Los controladores aprueban ir a huelga después del 15 de agosto

El 98% de la plantilla ha votado a favor de los paros. Las fechas más probables para llevar a cabo la protesta son el 18 o el 20 de agosto

MADRID Actualizado:

Un año más, los aeropuertos españoles están destinados a convertirse en el escenario en el que se desarrolle el culebrón del verano. Los protagonistas volverán a ser los controladores aéreos y el Ministerio de Fomento, un matrimonio mal avenido, pero condenado a entenderse por el bien de unos ciudadanos cansados de ser los rehenes de un conflicto laboral enquistado desde hace meses y de una economía titubeante, cuya recuperación depende en buena medida del comportamiento del sector turístico durante las próximas semanas. Y lo último que necesita el principal motor de la economía española es vender la imagen de sus aeropuertos sumidos en el caos.

Sin embargo, en medio del tira y afloja que desde hace meses mantienen Fomento y el colectivo de los controladores aéreos, el sindicato que agrupa a la mayoría de estos profesionales decidió plantear un órdago al ministro José Blanco.Ayer, los más de 1.800 controladores aéreos en activo estaban llamados a votar si autorizaban a la dirección del USCA a convocar una huelga por primera vez en más de veinte años, en protesta por la «incapacidad negociadora» de Fomento. La respuesta del colectivo, harto del «acoso laboral y mediático» al que se encuentran sometidos, según el portavoz del sindicato, Daniel Zamit, fue más que contundente. El 98% de los controladores que acudieron a su cita con las urnas votaron a favor de permitir a la junta directiva del sindicato convocar una huelga, frente a sólo un 0,96% que se mostró contrario a la medida. Con una participación del 92%, queda patente el malestar de los miembros de este colectivo, cuyo portavoz no ha dudado en comparar con la situación de acoso laboral que vivieron los trabajadores de France Telecom, a consecuencia de la que se registraron varios suicidios entre sus empleados.

Después del visto bueno, la junta directiva del USCA debe ahora decidir en qué fechas se desarrollarán los paros, aunque no se producirán hasta despues del 15 de agosto, ya que es necesario presentar el calendario con al menos diez días de antelación para la fijación de los servicios mínimos.

En el trasfondo de esta convocatoria se encuentra el drástico cambio normativo que han sufrido las condiciones laborales de este colectivo, tras la aprobación de el pasado abril de una nueva ley que regula los servicios de navegación aeroportuaria y dos reales decretos que liberalizan el servicio en los aeropuertos españoles y regulan las jornadas y el descanso de este colectivo, en los últimos quince días.

«Obligados» a parar

Según el sindicato, la aprobación de estos decretos «torpedea» el proceso de negociación colectiva que mantienen con Aena, lo que les «aboca a tomar medias que, como la huelga, es la única alternativa para denunciar sus condiciones laborales y, consecuentemente, la seguridad del tráfico aéreo». Sin embargo, desde Aena no se comparte esta visión y se argumenta que la negociación sigue abierta, tal y como demuestra el hecho de que en la reunión que mantuvieron el pasado lunes, USCA presentara una tabla con nuevas propuestas, además de solicitar la aplicación inmediata del decreto que regula su jornada laboral y los tiempos de descanso, a pesar de haber calificado su contenido de «barbaridad». Desde el gestor aeroportuario se insiste en que, aunque «la propuesta de huelga es legítima, no es justa ni está justificada».

En la misma línea se manifestó el titular de Fomento, quien aseguró ayer que en caso de que se convoque la huelga «se garantizará el tráfico aéreo», a través de los servicios mínimos adecuados, en función de la duración de la misma y el tráfico previsto para esas fechas. Blanco reconoció que «no está previsto» recurrir a los controladores militares, ya que «no se contempla que los controladores incumplan los servicios mínimos».

Representantes de las compañías aéreas, agencias de viajes, sector hotelero y hostelero y miembros de los gobiernos de comunidades como Baleares o Canarias reclamaron «responsabilidad» a los controladores y pidieron al Gobierno que actúe con «firmeza» ante las «nefastas» consecuencias que puede tener esta huelga en un «sector tan estratégico» como el turístico, máxime en medio de una crisis como la que atraviesa el país.