del área de Minsait -su división de ingeniería, que hoy aporta el 65% de los ingresos de la compañía-, el hombre que debiera regir los destinos de Indra es Luis Abril, quien además ya forma parte del consejo. El resto serían «excusas de mal pagador». Y los accionistas e inversores se merecen un respeto.

Por una vez, quizás, deberían dejar el politiqueo -la política es otra cosa- y aplicar el criterio profesional y el cumplimiento de los objetivos financieros y no financieros para salvar el buen nombre de Indra, asegurar su solvencia y preservar la reputación de España y sus empresas ante la comunidad internacional. Igual es mucho pedir. Ese otro camino lleva directo a la destrucción de valor, a la inseguridad y al posterior despiece de la compañía con la cantinela de que las partes valen más que el todo. Quizás no es casualidad.