en la nueva ley de función pública
CSIF acusa al Gobierno de perpetuar el enchufismo en los nombramientos de altos cargos públicos
Rechaza el proyecto de Ley de Función Pública aprobado este jueves por el Ejecutivo por ignorar el teletrabajo o los incentivos a la jubilación
Montero abre una guerra con los altos directivos del Estado por el ascenso exprés de funcionarios
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la tribuna de oradores del Congreso
La esperanza de que la nueva Ley de Función Pública sirviera para regular el acceso a los puestos directivos de la Administración a partir de un sistema basado en la capacidad y los méritos demostrados durante la trayectoria profesional ha caído en saco roto. ... Tras más de una semana de espera el Consejo de Ministros ha dado este jueves su visto bueno definitivo al proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y pocos minutos después el sindicato mayoritario en la AGE, CSIF, manifestaba su rotundo rechazo al proyecto entre otras cosas por «favorecer el enchufismo del personal directivo».
El Gobierno, que ha utilizado la norma para desarrollar un estatuto del personal directivo que estaba pendiente de regulación desde el año 2007, ha decidido no introducir modificaciones relevantes en el proceso de selección de los directivos públicos, muy criticado tanto por la plataforma que reúne a los altos directivos del Estado (Fedeca) como por el sindicato CSIF por el amplio margen que deja a la arbitrariedad y por su escasa cuando no nula vinculación con la carrera profesional y con los méritos acumulados durante la misma.
«La regulación del personal directivo se sigue estableciendo por libre designación. CSIF reclama que sea fruto de la carrera profesional para evitar la politización de las administraciones y el enchufismo», subraya CSIF en su comunicado de valoración de la nueva Ley de Función Pública, que sin embargo sí ha sido apoyada por CC.OO. y UGT.
CSIF sustenta su rechazo a la norma en que «no desarrolla reivindicaciones fundamentales para el colectivo de empleados públicos» entre las que menciona el teletrabajo, la jornada de 35 horas, la movilidad profesional, el derecho a la jubilación parcial o los incentivos económicos a la prolongación de la vida laboral, que el Gobierno sí ha regulado para el sector privado.
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