El Gobierno perdonará multas de 185.000 euros a quienes legalicen «empleos B»

Paralelamente a la exención de la sanciones, el Gobierno dará todo tipo de facilidades para que las sociedades afloren las cotizaciones sociales impagadas de sus trabajadores y se pongan al corriente de pago. A las empresas que voluntariamente se acojan al periodo de la amnistía, el Ejecutivo sólo les requerirá abonar las cuotas pendientes de medio año, desde el 1 de enero; el resto quedará automáticamente perdonado. A partir de ese momento, la empresa deberá formalizar un contrato de trabajo con su empleado, de cualquier modalidad, indefinida o temporal, aunque en este último caso no podrá tener una duración inferior a seis meses.

La norma especifica claramente que en el nuevo contrato de trabajo se deberá detallar que el mismo se acoge al proceso de regulación, la fecha de celebración y la fecha de inicio de la prestación de servicios por el trabajador. En ningún caso los contratos realizados podrán beneficiase de las bonificaciones en vigor , de reducciones de cotizaciones o de cualquier otro tipo de ayuda pública vinculada a la contratación.

El borrador de real de decreto ley de «medidas para el afloramiento y control de empleo sumergido» que está siendo negociado con empresarios y sindicatos tiene una doble faz. En una primera fase, hasta el 30 de junio, de premio, si se aflora de forma voluntaria. Pero el premio se convertirá en castigo si a partir de esa fecha el empresario o trabajador no se acoge a la regularización y es «pillado» por la Inspección de Trabajo.

Para este caso, la norma que aprobará el viernes el Ejecutivo modifica la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y prevé multas hasta cinco veces superiores a las actuales para las infracciones consideradas como graves, todas las relacionadas con el trabajo no declarado, por ejemplo, el impago de cotizaciones a la Seguridad Social. La sanción mínima pasará de 626 euros a 3.126 euros y la máxima de 6.250 euros a 10.000 euros.

Para los empresarios que hayan cometido sanciones muy graves se mantiene la cuantía de la multas, pero se amplía de uno a dos los años en los que serán excluidos de ayudas, bonificaciones y demás beneficios incluidos en los programas de empleo. Además, las sociedades que hayan incurrido en una infracción grave, la norma les prohibirá expresamente contratar con las administraciones públicas.

No se eximirá de castigo a la empresa que subcontrate y no haya comprobado el cumplimiento de las obligaciones de alta en la Seguridad Social de los trabajadores. Para este supuesto, la norma especifica que responderá solidariamente de las infracciones cometidas por el contratista o subcontratista.

«Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos o que se presten de forma continuada en sus centros de trabajo, deberán comprobar , con carácter previo al inicio de la actividad subcontratada, que los trabajadores hayan sido dados de alta , exigiendo a los mismos la acreditación del cumplimiento de dicha obligación».

Este segundo borrador de Trabajo tampoco ha satisfecho a los sindicatos y a la patronal. Los primeros piden que se incluyan medidas contra el fraude fiscal y que, por ejemplo, se haga un contrato fijo al trabajador que regularice su situación. Los empresarios, por su parte, se han quejado del fuerte incremento de las multas. Por lo tanto, no sería extraño que el Gobierno apruebe este plan mediante otro «decretazo», sin el acuerdo de los agentes sociales, como ya sucedió el año pasado con la reforma laboral.

Aunque, lógicamente, no existen datos oficiales sobre la economía sumergida, distintos expertos y hasta el anterior ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, han calculado que en nuestro país supone en estos momentos más del 20% del PIB .