La Airef pide amparo a la Abogacía del Estado por la intromisión del Gobierno en sus informes

El movimiento de la Airef llega apenas un mes después de que el Ministerio de Seguridad Social obligase -de forma inesperada y por sorpresa- a la agencia fiscalizadora de las políticas públicas a elaborar un nuevo informe sobre la sostenibilidad de las pensiones. Lo hizo, además, con un real decreto, sin rango de ley, para evitar el aval del Congreso. Se trata de un análisis inesperado porque la ley no preveía esta novedad en los trabajos que la Autoridad Fiscal tiene programados. De hecho, en marzo publicó el primer examen de las pensiones, como le obligaba la última reforma del exministro José Luis Escrivá, donde ya anticipó que esa viabilidad estaba en duda a largo plazo.

Se da la circunstancia de que la Airef es una de las pocas instituciones en las que el Ejecutivo no cuenta con un poder de intervención real. Su presidenta cumple el plazo del mandato en el primer trimestre del próximo año cuando tenga que abandonar la plaza y ser sustituida por un candidato que tiene que contar con el aval del Congreso.

El auxilio de la Abogacía del Estado versa sobre los límites de la legislación y para que los letrados le aclaren si las normas que va aprobando cada uno de los departamentos ministeriales se extramilitan en sus funciones. «Las opiniones son voluntarias y no nos lo puede imponer una ley», ha recordado Herrero en una comparecencia ante los medios para presentar el último informe sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). «Los informes que tiene que hacer la Airef son los que dice la ley. Ni más ni menos«, ha sentenciado en un duro anuncio frente a las últimas obligaciones impuestas desde el Ejecutivo.

Desde hace varias semanas, la Airef viene recordando que la única vía posible para ampliar sus funciones es un encargo de evaluación. Y en este caso, es el organismo el que determina qué conceptos se evalúan, cuál será la metodología que use y también los tiempos del calendario. En la retina de Cristina Herrero no solo se encuentra la polémica con las pensiones, sino otros casos distintos, pero con el mismo cariz intervencionista del Gobierno, como en el caso del IMV o la ley de start ups. «Lo que pedimos es que se limite mucho que la Airef entre a valorar otra cosa al margen de lo que está previsto en la ley y, desde luego, con consulta previa a nosotros», ha indicado.

El caso de la reforma de las pensiones es el más problemático con el que se ha encontrado la Airef en los últimos meses en un choque que ha ido cada vez a más con el departamento que dirige la ministra Elma Saiz. Primero porque, en febrero, y a falta de un mes escaso para conocer el examen, el Gobierno le señalaba cuáles son los criterios que rigen los cálculos que debía hacer ese organismo incluyendo una partida clave para sostener el sistema: las transferencias millonarias que el Estado hace a la Seguridad Social periódicamente para mantener la viabilidad. Con esta aclaración económica, las cuentas pueden cuadrar mejor y, sobre todo, se evita tener que acometer algún recorte. La de las transferencias estatales es una de las aclaraciones que el ministerio dirigido por Elma Saiz ha incluido en el reglamento que fija las reglas por las que la Airef debe evaluar el sistema. Porque si las cuentas no salen, el informe deberá indicar si hacen falta más ingresos, o menos gastos.

Ante esta restricción, la Airef aprovechó la publicación de su análisis anual sobre el gasto público, junto al examen de las pensiones de finales de marzo, para incluir recomendaciones sobre las medidas a tomar con las que asegurar la sostenibilidad del sistema. Así podía cumplir con la exigencia legal de evaluar las últimas reformas del Gobierno, con los criterios que el Ministerio de Seguridad Social ha señalado; y al mismo tiempo plasmar su propia opinión acerca del futuro de las pensiones con un análisis mucho menos rígido que en el monitorizado por el Ejecutivo.

Dicho y hecho, el 30 de marzo la Airef publicó ambos análisis (la evaluación de las pensiones condicionada por los criterios del Ejecutivo y su opinión propia en paralelo) en los que concluía que el futuro del sistema de pensiones acumula más riesgos de los que tenía antes de que el Gobierno pusiera en marcha las reformas desde 2021 porque el incremento del gasto asumido es muy superior al impacto de las medidas aplicadas para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social.

El último paso fue el que dio de nuevo Seguridad Social hace apenas un mes obligando a reelaborar las cuentas por sorpresa, con unas nuevas condiciones impuestas por parte del Ministerio de Seguridad Social, ante la mirada de una Comisión Europea que no termina de creerse las bondades del sistema. Y todo ello, ante un cambio en la presidencia de la Airef en medio de todo este nuevo proceso. Porque la actual responsable del organismo, Cristina Herrero, dejará su cargo en marzo de 2026; justo tres meses antes de que la institución presente su nuevo informe, ya con un nuevo presidente designado por el Ejecutivo al frente.