Caixabank descarta adquisiciones y no tiene «ninguna indicación» de que el FROB vaya a pedir otro consejero

La absorción de Bankia se trata de la última operación corporativa para el banco. Y cuatro años después de cerrarla, la entidad inicia ahora otra etapa en la que el banco absorbido queda ya casi totalmente diluido y todo el poder regresa a La Caixa. En ese esquema se encuadra la salida de José Ignacio Goirgiolzarri, hasta ahora presidente, y que será sustituido en enero por Tomás Muniesa, un hombre de La Caixa.

Muniesa será presidente no ejecutivo además de consejero dominical en representación de Criteria Caixa (brazo inversor de la Fundación), una situación que en determinados segmentos del mercado se ha criticado. Pero el consejero delegado de Caixabank no aprecia problema alguno en esa situación: «Que el presidente no ejecutivo sea dominical es lo que ha habido en Caixabank hasta la fusión con Bankia y es absolutamente lógico. Estamos encantados de tener a Tomás Muniesa como futuro presidente».

Gortázar, asimismo, sobre la posibilidad de que haya cambios en el consejo de administración ha mostrado su satisfacción con la composición actual del mismo, que «funciona extraordinariamente bien», aunque lo califica como una entidad viva sujeta siempre a posibles cambios si así lo estima el propio consejo.

El CEO ha defendido que cuando se absorbió Bankia acordaron los principales accionistas reducir su participación mediante consejeros dominicales hasta quedar con dos miembros Criteria y uno el Estado a través del FROB. Precisamente se ha publicado en Prensa la posibilidad de que el FROB pida un segundo consejero en Caixabank y Gortázar ha explicado que tal como está ha funcionado bien, «estamos satisfechos con ese equilibrio», ha dicho, y ha destacado que no tienen «ninguna indicación» sobre que vaya a cambiar el número de consejeros de los principales accionistas.

Más allá de ello, el impuesto a la banca también ha ocupado buena parte de la presentación del plan estratégico. El gravamen, que ahora es una incógnita por la tramitación parlamentaria y los apoyos que no tiene asegurados el Gobierno, según ha señalado Gortázar sería «un impedimento para el crecimiento» de la economía en general y que afectaría a la actividad del sector bancario, con lo que «quizás deberíamos llamarlo impuesto al crédito».

Ha reiterado su oposición al gravamen, sin entrar en demasiados detalles, y ha indicado que está recogido en el plan estratégico de Caixabank como un impacto; el impacto que calculan, con todo, consideran que será similar al gravamen temporal que ya hay en vigor.

Asimismo, el consejero delegado ha destacado que no contemplan ningún proceso de salidas colectivas en el periodo 2025-2027 y, de hecho, ha puesto en valor que en su plan estratégico estiman contratar a 3.000 jóvenes con perfiles técnicos, lo que les permitirá aumentar el número de empleados.

Algo similar ocurre en la red de oficinas, ya que Caixabank no prevé «grandes cambios» en este sentido. Eso sí, apuntan a que es «una red viva» y que siempre está sujeta a ajustes, más aún en un entorno actual de digitalización con lo que sí podría caber una «ligera reducción» pero nada planeado.