Una armada tecnológica para poner en jaque a la piratería audiovisual

Es mucho lo que hay en juego. El valor de lo defraudado en nuestro país ascendió a 33.957 millones de euros en 2023, lo que supone un 5% más interanual, según el Observatorio de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales elaborado por la consultora GfK a instancias de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y que revela también que el perjuicio para los creadores e industrias culturales se elevó hasta los 1.992 millones de euros, una cantidad que lastró la creación de empleo del sector en 107.410 puestos de trabajo directos e indirectos y provocó que las arcas públicas dejaran de recibir 600 millones de euros. En el caso del fútbol, LaLiga calcula que la piratería representa pérdidas anuales de entre 600 y 700 millones de euros para los clubes, lo que equivale a casi la mitad de los ingresos generados por derechos audiovisuales en una temporada.

La patronal del fútbol español acumula doce años de experiencia en la lucha contra esta problemática, siendo la única propiedad deportiva mundial con un historial tan extenso, y cuenta con un Departamento de Operaciones Antifraude Digital y Audiovisual compuesto por más de 50 profesionales. La entidad apuesta por una estrategia global que abarca diversos frentes: legal, institucional, tecnológico y educativo. Guillermo Rodríguez, director de operaciones antifraude audiovisual de LaLiga, explica a este diario que su acción se extiende a diferentes ámbitos. Uno de ellos, la colaboración en auditorías de seguridad: «Trabajamos con los 'broadcasters' para reforzar la seguridad de sus señales, implementando medidas preventivas que dificulten la piratería».

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También realizan un seguimiento exhaustivo y en tiempo real de la señal ilícita, desde su origen hasta su difusión. «Esto incluye identificar y bloquear su distribución en plataformas de alojamiento, su emisión a través de redes ilegales y su exhibición en servicios de streaming P2P, IPTVs, aplicaciones, APKs, decodificadores pirateados, entre otros canales», dice Rodríguez. Para ello usan tecnología avanzada, apoyada en la IA, que ayuda a una identificación lo más rápida posible. «Nuestro producto 'vence' a los 90 minutos, con lo que es imprescindible ser rápidos además de eficaces», detalla.

Asimismo, actúan contra los intermediarios tecnológicos que facilitan la piratería, abarcando desde plataformas que alojan el contenido hasta aquellas que lo distribuyen o lo difunden sin el debido control. «Nos referimos a algunas de las multinacionales tecnológicas más poderosas del mundo, que tienen presencia además en múltiples fases del fraude audiovisual», aclara Rodríguez, que reconoce que hay también otras empresas que sí cooperan en la lucha contra el fraude, como vienen haciendo recientemente con la europea CDN77 y la americana Akamai.

En esta batalla sin cuartel, LaLiga dispone de un software de última generación que integra diversos procesos para detectar transmisiones ilegales en tiempo real. El director de operaciones antifraude audiovisual cuenta que el sistema realiza un seguimiento exhaustivo de streams, aplicaciones, archivos M3U, etc., comparando constantemente el contenido de estas transmisiones con las fuentes oficiales de LaLiga. «Utiliza algoritmos avanzados y análisis de patrones para identificar coincidencias con una alta precisión», afirma.

Una vez detectada una transmisión ilegal, el sistema rastrea información clave, como la IP del servidor y el hosting final, y recoge pruebas tanto visuales como técnicas del contenido pirata, lo que permite una documentación sólida para posteriores acciones legales. Otra ventaja del sistema es que, gracias a la comparación instantánea entre los 'feeds' oficiales y el contenido distribuido ilegalmente, el software posibilita una respuesta rápida y eficaz para frenar la piratería.

En los jóvenes estas prácticas han encontrado su paraíso. El 73,2% de las personas en el grupo de 18-24 años recurre a la piratería para disfrutar de contenidos audiovisuales, mientras que en el conjunto de la población se sitúa en el 45,4%, según el Barómetro OTT de la consultora GECA. «La piratería digital es uno de los problemas más graves y de mayor impacto económico que deben afrontar las industrias culturales del audiovisual, la música, el libro-editorial, la prensa, las imágenes o los videojuegos», advierte Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. «Todos estos sectores –prosigue– llevan más de veinte años concentrando grandes esfuerzos en luchar contra esta lacra que daña el potencial de la oferta legal, acarrea pérdidas de miles de millones a las arcas públicas y a los propios sectores además de provocar, cada año, miles de pérdidas de empleos».

Navarrete celebra los avances que se han dado en la última década y que el escenario actual no tenga nada que ver con el del 2010, pero recuerda que «la piratería es un fenómeno vivo, en permanente mutación, lo que exige ser muy proactivos y estar siempre alerta para identificar las nuevas formas de acceso ilegal y cómo las organizaciones criminales que están detrás buscan eludir las medidas que se han impulsado».

Una de las prioridades de la entidad que dirige se centra en promover medidas para luchar contras las infracciones que afectan a contenidos sensibles al tiempo (estrenos, prensa, eventos en directo) y contra las que se desarrollan mediante televisión por protocolo de internet (IPTV, por sus siglas en inglés) o la venta de consolas y otros dispositivos precargados con videojuegos ilegales, sin olvidar la piratería a través de los servicios de mensajería y redes sociales. También se enfoca en lograr «la implicación real y proactiva de agentes como el sector de la publicidad, Cloudflare o Google, para que no sirvan a los infractores y grupos de crimen organizado como herramienta para mantener su actividad delictiva».

Esta reivindicación es compartida por DigitalES, que ha defendido públicamente la necesidad de que todo tipo de intermediarios de tráfico web colaboren en la ejecución de las medidas adoptadas por la autoridad judicial. Alude a una sentencia emitida el 18 de diciembre de 2024 por el Juzgado de Barcelona que autoriza a LaLiga y a TAD/Movistar Plus+ a enviar a los operadores de telecomunicaciones españoles las direcciones IP asociadas a recursos piratas para proceder a su bloqueo. «A pesar del acuerdo con la mayor parte de los intermediarios de tráfico web para llevar a cabo esta solución, existen algunos servicios que no están aplicando el mandato judicial», lamentan.

En conversación con este diario, Miguel Sánchez Galindo, director general de la asociación, sostiene que la piratería mueve cantidades ingentes de dinero, por lo que con frecuencia las organizaciones criminales desarrollan sistemas de encriptación para ocultar desde qué dominio se está distribuyendo el contenido y así evitar el bloqueo de los sitios ilegales. «Los intermediarios de internet suelen utilizar direcciones IPs que alojan diferentes URLs, tanto legales como ilegales. La importancia de la sentencia radica en que permite bloquear directamente las IPs desde las que se están retransmitiendo contenidos ilícitos».

Sánchez Galindo incide, asimismo, en la conveniencia de aplicar medidas cautelares para actuar con prontitud, sin esperar a que haya sentencia judicial. «En los estrenos de cine o series ayudarían mucho a combatir la piratería», comenta. La Ley de Servicios Digitales (DSA) contempla la figura de los 'alertadores de confianza', entidades expertas en detectar contenidos ilícitos en la red y en notificarlos a las plataformas en línea. «La responsabilidad de designar a esas entidades recaería en la CNMC y esperamos que se ponga en práctica en España en los próximos meses», revela.

Las fórmulas que la patronal propone para contener la piratería comprenden también que los medios de pago (hay sitios ilícitos que se financian con suscripciones), agencias de publicidad, plataformas y buscadores se adhieran al protocolo para el refuerzo de la protección de los derechos de la propiedad intelectual impulsado en 2021 por el Ministerio de Cultura.

El equipo de Ciberinteligencia de Tarlogic señala que el gran problema de la piratería es que robar la señal original de los servidores de los proveedores oficiales «puede resultar relativamente sencillo». Ante ello, hay dos enfoques de lucha contra el fenómeno: defensivo, añadiendo medidas en los servidores oficiales para evitar el robo de la señal original; y reactivo, centrado en detectar dónde se está distribuyendo la señal ilegítima y adoptar medidas de mitigación.

«Desde la perspectiva del proveedor de contenido, la principal tecnología a considerar es el DRM (Gestión de derechos digitales, en español), que presenta protección a la realización de copias no autorizadas de los contenidos y restringe el acceso a los mismos a los usuarios no autorizados», ejemplifican respecto al enfoque defensivo. Para la otra óptica mencionada, la reactiva, también existen tecnologías útiles, como las técnicas de 'watermarking' o marcas de agua, «que es la inserción de marcas invisibles en los vídeos para rastrear la fuente de la filtración» o 'fingerprinting' (huellas digitales), que consiste en la identificación de vídeos mediante algoritmos de coincidencia basados en características únicas como puede ser el audio del contenido.

Para que estas tecnologías tengan efectividad, aclaran que es necesario contar con una monitorización y detección de los contenidos ilegítimos por todos los ámbitos de la red, ya sean páginas webs o redes sociales. Para esta labor, dicen, no existen herramientas específicas, quedando relegado a servicios especializados en la detección e investigación de este tipo de fraudes.

El equipo de Ciberinteligencia de Tarlogic añade que también existe la posibilidad de impedir el acceso a esos contenidos, como puede ser el bloqueo de dominios, aunque para llevar a cabo estas acciones se precisan evidencias sólidas de que cada caso identificado, uno a uno, presenta contenido extraído de forma ilegítima. Para esta finalidad, subrayan los expertos, juegan un papel muy relevante las herramientas entrenadas con IA, al permitir detectar estos contenidos y poder realizar bloqueos casi de forma automática.

Todas estas actuaciones se acompañan de un marco legislativo que respalda la lucha contra la piratería audiovisual. Gilberto Pérez del Blanco, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma, expone que de entre los medios que existen teniendo en cuenta que la tutela civil y penal es posible en estos casos y ha registrado algunos éxitos importantes, hay dos vías de protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital que tienen un amplio recorrido, eficacia y muestran resultados muy contundentes, además de destacar por su versatilidad y posibilidad de adaptación a las circunstancias concurrentes y nuevas formas de piratería.

En primer lugar, el procedimiento administrativo para la salvaguarda de derechos de propiedad intelectual que tutela la Sección 2ª de la Comisión de Propiedad Intelectual integrada en el Ministerio de Cultura «Es un sistema muy consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, que fue pionero y reproducido en países como Italia o Portugal como modelo de éxito. Se impulsó en 2011, en una época en que la piratería de contenidos alcanzó sus hitos históricos, y se ha ido minuciosamente perfeccionando en sucesivas reformas de la TRLPI, en 2015, 2019 y 2021», dice. A través de este procedimiento, en el que todos los servicios intermediarios deben colaborar por ley con la Administración, «se consigue el restablecimiento de la legalidad mediante la retirada por el infractor de los contenidos ilícitos o, si no coopera, bloqueando el acceso al servicio ilegal.

Preguntado por los aspectos susceptibles de mejora, apunta a que se podría incluir un tratamiento específico de los contenidos sensibles al tiempo, así como hacer una mención concreta a las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea. «Habría que seguir la senda que ha marcado Europa con la DSA, que establece que intermediarios como Google, Telegram, Meta, etc. colaboren en la retirada del contenido ilícito. Nadie dice que no estén implicados, pero deberían estarlo un poco más», valora el experto, para quien la norma es esperanzadora porque sienta las bases del internet del futuro al poner el foco en la responsabilidad de los grandes servicios digitales. «Tenemos un ordenamiento jurídico modélico –dice– y con algún pequeño ajuste se avanzaría mucho».

En segundo lugar, habla de los sistemas de corregulación y autorregulación, que la DSA establece como una de las vías fundamentales para combatir el contenido ilícito. «En este ámbito España también ha sido pionera con el Acuerdo para el refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual impulsado por el Ministerio de Cultura, en el que participan las industrias culturales y los principales operadores de nuestro país (ISP), en marcha desde 2021 con plena eficacia y garantías en su funcionamiento y que ha hecho frente con excelentes resultados a uno de los retos esenciales, la necesidad del carácter dinámico de las medidas».

Sin embargo, el trabajo para estrechar el cerco sobre la piratería se enfrenta a serios desafíos. Carlos Azcarate, Manager del Área de Propiedad Intelectual en Legal Army, recuerda la naturaleza transnacional de internet. «En la mayor parte de los casos los infractores no se encuentran en España, por lo que hay dificultades tanto para localizar al responsable como para ejecutar una eventual sentencia. En la práctica se hará un bloqueo nacional del sitio web, o lo que es lo mismo, que la página siga funcionando pero que no se pueda acceder desde España», afirma. En línea con lo anterior, comenta que los bloqueos nacionales se están volviendo poco efectivos porque los usuarios pueden acceder, por ejemplo, a redes privadas virtuales (VPN), y otros métodos técnicos para ocultar su ubicación real y continuar visualizando los contenidos.

Entre los escollos se incluyen la existencia de páginas que permiten ocultar la identidad del 'hosting' de estos sitios, dificultando la identificación de los responsables, así como la evasión y reaparición de sitios web. «En definitiva, hay una serie de factores internacionales y tecnológicos que dificultan las medidas de protección, además del coste económico que supondría ir Estado por Estado solicitando la aplicación de las medidas», remata Azcarate, que recuerda que la lucha contra la piratería en internet debe equilibrarse con los derechos de los usuarios y de las empresas afectadas por las medidas de bloqueo.

«En cuanto a los usuarios que suben contenido, es fundamental que existan claros indicios de infracción para justificar una medida cautelar sobre dicho contenido. De lo contrario, se podría vulnerar sus derechos de expresión y de tutela judicial efectiva, especialmente si la medida se aplica al sitio en su totalidad sin que el usuario tenga conocimiento del proceso». Del lado de las empresas, ahonda en que la aplicación de bloqueos arbitrarios, sin proporcionalidad ni parámetros claros, sería contraria a la Constitución Española y a la normativa vigente. «Por ejemplo –dice–, no tendría sentido bloquear toda la plataforma de Telegram porque uno de sus canales contenga contenido ilícito. En su lugar, se debería bloquear o eliminar ese canal específico, manteniendo el resto del servicio, que no está diseñado para infringir la ley».

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