Elma Saiz, el guiño a Santos Cerdán para dirigir el Ministerio de Seguridad Social

Aunque cuenta con un perfil técnico -es licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal-, desde hace más de 20 años su nombre ha estado vinculado al PSN. Además de parlamentaria en el Gobierno foral y concejala en el Ayuntamiento de Pamplona, Saiz ha sido delegada del Gobierno de España en Navarra entre 2008 y 2012; directora del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia en ese último año; y consejera de Economía y Hacienda desde 2019, cargo que dejó el pasado abril para centrarse en tratar de alcanzar la alcaldía de la capital navarra. Su nombramiento se interpreta como un guiño de Sánchez al secretario de Organización del PSOE y también navarro Santos Cerdán, enviado por el presidente del Gobierno a Bruselas para conseguir el acuerdo con Puigdemont.

De hecho, Santos Cerdán fue quien, en mayo de este año, acompañó en el inicio de campaña a la entonces candidata a presidir el Gobierno de Navarra, María Chivite, y a la candidata a dirigir el Ayuntamiento de Pamplona, Elma Saiz. «Nos tenemos que sentir orgullosos los socialistas navarros de tener a dos grandes mujeres al frente de esas dos grandes candidaturas», dijo Cerdán, que insistió en que «los socialistas gestionamos mejor que nadie la economía».

Ahora, y sustituyendo así a José Luis Escrivá, Saiz se situará al frente de la cartera de Seguridad Social. Acostumbrada a negociar con nacionalistas, Saiz tiene entre sus cometidos más inmediatos la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, pactada con el PNV. Una medida que, a juicio de los inspectores, abre la puerta a la quiebra del actual modelo de solidaridad entre regiones. En concreto, y con el fin de atar sus votos para la investidura, Sánchez se comprometió a traspasar la gestión económica de la Seguridad Social al País Vasco en un plazo de dos años, como uno de los compromisos incluidos en el calendario de traspaso de competencias fijado en el Estatuto de Gernica.

Al margen de esto, y entre otros asuntos, Seguridad Social tiene asignada también la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Una prestación de nuevo cuño que su antecesor en el cargo se apresuró a aprobar en tiempos de pandemia para articular una malla de renta para las personas en riesgo de pobreza y exclusión pero que se ha encontrado con los obstáculos de coordinar la ya existentes rentas autonómicas de inserción, el equivalente al IMV que funcionaba previamente en las diferentes comunidades autónomas pero que no era homogéneo en sus cuantías y su acción protectora. El IMV alcanzó 703.538 hogares ( y 2.057.468 personas), según la estadística de la Seguridad Social (INSS) a cierre de octubre. Rozando cuatro años después el objetivo marcado de llegar a las 800.000 personas con esta ayuda en nuestro país.

Con todo, la materia mollar del Ministerio que dirigirá Elma Saiz quedó ya despachada en el anterior mandato con los cambios más profundos introducidos en la Ley General de la Seguridad Social entre los años 2021 y 2023 con ambas reformas del sistema de pensiones. Si bien, pese a que el Ejecutivo aceleró toda la producción normativa que restaba por aprobar en los meses previos y posteriores a la celebración de las elecciones de cara a poder presentar el paquete en su conjunto a Bruselas para que los técnicos de la Comisión Europea evalúen la procedencia de las medidas aplicadas, lo que dará derecho a la llegada del cuarto tramo de los fondos europeos que le brindará a España otros 10.000 millones de ayuda a fondo perdido -que se sumaría a los 37.000 millones que ya ha percibido nuestro país-.

Tal y como se esforzó el Ejecutivo en aclarar tanto en los últimos compases de la negociación del segundo paquete de medidas aprobado este mes de marzo como en los semanas posteriores a la celebración de elecciones generales, cuando se aceleró el cierre de los últimos flecos comprometidos en el componente 30 del Plan de Recuperación, este 'ok' por parte de las autoridades comunitarias estaría asegurado. Más allá, será ya bajo el mandato de Saiz cuando se termine de activar uno de los elementos cruciales de la reforma: el fondo público de pensiones y los planes de empleo simplificados.

Cabe recordar que este artefacto de ahorro previsional complementario alumbrado por el gabinete técnico de Escrivá es crucial para el mencionado visto bueno de Bruselas a la reforma, si bien los procedimientos técnicos han demorado la activación final del vehículo financiero de promoción pública y gestión privada hasta comienzos de 2024. También queda en manos de Saiz el último empujón que el Gobierno pretende dar en materia de pensiones para tratar de aumentar la tasa de trabajadores que se mantienen en su puesto de trabajo una vez alcanzada la edad legal de jubilación -66 años y 6 meses desde 2024- mediante la reforma del esquema de incentivos a la contratación para la extensión de la vida laboral con las fórmulas de relevo y jubilación activa.

Menos claro está el resultado del 'gran momento' que afrontará la ministra Saiz en 2025 cuando llegue el primer balance de las medidas aprobadas por el Gobierno, ya tras el esperado visto bueno de Bruselas a la medida, cuando la OCDE hará público el informe de previsiones demográficas y de gasto en materia de pensiones para el medio plazo. Este dato, unido a la evaluación que realice la Airef sobre el desempeño en términos de ingresos de las nuevas medidas aprobadas, determinará las actuaciones a llevar a cabo por parte del poder ejecutivo en términos de necesidades para cubrir el déficit del sistema.

La normativa aplicable al mecanismo de equidad intergeneracional prevé que si el desequilibrio presupuestario se prevé al alza en los siguientes ejercicios será necesario activar una de las dos palancas establecidas para este objetivo: elevar las cuotas para un mayo refuerzo de los ingresos por cotizaciones sociales o reducir el gasto en prestaciones. Un escenario, llegado el caso, que proyectan el Banco de España y la Airef, que haría al Gobierno tener que acordar con los agentes sociales y con los partidos políticos en el Pacto de Toledo la estrategia para reducir el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.