La Airef concluye que la subida de las pensiones se comerá todo el incremento de recaudación de 2023

Las cuentas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) difundidas este jueves dentro del informe de ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto para 2023 indican, sin embargo, que ese objetivo podría haber sido factible o incluso alcanzable este mismo año con una gestión presupuestaria más contenida. En concreto, lo que concluye el informe de la Autoridad Fiscal es que la actualización de las pensiones en función del IPC medio de 2022 (8,5%), tal y como marca la reforma legal aprobada por el Gobierno, generará a lo largo de 2023 un gasto extra equivalente a un punto de PIB y absorberá en su totalidad el impacto de la mejora sin precedentes de los ingresos fiscales que se prevé para este ejercicio, así como su potencial para rebajar el déficit público.

La Airef considera que el déficit público se reducirá a lo largo de 2023 desde el 4,8% en que cerró el ejercicio del año pasado hasta el 4,1%, pero no por el efecto del ciclo como argumenta el Gobierno en los informes que envía a Bruselas sino por el repliegue de las medidas de apoyo contra el Covid que aún estaban vigentes (0,1% del PIB), por la retirada de algunas medidas dispuestas contra la crisis energética como la bonificación generalizada sobre el precio de los carburantes (0,3% del PIB) y por el efecto de la subida de las cotizaciones sociales decretada por José Luis Escrivá (0,2% del PIB).

La mejora de los ingresos y la reducción de gastos derivada del rebote de la economía tras la pandemia y de la fuerte creación de nuevos puestos de trabajo en los últimos meses habría permitido restar un punto más de déficit hasta aproximarlo a esa frontera del 3% del PIB, que marca el punto a partir del cual Bruselas decreta una mayor intervención sobre las cuentas públicas de los países, pero la factura de la subida de las pensiones desactivará ese potencial ajuste.

Aún así, hubiera sido posible reducir el déficit por debajo del 4%, pero la prórroga de medidas contra el impacto de la inflación decretada por el Gobierno hace apenas unos días han añadido en última instancia dos décimas más al déficit y han arruinado la probable rebaja inercial de la previsión de déficit de la Airef que se debería derivar de la mejora de sus previsiones de crecimiento para este año del 1,9% al 2,3%.

La gestión de la crisis energética e inflacionista pasará una factura de cerca de 12.000 millones de euros a las arcas públicas, lo que equivale a un punto de PIB, justo el que separaría al déficit de ese nivel de equilibrio del 3%. Las estimaciones de Airef apuntan a que las medidas de gasto puestas en marcha por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis sobre empresas y familias, cuya eficacia y focalización ha sido puesta en cuestión por la Comisión Europea, la propia Airef o el Banco de España, tendrán a lo largo de 2023 un coste presupuestario de 15.332 millones de euros. Este se ha ensanchado en 2.227 millones extra tras el decreto de finales de junio que prorrogó la vigencia de un puñado de medidas que vencían el 30 de junio e incluso instauró otras nuevas.

Por contra, las medidas de ingresos dispuestas por el Gobierno para sufragar esa factura, en concreto los nuevos gravámenes a banca, energéticas y grandes fortunas solo cubrirán menos de una cuarta parte de esa factura, ya que según las estimaciones de Airef aportarán 4.047 millones de euros a las arcas del Estado. Y eso siempre que no prosperen los recursos judiciales interpuestos contra esas figuras por su posible inconstitucionalidad.

Además, ese caudal de ingresos extra se verá lastrado por los incentivos fiscales aprobados por el Gobierno como el IRPF y el IVA, que restarán más de 500 millones al crecimiento. En términos estructurales, la Airef vaticina que la docena larga de medidas fiscales aprobadas por el Gobierno en los últimos dos o tres años acabarán restando 500 millones de euros a los ingresos del Estado.