«Estoy ahogado por las deudas»: ¿Es la ley de Segunda Oportunidad la solución? ¿Qué requisitos debo cumplir?

En el momento en que no es posible satisfacer nuestros pagos ordinarios, y nos encontramos en una situación de insolvencia, es el momento de plantearse esta salida. «Es mucho más fácil y eficaz la solución que va a encontrar que empezar a buscar créditos privados», ha apuntado la abogada de Legálitas quien sostiene que da mayor garantías que haciéndolo de forma privada. En una línea similar, el abogado y socio del Círculo Legal Barcelona Jorge Fernández, cree que puede «ser útil para exonerar u obtener el perdón y quedar libre de deudas poder comenzar una actividad profesional o comercial sin deudas». Además, añade, es muy útil para personas que no tienen ningún activo a liquidar y para aquellas personas que «por ejemplo, tiene su vivienda habitual cuyo valor es inferior al crédito hipotecario que todavía les queda por pagar. Se consideraría un concurso sin masa».De igual modo, añade, que no sería adecuado si la persona no quiere ver su patrimonio afectado o liquidado para conseguir la exoneración.

«Puede no ser interesante para aquellos autónomos que tengan créditos de derecho público (Agencia Tributaria y Seguridad Social) ya que este colectivo es quien normalmente contrae este tipo de deuda», advierte Fernández ya que establece un máximo de exoneración de 10.000 euros en los dos casos mencionados. Esto puede significar que no se les libere de toda la deuda y no puedan lograr el certificado de esta a corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social. En este sentido, apuesta por que este tipo de deudas sean exonerables para los autónomos de forma completa «porque normalmente generan este tipo de deuda, porque se tienen someter a aplazamientos que luego se incumplen no voluntariamente». Un caso similar para los particulares. Tampoco ve bien que «los créditos no exonerables sean reclamados en su totalidad».

Hay dos posibles resultados para quien utiliza la Ley de Segunda Oportunidad, bien sea por la vía extrajudicial o directamente en los tribunales: un acuerdo de pagos (con nuevos plazos y cantidades a satisfacer) y la exoneración de la deuda. «Esta última solo la pueda conceder el juez», recalca Álvarez (Legálitas). Un aviso importante, hay dos limitaciones a la hora de recurrir a esta regulación: No se puede acudir a ella en 10 años y solo hasta un máximo de 5 millones de euros.

La más reciente reforma de la Ley de Segunda Oportunidad (Ley 25/2015) que, entró en vigor en septiembre, aporta algunas novedades importantes a un procedimiento que tiene una doble vía: la extrajudicial y la judicial. La primera supone llegar a un acuerdo voluntario con los acreedores, a través de un mediador y un notario para intentar llegar a un entendimiento. En concreto, ha apuntado la abogada de Legálitas, se propone «un calendario de pagos según los activos que tenga la persona» o «propuesta extrajudicial de pagos». Esto puede suponer alargar los plazos de pago, así como una importante quita.

La segunda vía es la judicial y tiene como escenario los juzgados mercantiles. Se interpone una demanda judicial «en la que bien indica que no puede ofrecer nada y, directamente solicita la exoneración de la deuda, bien si tiene alguna activo puede proponer su liquidación en la propia demanda», explica Susana Álvarez. Es decir, se ofrece a los acreedores una propuesta de liquidación para distribuir lo que se gane entre los deudores. «Hay ocasiones en que se ha llegado a ofrecer casas en propiedad, pero con una hipoteca de la que se debe estar al día. Ahora con la última reforma, si está hipotecada y vivo habitualmente en ella no se puede considerar un activo para estos casos», ha comentado.

Fernández (Círculo Legal Barcelona) estima que un proceso en el que un particular solo tenga deudas, sin activos a liquidiar, sería «presentar la solicitud de concurso en los juzgados de lo mercantil y, posteriormente, se daría traslado a los acreedores a través de la publicación de edicto si quieren el nombramiento o no de un administrador concursal. Si no es así, se da un plazo al deudo para que pida el perdón de las deudas y ya estaríamos finalizando el concurso». En su opinión, todo dependerá del atasco del juzgado y de si hay administrador concursal o no.

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Finalmente es el juez el único que puede dictar una exoneración de las deudas previo análisis del caso y, si hay sobre la mesa una propuesta de pago, el magistrado «analiza y pide información a los acreedores, comunicándoles la situación, y les da la oportunidad de manifestarse. En caso de que no digan nada, no se aprueba y puede exonerar al demandante», explica esta especialista. En caso contrario, queda la opción de liquidar los bienes.

Por su parte, el abogado del Círculo Legal Barcelona, aconseja que «si se tiene muchas deudas y no tiene ningún activo mi consejo es que vayan a la Segunda Oportunidad porque va a poder emprender otra actividad de cero». En cualquier caso, no lo ve adecuado para pequeñas deudas con un deudor que tenga patrimonio cree que es mejor la reestructuración.

Álvarez (Legálitas) recuerda que la demanda «informa» al juez de las circunstancias del demandante. Para ello, se incluyen los siguientes documentos: memoria económica e historia socioeconómica de la persona, los motivos por los que hemos llegado a esta situación (enfermedad, discapacidad, ...), certificado de penales y de no estar condenado en sentencia firme en algún proceso de carácter económico, así como certificados oficiales como el de matrimonio, empadronamiento, nóminas, declaraciones del IRPF, Libro de Familia, etc... «Es lo equivalente , por ejemplo, a la memoria expresiva de la situación económica de una empresa en un concurso de acreedores», concluye la abogada de Legálitas.