Funcionarios atienden las consultas durante la campaña de la Renta 2018
Funcionarios atienden las consultas durante la campaña de la Renta 2018 - ERNESTO AGUDO

El salario es la principal preocupación de los empleados públicos, según CSIF

La jubilación, el estrés, la duración de la jornada y la conciliación son las cuestiones que más inquietan a los funcionarios, encuestados con vistas a las elecciones sindicales del 19 de junio

EFE
MadridActualizado:

No es atrevido asegurar que el salario inquieta a todos. Pero en el caso de los funcionarios, las cuestiones retributivas son su principal preocupación, según una encuesta realizada por CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), en la que achaca esta situación al «agravio comparativo existente entre los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) con los de otras Administraciones».

Con vistas a las elecciones sindicales que tienen lugar el próximo 19 de junio en la AGE, CSIF ha elaborado una encuesta a 14.644 empleados públicos pertenecientes a diferentes organismos de la AGE para evaluar las principales demandas del colectivo.

De acuerdo con el sondeo, el 61% de los encuestados se ha manifestado «muy preocupado» por el tema salarial, razón por la que CSIF llevará la equiparación salarial entre administraciones como primera medida en su propuesta para un nuevo plan de mejoras laborales en la AGE, el cual debería permitir recuperar la «estructura salarial previa a la bajada de 2010».

La carrera profesional, la jubilación parcial y anticipada, y el estrés o carga de trabajo son las cuestiones que más preocupan tras el salario, pues en todas ellas el 41% de los encuestados ha afirmado estar muy preocupado.

Les siguen la jornada, con un 35% de los encuestados muy preocupado por este asunto, la conciliación (33%), la acción social (31 %) y la movilidad (28 %).

CSIF considera que el nuevo plan de mejoras laborales debería pasar por la reducción de la jornada laboral a 35 horas, el blindaje de los servicios públicos y la garantía de la financiación pública de educación y sanidad, con un gasto de hasta un 7% del PIB.