La cotización de los becarios paraliza el plan del Gobierno para captar talento universitario para la Administración

El nuevo esquema, incluido en el Real Decreto Ley que sustanció la segunda fase de la reforma de las pensiones, de marzo del año pasado, instauró la obligación de cotizar también por las prácticas no remuneradas y estableció que en esos casos «el cumplimiento de la obligación con la Seguridad Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en que se desarrollen aquellas», lo que obligaría al INAP a asumir esa obligación. Y no solo eso sino también a cargar con los costes administrativos asociados a tramitar las altas y las bajas de los becarios.

Ante esta situación, y tras realizar una consulta previa a la Abogacía del Estado, el organismo decidió paralizar el programa «con el fin de no incurrir en gastos por el desarrollo de las prácticas no remuneradas«, según reconoce en un informe de evaluación de sus proyectos estratégicos al que ha tenido acceso ABC.

La oferta de prácticas no remuneradas en organismos de la Administración del Estado para estudiantes universitarios es uno de los programa clave de la estrategia activada por el área de Función Pública del Gobierno en el año 2019 para captar nuevos talentos para el sector público.

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La iniciativa partió de un diagnóstico compartido con la plataforma que representa a los cuerpos superiores de la Administración, Fedeca, sobre la dificultad objetiva para cubrir las convocatorias de plazas de inspectores de Hacienda, abogados del Estado, técnicos comerciales y resto de cuerpos de élite de la Administración y sobre el desplome de la cantera de opositores durante los años posteriores a la crisis financiera.

Preocupados por la falta de relevo en puestos clave y por la aparente falta de atractivo de los trabajadores ofrecidos por la Administración del Estado para los más jóvenes, se activó una estrategia de atracción de talento en la que se enmarcan iniciativas como las jornadas de captación de talento que desde 2019 se celebran en diferentes universidades para dar a conocer el amplísimo catálogo de ocupaciones que ofrece la Administración del Estado y la oferta de prácticas no remuneradas en organismos estatales, como vía para facilitar el conocimiento de la Función Pública a los universitarios.

La entrada en vigor de las nuevas obligaciones asociadas a lo que se ha dado en llamar el Estatuto del Becario ha obligado a los organismos del Estado a replantearse su estrategia justo cuando esta empezaba a coger vuelo. Así lo reconoce el informe de evaluación sobre el cumplimiento de los proyectos estratégicos del INAP. «El instituto (en referencia el INAP) decidió suspender la oferta de prácticas académicas no remuneradas (que se iniciarían en 2023, pero continuarían en 2024, periodo de comienzo de las obligaciones a la Seguridad Social) y valorar la modificación de los convenios vigentes para el traslado de las obligaciones a la Seguridad Social a la universidad de procedencia del alumnado en prácticas«, refiere el informe.

Y ese es el trabajo que está haciendo ahora no solo el INAP sino todos los organismos dependientes del Estado que han activado de un tiempo a esta parte programas para ofrecer prácticas no remuneradas a estudiantes universitarios interesados en las tareas del servicio público.

Como ya avanzó ABC, el Gobierno ha dado instrucción a todos los organismos del Estado que ofrecen prácticas no remuneradas de agarrarse a la salvedad legal que permite cargar la cotización de los becarios a los centros de origen de los estudiantes y no a los de destino, como establece la ley con carácter general. Desde inicios de año, el BOE ha publicado decenas de renegociaciones de convenios de organismos públicos como el INE, la IGAE, la Agencia Tributaria o varios ministerios con diferentes universidades para regular que sean estas y no la Administración las que asuman la factura de la cotización de los becarios.

De hecho, el INAP revela que la recomendación de la Abogacía del Estado fue «paralizar la suscripción de nuevos convenios con universidades hasta apreciar cómo se resolverá la negociación con las universidades con las que actualmente existe convenio».

Mientras resuelve el problema generado por la cotización de los becarios, que el INAP confía en superar este mismo año para poder reactivar la oferta de prácticas no remuneradas, el Gobierno ha empezado a actuar en otros flancos para reanimar la cantera de opositores y garantizar un relevo generacional cada vez más inminente.

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La estrategia del Ejecutivo pasa por hacer más accesibles las pruebas de acceso a la Administración, que para algunos puestos concretos sobre todo de cuerpos superiores se habían convertido en una barrera casi infranqueable para muchos de ello, aligerando los temarios, eliminando en algunos casos las temidas pruebas orales y facilitando becas para que personas con menos recursos también puedan afrontar las oposiciones que exigen una mayor preparación. Pero sobre todo ensanchando de forma significativa las ofertas de empleo público, lo que ha generado un efecto llamada que el Gobierno ya empieza a apreciar y que según sus datos ha permitido incrementar en un 10% los aspirantes a entrar en la Administración hasta los 180.000.

Además el plazo entre el inicio de la oposición y su resolución, otro de los factores que echaba para atrás a los opositores, se ha reducido a diez meses en algunas convocatorias.