Díaz adopta un perfil bajo para lograr un primer pacto de legislatura que incluya a la CEOE en la subida del salario mínimo

La primera toma de contacto para la subida del salario mínimo interprofesional en 2024 se zanjó este jueves con varias cuestiones claras: aún no existe una propuesta formal por parte del Ministerio de Trabajo, la patronal mantiene su oferta de revalorización del 3% para 2024 y 2025, los sindicatos abogan por un alza del 5% en el próximo año, y amabas partes han trasladado al gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra Yolanda Díaz la necesidad de adaptar los contratos públicos al avance de la inflación para evitar situaciones de precariedad vinculadas a los servicios prestados a la Administración.

Concretamente, fuentes de la negociación trasladan a ABC el marcado perfil bajo de Díaz, que se ha entendido como una declaración de intenciones de cara a lograr un primer consenso amplio, tripartito, que incluya tanto a la patronal representada por CEOE y Cepyme, como a los sindicatos UGT y CC.OO. en lo que supondría un mensaje potente en un momento de máxima polarización en lo que a la política afecta.

En este sentido, las partes han acordado una máxima discreción sobre las cuantías que se manejan, si bien desde la patronal han trasladado tanto a los representantes sindicales como a los responsables del Ministerio de Trabajo que se mantendrán firmes en su oferta, ya que está alineada con las cuantías pactadas para este año en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Así, la propuesta empresarial se mantiene en un alza del 3% para 2024, desde los 1.080 euros actuales por catorce pagas hasta los 1.112,4 euros al mes, y aplicar otra subida del 3% para 2025, lo que le situaría por entonces en 1.145,77 euros mensuales. "Nos mantendremos firmes en nuestra propuesta de subida salarial", señalaba en declaraciones para ABC el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que valoró la reunión por constructiva y por haber transcurrido con una predisposición al acuerdo.

Aunque desde UGT y CC.OO. no han confirmado públicamente su postura final, fuentes del diálogo social trasmitían al término de este primer encuentro que su puja ascendería hasta el 5% para el próximo año.

En este sentido, dos aspectos importantes se colaron en esta primera toma de contacto. Por un lado, la reivindicación empresarial de vincular al IPC los contratos públicos fue apoyada por los sindicatos. Y también las partes han sido proclives a explorar un marco propio de incremento del salario mínimo para el sector de la agricultura, uno de los más afectados por estas actualizaciones al tener a un mayor volumen de empleados sujetos a este rengo más bajo de la escala salarial.

En este sentido, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente Peralta, y el vicesecretario general de política social, Fernando Luján de Frías, confirmaron que la primera reunión acabó «sin acuerdo». «En esta reunión se han abordado la petición realizada por parte de la CEOE de actualizar los contratos que mantiene el Estado con los trabajadores para que estos se actualicen también, siempre y cuando esta actualización vaya destinada a las personas trabajadoras y se garantice la estabilidad del empleo a los trabajadores de la administración pública», explicaba Luján.

Asimismo, UGT y CCOO aseguran que durante la reunión se ha mantenido el objetivo de ambos sindicatos de que el SMI no sea inferior al 60% del salario medio y que se actualice teniendo en cuenta el aumento de los precios de los alimentos, para mantener el poder adquisitivo en las familias. «Creemos que si se cumplen estos parámetros se podrá llegar a un acuerdo», apuntaba Luján a la salida del encuentro.

El enfrentamiento con los empresarios por la evolución del SMI ha sido constante en los últimos años. La titular de Trabajo no ha logrado arrimar a la CEOE a un acuerdo desde 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros. La rúbrica de la patronal se justificó entonces como un mal menor con el que desplazar un incremento mayor. Desde aquel año, la organización que dirige Antonio Garamendi no ha suscrito ningún aumento y el salario mínimo ha sido, además, causa de enfrentamiento con el Gobierno. Las empresas alertan año tras año de los daños para el empleo de una escalada como la acometida desde que gobierna Pedro Sánchez, de más del 50%.

La subida del salario mínimo es una competencia que tiene el Gobierno. La ley sólo le obliga a abrir un periodo de consultas con los agentes sociales, pero la decisión última compete en exclusiva al Ejecutivo. Pese a ello todos los gobiernos han buscado siempre un entendimiento en las mesas del diálogo social, en las que Yolanda Díaz hará pública su propuesta después de conocer el informe del comité de expertos del Ministerio nombrados por ella.