El Estado endosa las cotizaciones de sus becarios a las universidades

La medida, incluida en el Real Decreto Ley que sustanciaba la segunda fase de la reforma de las pensiones, de marzo del año pasado, establece en su redacción que «en el caso de prácticas no remuneradas el cumplimiento de la obligación con la Seguridad Social corresponderá a la empresa, institución o entidad en que se desarrollen aquellas», es decir, que en este caso deberían ser los organismos estatales en que se realicen las prácticas los que deberían asumir esa obligación.

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Gonzalo D. Velarde

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Sin embargo, la norma establece una salvedad, que permite tanto a entidades públicas como a fundaciones o empresas regular de forma específica los convenios reguladores de esas prácticas formativas para que sean las universidades las que se hagan cargo tanto de los costes administrativos como de los económicos. Y eso precisamente es lo que están haciendo de forma generalizadas las entidades y organismos dependientes del Estado.

En los últimos días, el BOE ha publicado las modificaciones introducidas por no menos de una docena de instituciones y entidades del Estado en los convenios que mantienen con diferentes universidades de todo el país para dejar bien claro que no asumirán el coste económico y administrativo de la reforma gubernamental, y que tendrán que ser los centros donde cursan estudios los alumnos que hagan prácticas en sus centros los que tendrán que asumir el pago de las cotizaciones asociadas a sus periodos de prácticas en la Administración.

El Instituto Cervantes, la Aemet, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ministerio del Interior, la Intervención General del Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria e incluso los ministerios de Política Territorial, de Justicia y de Defensa del que dependen las delegaciones del gobierno, han aprobado modificaciones en sus convenios con universidades para que sean estas las que paguen las cotizaciones de sus estudiantes por los periodos de prácticas que desarrollen en la Administración del Estado. Se da la circunstancia de que en los últimos años, el Estado ha fomentado este tipo de prácticas ante el desplome de la cantera de opositores y las dificultades para captar talento universitario.

Fuentes de la sectorial de CRUE consultadas por este medio señalan que también el Ministerio de Seguridad Social se ha puesto en contacto formalmente con los centros educativos de enseñanza superior para comunicar que no se hará cargo de estos costes asociados a la implantación de la nueva normativa. «Se están cambiando los convenios por parte de las universidades a petición de las empresas y administraciones», explican asegurando que esta operativa la están aplicando la práctica totalidad de organismos y empresas públicas -a excepción de algunos como el Banco de España o el Icex-, que han declinado en sus convenios la responsabilidad sobre las nuevas cargas.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, promotor de esta norma que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vendió en su día como el fin del fraude en las prácticas de los estudiantes, se explica la utilización masiva de la salvedad prevista en la norma en que "se hizo un planteamiento amplio para que las cotizaciones pudieran ser asumidas por diferentes entidades" y se enmarca dentro de la normalidad: "que lo hayan asumido las universidades nos parece bien porque tienen una visión más global y tienen una cobertura de muchos estudiantes". Nada explica de por qué entonces la norma estableció que el pago correspondería a las empresas, entidades o instituciones donde se hicieran las prácticas.

Los organismos que han comenzado a modificar sus convenios de colaboración tienen sus propias explicaciones. Desde el INE se apela a que no disponen de ningún concepto presupuestario para abonar las cuotas de Seguridad Social de los estudiantes que realizan prácticas no remuneradas en el instituto estadístico, y que por ello han tenido que modificar el convenio. La IGAE, por su parte, valora la importancia de estas prácticas, pero subraya que se trata de "prácticas curriculares y extracurriculares que forman parte de las enseñanzas universitarias, es decir, forman parte de la carrera del estudiante o están vinculadas a los que han estudiado".

Es cierto que el coste económico de la maniobra para los centros universitarios se verá amortiguado por la bonificación del 95% sobre las cotizaciones a pagar -ya se verá si transitoria o permanente-, que reconocerá durante 2024 la Seguridad Social en estos casos y que dejará en unos 44 céntimos por día y estudiante el coste para las universidades de pagar las cuotas sociales de sus alumnos. Para unas prácticas de dos meses el coste por alumno sería de algo más de 25 euros. Teniendo en cuenta que según las estimaciones realizadas cuando se estaba negociando esta ley habrá alrededor de medio millón de universitarios en esta situación, el coste total a asumir por las universidades rondaría los 13 millones de euros.

Sin embargo, los centros formativos están acusando en mayor medida el coste administrativo que conlleva el tener que dar de alta y baja de la Seguridad Social a los alumnos que realizan prácticas no remuneradas, que se cuentan por cientos de miles. Argumentan desde la CRUE que las universidades están teniendo que reforzar plantilla para hacer frente a las gestiones y explican que «se ha tenido que comprar programas informáticos» para digitalizar las operaciones.

Además, explican que si bien no se está recibiendo respuesta desde las consejerías ni el Ministerio de Educación sobre las posibles compensaciones que se pudieran ofrecer a los centros educativas para mitigar las nuevas cargas, organismos como la Junta de Andalucía sí ha comunicado a las universidades que afrontará las cargas de los alumnos que realicen prácticas en sus centros.