Sueldos por decreto para la banca

Pero... está a punto. El departamento que dirige la vicepresidenta Elena Salgado maneja los últimos flecos de una norma que modificará la política de remuneración actual de los directivos de las entidades de crédito. El documento, al que ha tenido acceso Empresa , añade un nuevo capítulo, el XIII, en el Título I, que hace especial hincapié en el control de la parte variable de los sueldos. Así, entre las novedades, en su apartado titulado «Diseño de los esquemas de remuneración», Economía explica que las entidades de crédito deberán presentar una relación equilibrada y eficiente entre los componentes fijos y los componentes variables de tal forma que el fijo constituya una parte suficientemente elevada de la remuneración total: «Los variables de la remuneración —reza el proyecto de RD— deberán tener la flexibilidad suficiente para permitir la modulación hasta el punto de que sea posible suprimir totalmente la remuneración variable».

Según dicho borrador, los componentes variables de la remuneración deben crear incentivos que se ajusten a los intereses a largo plazo de la entidad y atender a varios requisitos.

El primero de ellos hace referencia a la vinculación entre remuneración y resultados: «su importe total se basará en una evaluación en la que se combinen los resultados del empleado, valorados conforme a criterios tanto financieros como no financieros, de la unidad de negocio afectada y los resultados globales de la entidad de crédito». La evaluación de los resultados se inscribirá en un marco plurianual para garantizar que el proceso de evaluación se base en los resultados a largo plazo, teniendo siempre en consideración el ciclo económico subyacente de la entidad de crédito y sus riesgos empresariales.

Variable excepcional

Entre todos los requisitos, Economía ha querido destacar el hecho de que la remuneración variable garantizada tenga carácter excepcional y solo se pueda aplicar el primer año de empleo del personal nuevo.

La nueva norma prevé además que una parte sustancial —al menos el 50% de la remuneración variable— debe fijarse de forma equilibrada entre varios instrumentos computables: por un lado, «acciones o intereses de propiedad equivalentes, en función de la estructura jurídica de la entidad de que se trate, o instrumentos vinculados con las acciones u otros instrumentos no pecuniarios equivalentes, en el caso de una entidad que no cotice en un mercado organizado oficial», y, por otro lado, cuando proceda, «otros instrumentos, que pueda determinar el Banco de España, que reflejen de manera adecuada la calificación crediticia de la entidad de crédito en situación normal».

Ahora bien, el nuevo proyecto de Real Decreto puntualiza que al menos el 40% de la remuneración variable se diferirá durante un periodo determinado según el ciclo económico en el que se encuentre la entidad, la naturaleza de su negocio, sus riesgos y las actividades del empleado del que se trate y que en ningún caso sea inferior a tres años. Un apunte más al respecto: «En caso de que la cuantía de la remuneración variable supere de forma especialmente significativa el importe medio de la remuneración variable en el sector, se diferirá como mínimo el 60% del pago de la misma». Esta parte de sueldo variable, incluso si es diferida, se pagaría únicamente si resultase sostenible con la situacion de la entidad de crédito, esto es, justificado en función de sus resultados.

Economía advierte de que en el caso de que la entidad incumpla algunos de los requisitos impuestos por esta ley, el Banco de España será quien decida imponer o no restricciones para el uso de los instrumentos señalados y fijar los criterios necesarios para permitir, si fuera requerido, que la remuneración variable se contraiga en función de los resultados financieros negativos. El regulador podrá incluso exigir, según la nueva normativa, a las entidades que limiten la remuneración variable en forma de porcentaje de los ingresos netos totales «cuando ello no sea compatible con el mantenimiento de una base de capital sólida».

En cualquier caso, en cuanto vea la luz la nueva norma, tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según estipula ya el BOE, serán los encargados de vigilar los sueldos millonarios de la banca, recopilando toda la información salarial, «bonus» e incentivos que se pagan, con el objetivo de asegurar que sean coherentes con una buena gestión y de los riesgos que asumen, sobre todo en tiempos de crisis económicas como la actual, y con un sistema financiero, aún, en cuestión.