El FMI urge a España a recortar el gasto en pensiones para no terminar como Grecia o Portugal

«El margen para financiar la subida del gasto en pensiones con aumentos de las cotizaciones a la Seguridad Social o de los impuestos generales es limitado», advierten los funcionarios de la institución en su último informe sobre España, en el que evalúan la reforma de las pensiones. «En ausencia de medidas de contención del gasto, la necesidad de recursos adicionales en el futuro será importante y aumentará el riesgo de que las generaciones futuras no puedan o no quieran financiarlos. Esto podría llevar a ajustes bruscos en la generosidad de las pensiones ».

Por si el diagnóstico no fuera suficientemente inquietante hasta aquí, el informe del Fondo sobre España recuerda que ejemplos como los de Portugal y Grecia «ilustran que las pensiones pueden recortarse entre un 20% y un 30% en un corto periodo de tiempo si se intensifican los problemas de sostenibilidad de la deuda».

El tono de la advertencia es directamente proporcional a la decepción del organismo con la reforma de las pensiones en España. El FMI calcula que la decisión de volver a actualizar las pensiones con el IPC va a añadir 3,5% puntos de PIB de gasto al sistema de pensiones de aquí a 2050 respecto al escenario anterior y que ese sobrecoste no se va a ver enjugado más que en una mínima parte por las medidas compensatorias dispuestas por el Gobierno, como los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación o las penalizaciones a la jubilación anticipada.

«Preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas requerirá esfuerzos adicionales para contrarrestar la presión del gasto en pensiones, lo que también ayudaría a señalar el compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal y a reforzar la credibilidad del proceso de consolidación fiscal que se avecina», le espeta el FMI al Gobierno de España.

El Fondo Monetario Internacional recuerda que España – uno de los países con una de la tasas de fertilidad más baja y con una esperanza de vida más alta – es una de las economías que va a estar sometida a una mayor presión demográfica en las próximas décadas, que su sistema de pensiones presenta una de las tasas de sustitución sobre el último salario más generosas del panorama internacional y que es uno de los países cuya sostenibilidad fiscal depende de forma crítica de su capacidad para controlar el gasto en pensiones .

También pone de manifiesto su escepticismo respecto al recorrido real de las medidas compensatorias dispuestas en la reforma de las pensiones. Da por sentado que las penalizaciones a la jubilación anticipada y los incentivos para prolongar la vida laboral no serán suficientes por sí solas para cerrar la brecha entre la edad legal de jubilación y la edad real y respecto al Mecanismo de Equidad Intergeneracional recalca que no prevé medidas de ajuste del gasto hasta el año 2032 y que ni siquiera se concretan, dejándose al diálogo social.

La respuesta del Gobierno a la dudas del Fondo Monetario Internacional apela a la segunda fase de la reforma , que ya se está negociando con los agentes sociales. La parte del informe en que la representación del Gobierno de España en la institución hace sus valoraciones sobre las conclusiones del FMI subraya que la intención de las autoridades españolas es abordar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en esta segunda toma de la reforma y que en ella se incluirán medidas que contribuirán a este fin entre las que cita la promoción de los planes de pensiones de empleo, el incremento de las bases máximas de cotización o, de nuevo, la ampliación del periodo temporal de cotización que se tiene en cuenta para calcular la cuantía de la pensión .

Esta última es una de las medidas más controvertidas de la reforma de las pensiones , no tanto por la medida en sí, que engancha con el espíritu de la reforma de 2011, sino por la ruidosa polémica que se ha generado en torno a las intenciones del departamento de José Luis Escrivá con la misma.

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social mantiene en su relato doméstico que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años se realizará de forma exclusiva para cubrir lagunas de cotización y, por tanto, únicamente para mejorar la cuantía de la pensión en determinados casos. Sin embargo, la información remitida desde el Gobierno a la Comisión Europea o, en este caso, al Fondo Monetario Internacional enmarca la medida entre las que están llamadas a mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones, no su suficiencia.

Mientras en España el ministro José Luis Escrivá hace equilibrios para sostener que su reforma logrará apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones sin necesidad de ajustar las percepciones que reciben sus beneficiarios , solo por la vía de trasladar esa carga extra del sistema de las cuentas de la Seguridad Social a las cuentas del Estado, el Fondo Monetario le recuerda al Gobierno que esa maniobra no supone ningún avance en materia de sostenibilidad y que al Gobierno no le va a quedar más remedio que adoptar medidas de contención del gasto para asegurar la viabilidad del sistema.

El menú de recomendaciones en este sentido del Fondo Monetario es conocido y se reitera en su último informe. Los funcionarios del FMI recuerdan que la reforma de 2013 ya abordaba el problema de las pensiones intentando que éstas evolucionaran por debajo del IPC para converger en términos de generosidad con las del resto de países del entorno español.

Revocada esta vía en la última reforma, el FMI cree que se puede alcanzar un resultado similar por la vía de ampliar de 25 a 35 años los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión o por la vía de crear un mecanismo de ajuste del sistema que vincule las nóminas que abona a sus beneficiarios a la esperanza de vida, como tenía intención de hacer el ya derogado Factor de Sostenibilidad de la reforma de 2013.

La otra palanca es la edad de jubilación . El FMI recuerda que pese a que la reforma de 2011 estableció que la edad legal de jubilación quedaría establecida en 2027 en los 67 años, en España aún se permite la jubilación a los 65 años cuando se acreditan más de 38,5 años cotizados. «Sería sensato que el sistema se adaptara al aumento de la esperanza de vida», remacha el informe