MAYA BALANYA

El cliente seguirá pagando el impuesto de las hipotecas

El presidente de la sala deshizo el empate y la votación acabó en un ajustado 15 a 13. No permitió deliberar sobre que la banca pagase desde ahora

MadridActualizado:

En poco más de 15 días el Tribunal Supremo ha vuelto a corregirse a sí mismo sobre el asunto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas. Tras dos jornadas de intensas y divididas deliberaciones para unificar doctrina y poner orden tras el auténtico caos generado en el mercado hipotecario, el Alto Tribunal ha clarificado quién debe abonar el tributo: los 28 magistrados del pleno de la sala tercera del Supremo acordaron en una ajustadísima votación, por 15 votos a 13, volver al criterio por el cual es el cliente, como sucede desde hace más de 20 años, quien debe pagarlo al formalizar un crédito para comprar vivienda.

El pasado 18 de octubre la sección segunda de la sala tercera del Alto Tribunal dio a conocer un fallo, ante un recurso, por el que fijó que debe ser el banco y no el cliente, como venía sucediendo, quien debe pagar el impuesto de AJD de los préstamos hipotecarios. De esta forma, el Supremo anulaba lo establecido por el artículo 68 del reglamento que regula el tributo y cambiaba la jurisprudencia anterior del propio Tribunal.

Ni 24 horas después de conocerse esa sentencia, en una decisión insólita que justificó por «la enorme repercusión económica y social» generada -la banca se hundió en Bolsa ante el temor a una factura millonaria por el pago con carácter retroactivo del impuesto-, el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, frenó los recursos pendientes por esta materia y convocó al pleno a estudiar el caso para unifir doctrina.

Esto se interpretó como una desautorización a la sección segunda. Esa desautorización a sus seis magistrados, aunque uno de ellos emitió en octubre un voto particular discrepante, la ratificó ayer el pleno de la sala -en el que también votaron estos seis jueces de la sección segunda- al rechazar tres nuevos recursos sobre el sujeto pasivo del impuesto de AJD, anular el cambio de jurisprudencia del falló del pasado 16 de octubre y volver por tanto a la doctrina anterior y tradicional. El contenido de las sentencias se conocerá en los próximos días.

La decisión del pleno del lunes y de ayer, que duró más de 15 horas, es fruto de una votación muy apretada (15 votos frente a 13) que evidencian la división total de la sala tercera en dos. De hecho, y según ha podido saber ABC, hasta las 16.30 horas de ayer, cuando se retomó el pleno tras un receso para comer y solo quedaban cinco de los 28 jueces por exponer su criterio, la sala se inclinaba, aunque también por minoría, por ratificar el criterio que había fijado dos semanas antes la sección segunda de que debe ser el banco quien asuma el impuesto, y no el cliente.

Los partidarios de confirmar el cambio de jurisprudencia de octubre lo hacen bajo el argumento de que jurídicamente el único interesado en que se escriture un crédito para la compra de vivienda es el banco, ya que con ello se eleva a escritura pública la garantía que le permitiría quedarse con la vivienda en caso de impago del deudor. Mientras la otra posición suele defender que, desde el punto de vista económico, el interesado es el cliente, que es quien solicita el préstamo para poder acceder a la vivienda.

Díez-Picazo fue el que ayer determinó el resultado con su voto deshaciendo el empate. Según ha podido saber ABC, anteriormente se había posicionado a favor de que a partir de ahora las entidades financieras abonasen el AJD, pero sin imponer ningún tipo de retroactividad, evitando así una factura millonaria primero al Estado y posteriormente a la banca.

Ahora bien, en caso de mantener esa postura, se habría mantenido un empate a 14 votos complicado de resolver ya que el presidente no tiene voto de calidad. En este sentido, queda también en el aire la incógnita de qué hubiese pasado si hubiesen votado también los tres magistrados que se ausentaron del pleno, que normalmente lo forman 31 togados.

El presidente de la sala optó por votar a favor de volver a la doctrina anterior y dejar las cosas como estaban. Fuentes de la sala tercera explicaron a ABC que una de las magistradas, Pilar Teso, llegó a formular esa propuesta que pasaba por que el banco asumiera el pago del impuesto pero sin retroactividad alguna, es decir, desde la sentencia que dictó la sección Segunda el pasado octubre. El presidente no permitió que esta propuesta se deliberara, con lo que se votó directamente y no salió adelante. Molestos, Teso y tres magistrados más votaron a favor de la doctrina consolidada desde hace 20 años, la que finalmente triunfó.

Reputación dañada

La nueva corrección del Supremo va a suponer un alto coste reputacional para el Alto Tribunal, cuya imagen queda muy dañada. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, pidió recientemente perdón en público por el caos generado y admitió que no se había gestionado bien el asunto, en clara referencia a la falta de coordinación entre la sección y segunda y la sala.

Ayer mismo, nada más conocerse la postura final del Tribunal, asociaciones de consumidores y Podemos ya acusaban a los magistrados de ceder a los intereses de la banca. El sector llevaba dos semanas de intensa campaña defendiendo que las entidades siempre han actuado conforme a lo que dictaba la ley del impuesto y que no debía hacérsele pagar nada en caso de cambio de criterio fiscal, que es se estaba discutiendo.

Pero además, los vaivenes del Supremo han generado frustración o expectativas no cumplidas entre los hipotecados, que vieron la posibilidad de recuperar lo pagado en el pasado por el impuesto, que supone una media de 2.000 euros por préstamo.

Reforma hipotecaria

El Gobierno anunció que analizará el impacto de la decisión y fijará su posición tras el Consejo de Ministros ordinario de este jueves. Es más, la decisión del Supremo, además, puede ser clave en la redacción final de la nueva ley hipotecaria que se está negociando en el Congreso de los Diputados.

Los grupos parlamentarios han dado un acelerón en las últimas semanas a raíz del embrollo jurídico generado por el Supremo, pero también ante la amenaza de multa de Bruselas por el retraso que se acumula en la transposición, con esta norma, de la directiva de crédito inmobiliario. Lo lógico, según las fuentes parlamentarias, es que la futura norma deje claro quién asume cada impuesto y gasto hipotecario.