El futuro del mercado hipotecario sigue en el aire tras ocho horas de debate del Supremo

El pleno de la Sala, que estuvo formado por 28 magistrados, se atascó en una deliberación dividida, que se retomará hoy a las 10 de la mañana. El Supremo debe decidir si confirma, revoca o matiza el giro doctrinal acordado en tres sentencias recientes, que atribuye a los bancos el pago del impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que tradicionalmente se había cargado a los clientes. Solo en torno a un tercio de los jueces se posicionaron, de hecho, sobre el fondo del asunto, lo que demuestra la intensidad y división de la batalla entre los argumentos.

Habrá que estar pendientes a la evolución en la Bolsa de las entidades financieras, que ayer registraron suaves subidas cuando todavía no había terminado el cónclave de los jueces y se desconocía por tanto el desenlace del esperado pleno.

Más allá de la consolidación del nuevo criterio como una doctrina general, la principal incógnita sería el alcance temporal que se fije para las reclamaciones. Esta cuestión marcará la factura a los bancos, que esperan con expectación. La agencia de calificación Moody’s cifró en 2.300 millones de euros el cargo si las devoluciones se acotan a cuatro años, el plazo de prescripción del impuesto.

Las primeras horas de la reunión, que comenzó a las 10 horas, abordaron la validez del pleno para revisar una jurisprudencia nueva conformada por tres sentencias, algo que cuestionó un grupo de magistrados. Fue la propuesta de los partidarios de asumir sin debate el giro del Supremo. Esta pretensión se rechazó y comenzó el debate sobre el fondo del asunto, que no avanzó mucho: solo dio tiempo a que un tercio de los jueces del pleno expresaran sus tesis sobre el cargo del impuesto. El cónclave finalizó pasadas las 19.30 horas y contó con un receso de hora y media para comer.

No solo la banca aguardaba una solución, también las asociaciones de usuarios de banca y miles de familias, deseosos de conocer si podrían recuperar algún dinero. Las asociaciones de consumidores, como Adicae, argumentan que, si el impuesto no debían pagarlo los clientes , no debe existir ningún límite para reclamar . Esa posibilidad, la de la retroactividad total, provocaría una factura de 29.200 millones de euros según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha).

Los magistrados que actuaron como ponentes de los recursos analizados fueron Nicolás Maurandi y Francisco Navarro, ambos de la sección segunda, la que firmó las tres sentencias que han cambiado el criterio que mantuvo el Supremo durante los últimos veinte años. Los dos defendieron instaurar como doctrina el nuevo criterio que atribuye el pago a los bancos. Ellos abrieron el telón del debate y abanderaron uno de los dos «frentes» abiertos en la Sala . En la posición contraria se encontró un grupo de jueces que no ve justificado el cambio de criterio.

El sector financiero argumenta que el buzón de las reclamaciones debería ser, en cualquier caso, Hacienda, y no los bancos, dado que el dinero del impuesto ha recorrido su camino hasta las arcas de la Agencia Tributaria. Según esta tesis, los bancos han sido meros intermediarios. Aunque Hacienda no se ha pronunciado sobre quién debe asumir la factura, la cuestión no será pacífica: se prevé que las autonomías, que tienen asumida la competencia sobre ese tributo, no se resignen.

Las sentencias analizadas por los jueces dieron la razón a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas- Vaciamadrid, un ayuntamiento madrileño gobernado por Somos Rivas, la marca de Podemos. Los jueces de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso, los especialistas en Derecho Tributario, consideraron que es el banco el interesado en que se registre la hipoteca como una garantía real del crédito, pues ello les permite ejercitar una futura e hipotética acción ejecutiva.

El pleno celebrado ayer fue convocado por el presidente de la Sala de lo Contencioso, la Tercera, Luis María Díez-Picazo, que lo consideró necesario por la «enorme repercusión económica y social» del giro en la doctrina habitual del Supremo. Esta convocatoria fue interpretada como una marcha atrás y generó una crisis por cuya gestión pidió incluso perdón a la sociedad el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que afronta los últimos meses al frente del Alto Tribunal.

Aunque suscitó dudas en algunos magistrados, la convocatoria del pleno no fue cuestionada en masa por los jueces reunidos ayer. Lesmes, que se vio obligado a intervenir ante la polémica suscitada, ya avaló el derecho del presidente de la Sala Tercera para convocar esta reunión, aunque dejó claro que las tres sentencias eran firmes y, por tanto, de a plicación asegurada para los casos que resolvieron .

Al pleno de ayer asistieron 28 jueces en lugar de 31. Se ausentaron un magistrado que se encontraba de viaje, otro que preside la Junta Electoral Central y otro que considera inapropiada su intervención porque tiene dos hijos con una vivienda de protección ofician en el municipio afectado.