España ya está en estado 1 de alarma energética

Este grado de «prealarma» no denota dificultades de suministro, sino de precios, y se materializa en «medidas de carácter preventivo», sumadas a la «profundización» de las fórmulas de ahorro, como el abanico de medidas que, según matizan estas mismas fuentes, el Gobierno ha adoptado durante las últimas semanas (disminución del límite de velocidad a 110 kilómetros por hora en autovías y autopistas, recorte de los gastos de iluminación en las carreteras de un 50%, plan Renove de neumáticos, disminución de la flota de vehículos oficiales...).

La escala de riesgo energético está compuesta por cuatro niveles, de entre los cuales el 1 es, en realidad, el segundo (comienza en «0», que indica riesgo nulo y normalidad en el mercado). El siguiente nivel, que se activaría tras una interrupción de abastecimiento temporal, contempla el uso de reservas activas, restricción de demanda e, incluso, cortes de suministro en grandes empresas industriales. La prioridad, en estos casos, consiste en garantizar los combustibles a la población.

El último grado de alarma, que se activaría si la inestabilidad en los países productores de petróleo conllevase «graves problemas de suministro» en nuestro país, incluye la utilización de las reservas estratégicas (las establecidas, exclusivamente, para las situaciones de emergencia) y de fuentes alternativas, como el gas natural, las energías renovables y el carbón autóctono. Además, en este escenario, las restricciones podrían agudizarse (con medidas como, por ejemplo, prohibir la circulación de vehículos en las ciudades a determinadas horas del día).

Por ley, España debe hacer acopio de unas existencias estratégicas de seguridad equivalentes a 90 días de consumo de petróleo, almacenamiento que gestionan las propias compañías petroleras (Repsol, Cepsa y BP) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), dependiente del Ministerio de Industria.

El conjunto de reglas son comunes para todos los integrantes de la AIE, aunque cada país dispone de una normativa y organismos específicos. En el caso de España, el máximo órgano de decisión para articular las respuestas ante una crisis de suministro es la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis (CDGSC), compuesta por el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La comisión ministerial cuenta, al mismo tiempo, con el asesoramiento del Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia (CNPCE), que es, en realidad, el que diseña los planes de actuación y coordina las medidas.