Las autonomías acumulan un arsenal de cerca de 200 incentivos fiscales para hacer frente a la crisis de vivienda

Desde que la reforma de la financiación de 2001 abriera a los gobiernos regionales la posibilidad de introducir cambios en la regulación del IRPF el mercado inmobiliario ha sido el principal campo de su activismo fiscal, en parte también porque el estallido de la burbuja inmobiliaria animó a las autonomías a adoptar políticas fiscales para reanimar un mercado clave ya no solo para sus economías sino sobre todo para sus cuentas de ingresos.

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Antonio Ramírez Cerezo

Tras el primer arreón de medidas en los años más duros de la crisis financiera, el kit de herramientas fiscales de las CC.AA. para estimular el mercado inmobiliario -hasta entonces muy orientadas a aligerar el coste tanto de la compra como del alquiler de vivienda- se mantuvo con pocas alteraciones hasta la pandemia.

La recuperación económica posterior y las disfunciones de mercado que ha puesto de manifiesto, siendo la más evidente la falta de adaptación entre la fuerte demanda y la escasa oferta existente, han alentado una segunda oleada de incentivos fiscales, que en apenas cuatro años ha alumbrado cerca de medio centenar de nuevos beneficios fiscales en las autonomías de régimen común hasta llegar a los 186.

Su orientación, no obstante, está siendo algo diferente. Galicia, Cantabria y Extremadura han aprobado para este año una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta orientada a propietarios para animarlos a poner las viviendas que tengan desocupadas en el mercado, siempre que lo hagan eso sí a un precio asequible.

El objetivo ahora no es tanto aliviar la factura de la compra o el alquiler, algo por otra parte que a día de hoy ya hacen la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos de régimen común, sino impulsar la oferta del mercado inmobiliario, bien favoreciendo la puesta en el mercado de viviendas vacías, como pretenden esas deducciones, o bien garantizando un tratamiento fiscal más favorable a las operaciones de adquisición de inmuebles o de suelos para desarrollar promociones de vivienda asequible, mediante rebajas en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, como están hacienda Galicia o Asturias. Galicia ha aprobado también una medida para garantizar ese trato fiscal favorable a los locales comerciales siempre que se vayan a utilizar para vivienda.

Según el último balance publicado ayer por el Ministerio de Hacienda, los gobiernos de las comunidades autónomas de régimen común tienen reguladas ya 324 deducciones fiscales, tras la docena de nuevas ayudas aprobadas para 2025, siendo la Comunidad Valenciana con 37 la que más tiene y Cataluña con 10, la que menos.

La última tendencia es disponer ventajas fiscales para atraer a inversores extranjeros, algo que ya han hecho Cantabria, Extremadura y Madrid.