Hacienda pone el alquiler de vivienda en la diana e intensificará el control sobre propietarios, pagos de fianzas e intermediarios

En los últimos años la Agencia Tributaria ha llevado a buen término una exitosa estrategia para aflorar rentas derivadas de arrendamientos de viviendas que en su mayoría no se declaraban y que a partir de la información obtenida a través de plataformas como Airbnb y otras más orientadas al alquiler permanente ha conseguido aflorar a razón de cientos de miles. Hace apenas unos meses, la institución presumía de haber sacado a la luz más de 6.000 millones de euros de rendimientos de alquileres y de haber forzado a tributar por ellos a nada menos que un millón de contribuyentes.

Controlada ya la parte del león de esas rentas, la Agencia Tributaria parece decidida ahora a estrechar el cerco sobre los actores que participan en ese mercado. Una de las principales novedades del nuevo Plan de Control Tributario de la Agencia Tributaria es la vigilancia sobre los propietarios extranjeros de activos inmobiliarios que tienen sus viviendas en alquiler. La administración tributaria ha detectado que algunos «no declaran los arrendamientos de bienes inmuebles de los que disponen en España ni las ganancias patrimoniales derivadas de las ventas de estos bienes», lo que les ha animado a abrir una línea de investigación sobre estos no contribuyentes.

El plan admite que otra de las líneas que se va a intensificar es la vigilancia «de los distintos operadores de arrendamientos turísticos a través de plataformas«, tipo Airbnb, Booking o Vrbo, entre otras. Sostiene Hacienda que la proliferación de viviendas puestas en alquiler exige no solo tener controlada la transacción, sino principalmente los titulares reales de esas viviendas y por tanto de las rentas, así como los intermediarios que también obtienen un rendimiento de ese mercado. Hacienda también continuará con el control sobre las socimis y singularmente sobre el cumplimiento de los requisitos legales al objeto de que no puedan «encubrir gastos de naturaleza personal de los patronos o personas que ostentan su control».

Un tercer eje de actuación es recabar información de las comunidades autónomas sobre fianzas derivadas del arrendamiento de inmuebles y sobre los certificados de eficiencia energética registrados en el 2024 y las resoluciones definitivas de ayudas que hayan sido concedidas por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, junto con la relación de referencias catastrales a los que se refieran, al objeto de aflorar alquileres que no se estuvieran declarando y también subvenciones no incluidas en la declaración de la Renta.

La Agencia Tributaria ofrecerá a las administraciones fiscales autonómicas la posibilidad de realizar comprobaciones específicas a contribuyentes concretos cruzando la información recibida de estas con sus potentes bases de datos siempre que medie la presentación de «informes individualizados referidos a contribuyentes concretos y debidamente motivados». Así se recoge en el Plan de Control Tributario para el ejercicio de 2025 difundido este lunes a través del BOE por el Ministerio de Hacienda, que prevé la intensificación de la colaboración de la agencia estatal con las administraciones autonómicas en la lucha contra el fraude en plena ofensiva de la Generalitat de Cataluña para heredar las competencias de la autoridad tributaria del Estado en su territorio.

En virtud de este dispositivo, los servicios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) podrán iniciar a demanda de cualquier comunidad autónoma una actuación de comprobación integral sobre un contribuyente concreto a fin de chequear el adecuado cumplimiento de sus obligaciones con el fisco autonómico en aspectos como la aplicación de deducciones autonómicas en el IRPF, el control del Impuesto sobre Patrimonio y sus derivaciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones