El stop desahucios y sus efectos perniciosos

La sociedad española siempre ha sido solidaria, especialmente en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Durante los confinamientos vimos cómo muchos propietarios negociaron aplazamientos de alquileres con sus inquilinos, rebajas de rentas, o cómo las entidades financieras aplazaron pagos o renegociaron deudas, como por cierto, ya se había hecho durante la crisis financiera de 2008. Pero facilitar el acceso a la vivienda no puede ser una obligación de los propietarios, sino de las administraciones , y al prohibir los desahucios lo que se está haciendo es descargar una responsabilidad pública sobre la sociedad civil.

Tras las negociaciones dentro del propio Ejecutivo, al menos en los casos de inquilinos con contrato, todos los propietarios, desde pequeños particulares a grandes inmobiliarias, tendrán derecho a solicitar una compensación si hay un informe que acredite la vulnerabilidad económica de los desahuciados. El problema, entre otras cosas, es el tiempo que puede pasar desde que el propietario deja de percibir el importe del alquiler hasta que es compensado por la Administración, si finalmente lo consigue y que, además, es el propietario quien se tiene que encargar de hacer las gestiones. Los señores de Podemos intentan convencer a la opinión pública de que los dueños de pisos alquilados son todos fondos buitres, o ricos, o grandes empresas... pero la realidad es muy distinta . Hay muchas personas mayores que invirtieron sus ahorros en comprar una segunda vivienda y que utilizan esas rentas del alquiler para compensar sus ajustadas pensiones. Quedarse sin esos ingresos los convierten también en familias vulnerables.

El decreto, además, especifica que la prohibición de los desahucios se extiende también a familias vulnerables que no tienen contrato de alquiler, o lo que es lo mismo, prohíbe echar a los okupas . Y se dice a las comunidades autónomas que tendrán tres meses, desde que queda acreditada la vulnerabilidad de los desahuciados, para ofrecerles una alternativa habitacional que sea una «vivienda digna». Según los cálculos de la Agencia Negociadora del Alquiler, la medida puede provocar pérdidas de más de 9.000 euros para los arrendadores de vivienda que hayan sufrido impagos de rentas desde que comenzó el estado de alarma . Aunque finalmente haya algunas compensaciones, es más que probable que en ningún caso cubran el total de las cuantías perdidas y si llegan, llegarán tarde.

Aunque el vicepresidente Iglesias se mostrara un poco decepcionado con el decreto y contraprogramara la rueda de prensa del Consejo de Ministros con un vídeo y un tuit en el que aseguraba que la norma no es la panacea, lo cierto es que hay mucha preocupación en el sector inmobiliario y, en general, entre los propietarios de vivienda que consideran que se está protegiendo a los okupas. Que cuando alguien lo está pasando mal, y hasta que supere las dificultades, hay que ayudarle, todos de acuerdo, pero es responsabilidad del Estado, no de las personas particulares proporcionar estas ayudas y, además, cuidado con convertir estas medidas excepcionales en duraderas porque puede tener efectos perversos para todos. ¿Para qué esforzarse en trabajar y en comprar un inmueble si luego no se protege la propiedad? ¿Quién va a alquilar una casa si no vas a poder echar al inquilino si no te paga? ¿Para qué vas a pagar religiosamente el alquiler si no pasa nada si no lo haces? Hay que buscar fórmulas que permitan conjugar todos los intereses.