La falta de 'fontaneros' en la gestión atasca los fondos europeos
A la escasez de funcionarios se suma la escasa formación que han recibido en las distintas administraciones para sacar adelante las convocatorias
Daniel Caballero y Enrique Serbeto
Madrid / Bruselas
El despliegue de los fondos europeos supone un quebradero de cabeza para el Gobierno. Tanto por el volumen de recursos gestionados como por la complejidad del Plan de Recuperación, con cientos de hitos y compromisos a cumplir de cara a la Comisión Europea. Analistas ... y empresarios han puesto el foco en la lenta ejecución de los recursos estos dos últimos años, con un problema de fondo: la falta de funcionarios para sacar adelante las convocatorias y la falta de formación de los que hay.
Fuentes empresariales destacan que hay una carencia de 'fontaneros' en la gestión de los fondos europeos. Faltan manos para sacar adelante las convocatorias en los diferentes ministerios, especialmente en aquellos con más dotaciones de fondos: Industria, Economía o Transportes...Pero no solo existe esa carencia en la Administración Central sino que abarca también a escalas autonómicas y locales.
Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, señala los problemas que se han encontrado durante sus contactos con diferentes administraciones. «Hemos mantenido contactos con varias comunidades autónomas con el objetivo de tratar de ayudar en la gestión de los fondos europeos que les han asignado desde el Gobierno central. Todas ellas nos indican que han duplicado los fondos que manejan, pero tienen las mismas manos para resolver. Y eso está suponiéndoles parálisis para tramitar las convocatorias«, señala en declaraciones a este periódico.
Esa parálisis se ha podido apreciar durante 2021, cuando no se pudieron comprometer todos los recursos que fueron presupuestados, y también en 2022, con el lento avance en el despliegue. Un reciente informe de Fedea señalaba que solo uno de cada diez euros, como máximo, pueden considerarse ejecutados de manera definitiva en el periodo enero-noviembre de 2022. Ejecutados en el sentido de que han llegado a la economía real.
Asimismo, Fernando Santiago recuerda que el despliegue de los fondos arrastra múltiples problemas. «Son varios los problemas generales para la solicitud de los fondos: complejidad en las convocatorias, necesidad de cofinanciar proyectos (cuando muchas de las pymes no tienen recursos), buscar en algunos casos compañeros de viaje y, por supuesto, las limitaciones para poder participar, como estar al corriente de pago en Seguridad Social y Hacienda o no poder subir el sueldo de los directivos durante unos meses si se conceden las ayudas».
Un cúmulo de factores que explican la lentitud en el despliegue de los recursos pero en los que pesa, y mucho, la falta de manos en las administraciones para sacar adelante las convocatorias. Fuentes empresariales se quejan de que han de transcurrir entre seis y ocho meses para que las empresas puedan disfrutar de una subvención, por ejemplo. Lo cual, en buena medida, se debe a la escasez de funcionarios... y a la falta de formación de los mismos. Si la maquinaria de la administración no está bien engrasada, la ejecución se resiente.
Escasa formación del personal
Algo de lo que se vienen quejando las administraciones autonómicas y locales es de la falta de formación por parte del Gobierno central para sacar adelante las convocatorias y también para utilizar la plataforma de volcado de información de la ejecución de los fondos, Coffee, que más de año y medio después sigue sin funcionar a pleno rendimiento, según fuentes autonómicas.
Precisamente, hace algunas semanas el Ministerio de Hacienda anunció la puesta en marcha de una nueva plataforma de formación online dirigida a gestores del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de las distintas administraciones públicas. Se trata de una serie de vídeos formativos, con cuestionario final, para que los funcionarios de administraciones distintas a la estatal aprendan de la gestión y desarrollo del Plan de Recuperación. Hacienda informó de que desde septiembre de 2021 se han realizado diez acciones formativas presenciales, a lo que ahora se unirá esta plataforma online.
Esa falta de formación, asimismo, le ha valido a Hacienda un tirón de orejas por parte de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, un órgano dentro del ministerio para velar por la correcta aplicación de la normativa de contratación y su supervisión. En su último informe anual, publicado hace algunos días, pone de relieve que, «teniendo en cuenta la importancia cuantitativa que los fondos europeos procedentes del PRTR pueden suponer para la contratación pública de las distintas administraciones, se consideran claramente insuficientes los datos de formación ofrecida en el año 2021».
Aquel año se ofrecieron cuatro acciones formativas, y se recoge que había previsión de otras 12 en 2022. Sin embargo, teniendo en cuenta que desde 2021 solo se han realizado diez como dijo Hacienda, eso indica que en 2022 las formaciones han sido de apenas seis, la mitad de lo previsto.
Administración al ralentí
Sin embargo, el problema de la escasez de funcionarios de gestión va más allá de los fondos europeos. En general, en estos momentos solo funcionan con normalidad los organismos recaudatorios, según las fuentes consultadas. El resto de la Administración Pública no ha logrado reponerse del trauma de la pandemia y la entrada del teletrabajo, de modo que ha desaparecido prácticamente la atención en ventanilla.
Hay casos como el del Registro Civil en el que se suman dos parálisis, la de la Administración General y la del Poder Judicial, porque dependen de un juez que a veces tarda en ser nombrado. Hay casos de personas que se arriesgan a perder un trabajo porque el Registro Civil no puede expedir un certificado. Desde 2021 se considera que hay más de 200.000 expedientes bloqueados en el registro y entre ellos miles de personas que, por ejemplo, están esperando que se regularice el proceso de su nacionalización o que tienen que demostrar su estado civil. Con la digitalización se ha modificado el modo en el que los ciudadanos entregan sus documentos, pero eso no ha cambiado el proceso burocrático que hay detrás y que sigue siendo el mismo. De hecho, se calcula que el 70% de todo el tráfico de la administración electrónica no lo hacen directamente los ciudadanos, sino que lo tienen que seguir haciendo las gestorías.
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También interviene el hecho de que en España hay un elevado grado de hiperlegislación. Cada año se publican más de un millón de páginas en boletines oficiales, lo que convierte las relaciones con la Administración en un asunto para expertos.
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