La Airef paraliza el examen de las pensiones a la carta que le impone el Gobierno

Con estos mimbres, ese nuevo análisis a la carta de la situación de las pensiones, que la Seguridad Social exige a la Airef para «tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más recientes», se encuentra congelado. Porque la Autoridad Fiscal decidirá cuándo publicarlo y en qué condiciones, según su criterio, avalado tras la consulta que lanzó a la Abogacía del Estado.

El real decreto que lo regulaba se publicó el 2 de julio, pero la Airef descarta iniciar los trabajos correspondientes hasta aclarar esta cuestión legal, que es clave en su funcionamiento. Tendrá que negociar con el Ministerio de Seguridad Social cómo habilita este proceso por una vía distinta a la del informe. Una herramienta que, además de las opiniones y evaluaciones, son las tres formas de trabajo encomendadas al organismo.

Si el Gobierno quiere seguir por el camino dictado en ese decreto, sería necesario cambiar la ley. Así lo recordó ayer la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, quien reprochó al Ejecutivo sus decisiones por «mermar» su capacidad como supervisor de las cuentas de las pensiones imponiéndole criterios con los que el organismo no está de acuerdo y que pueden exceder las funciones encomendadas desde su creación en 2013.

Herrero, que ayer compareció ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, indicó que esa falta de «libertad» se ha visto agravada con la imposición de este segundo examen, «porque nos incluye un informe adicional con el argumento de incorporar más PIB y mercado laboral», cuyas estadísticas han mejorado de forma notable en los dos últimos años. «Para esto no hace falta la Airef», indicaba Herrero. «Lo puede hacer el propio Gobierno», insistió a los diputados.

La presidenta de la institución insiste en que sus funciones están tan tasadas que «todo lo que venga por otra vía, como un decreto del Gobierno, tiene que encontrar acomodo y no puede contravenir lo que dice la ley» con respecto a lo que hay que hacer. Por ello, insiste en ese cumplimiento de la ley, algo que «también recuerda la Abogacía del Estado». «No aprovechemos el eslabón más débil de la norma para que nos acabemos convirtiendo en una agencia del Estado», llegó a advertir a los grupos parlamentarios.

Tras conocer la nueva obligación que le imponía la Seguridad Social, la propia Airef acudió a la Abogacía del Estado ante lo que consideraban que era «la proliferación de normas» que distorsionan sus trabajos y acaban siendo una «intromisión». La respuesta organismo jurídico se ha limitado a indicar que cualquier trabajo adicional debe cumplir lo delimitado por la ley. Y si no se modifica la legislación, que parece lo más probable, habría que hacerlo por otra vía que conllevará más tiempo y menos disciplina a criterio del Ejecutivo.

Porque el quid de la cuestión –un laberinto técnico, pero con impacto en la forma de realizar esos exámenes y también el resultado– reside en que esta especie de recuperación, un año después del primer análisis que sí exigía la reforma de las pensiones del exministro José Luis Escrivá, no puede desarrollarse por la vía del informe, como le ha instado el Ejecutivo.

Las otras alternativas son las opiniones o las evaluaciones, aunque incluyen condicionantes. En el caso de los informes, la ley de la Airef tiene tasadas las 11 materias sobre las que puede elaborar estos documentos: previsiones macroeconómicas, ingresos y gastos, estabilidad, deuda pública, presupuestos o cuentas autonómicas, entre otros. Pero el Ejecutivo no puede obligar a realizar este documento con otra materia, como pensiones.

Si la Seguridad Social quiere que la Airef lo habilite a través de una opinión, tampoco puede hacerlo porque solo las puede emitir cuando sean a iniciativa de la propia Autoridad Fiscal, y no por encomienda de una administración pública, ya sea la estatal, la autonómica o la municipal.

La única posibilidad que tiene el Ministerio dirigido por Saiz para este segundo examen es a través de un estudio, cuyos requisitos también los fija la normativa. Aunque con límites: los criterios para elaborarlos los fija la Airef, y no el Gobierno; el calendario lo decide la institución fiscalizadora, en función de su carga de trabajo; y es necesario dotar a la Autoridad Fiscal de un presupuesto específico para hacer este trabajo. Además, tendría que pasar por encima de otros estudios que ya tiene encargados la Airef por parte de comunidades o ayuntamientos para cumplir con los plazos exigidos por el Ejecutivo con las pensiones.

Para llegar a este punto de la evaluación la Autoridad Fiscal considera que no se cumplen ni los plazos, ni los criterios de estudio ni el presupuesto para elaborarlo. En la práctica, será prácticamente improbable que ese examen se pueda presentar el próximo mes de junio. Y el proceso queda a expensas de que Seguridad Social acepte un cambio de rumbo normativo. Además, con el hándicap de que la propia Cristina Herrero abandona su puesto en marzo. Lo hace porque así lo marca la ley, con carácter improrrogable, y a expensas de que el Gobierno diga quién le sustituye. Se trata de una decisión que propone el ministro de Economía, pero que tiene que pasar por las Cortes (mayoría absoluta de la Comisión en el Congreso o mayoría simple en la homónima del Senado) en un contexto de total fragmentación.

La Seguridad Social considera que este trabajo «es un informe de seguimiento, no de una nueva evaluación». Además, lo justifica porque «está previsto en la cláusula de cierre» y «debe considerarse dentro de los estudios de la ley de la Airef». Es decir, señala que no es potestativo». Además recuerdan que la cláusula de evaluación de la sostenibilidad del sistema está prevista en un decreto ley que contó con el respaldo mayoritario del Parlamento. Y que el contenido era uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo por revisar el estudio, la propia Herrero anticipó ayer que los resultados no supondrán un gran cambio con respecto a los del informe del pasado mes de marzo. «En un año no van a cambiar tantas cosas», ha enfatizado para diluir las expectativas generadas.