La construcción denuncia un «problema de Estado» por la falta de 700.000 trabajadores

La situación, descrita por el presidente de la patronal del gremio, Pedro Fernández Alén, amenaza con generar cada vez más problemas y tensiones en el sector. Este destacó ayer en rueda de prensa que el problema no es de sueldos sino de falta de formación para puestos de trabajo de la 'nueva construcción', es decir, aquella enfocada a la digitalización, la transición verde... todo aquello relacionado con los cambios en el modo de construir las infraestructuras.

En este sentido, Fernández Alén pidió un plan de choque a nivel nacional para que desde las administraciones se potencie el atractivo del sector, porque, a su juicio, «quien entra en el sector, luego ya no quiere salir». Así, destacó la formación profesional como un punto clave de cara a poder cubrir la demanda de trabajadores tan abultada que hay y que no se logra llenar con los perfiles actuales.

En caso de que no se pueda cubrir esa demanda de hasta 700.000 trabajadores, la patronal alerta de que se generará un problema para el despliegue de los fondos europeos. Pero no solo por esta razón se pueden ver problemas en el desarrollo de los proyectos con recursos comunitarios.

«La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) reclama prorrogar urgentemente el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas ante su vencimiento el próximo mes de marzo, ya que la finalización del mecanismo supondría una amenaza para la actividad del sector y, por ende, comprometería las inversiones contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)», indicó la institución en un comunicado, para añadir a continuación: «De no prorrogarse, la patronal del sector alerta de que los fondos NextGenerationEU estarán en riesgo, ya que siete de cada diez euros de las ayudas comunitarias van a ser canalizados por la construcción».

Así las cosas, lo que pide la patronal es ampliar, 'sine die' como afirmaron en rueda de prensa, el sistema por el que se revisan los precios de los contratos para que los mismos se adapten al incremento de costes que vienen soportando las empresas. Porque si aumentan los costes de las compañías pero no lo hacen así los precios que paga la administración en los contratos públicos, el negocio no le sale a cuenta a las constructoras y acaban produciéndose convocatorias desiertas a las que nadie acude.

Precisamente, la confederación advirtió de que se quedaron desiertas 2.032 licitaciones públicas en 2022 por un importe de más de 900 millones de euros al no salirle a cuenta a las empresas acudir a las convocatorias ya que los precios ofertados por la administración no se ajustan a los costes en los que incurren las compañías.

Asimismo, la patronal reclama otras medidas, aparte de la prórroga, para dar entrada al sistema de revisión de precios a otro tipo de obras. La CNC propone ampliar el sistema al «incluir la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y mantenimiento, servicios y de concesiones; así como eliminar o suavizar otras restricciones que incluye para su aplicación. Dentro de las posibles medidas para ampliar la revisión de precios y evitar un freno del sector y el cierre de más constructoras, la patronal pide quitar o modificar a la baja el umbral de acceso a la revisión del 5% y el límite del 20% en el cálculo de la misma». Relacionado con ello, desvelaron que hubo 6.300 disoluciones de constructoras en 2022, un 17% más, por los problemas en la revisión de precios y el alza de costes.

También pide la organización que se diseñe un «un mecanismo estable de reequilibrio económico en la Ley de Contratos del Sector Público», lo que a su juicio aportaría seguridad y certidumbre al sector.